M\u00e9xico se encuentra ante una transformaci\u00f3n sin precedente. La elecci\u00f3n por voto popular de las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.<\/p>\n
M\u00e9xico se encuentra ante una transformaci\u00f3n sin precedente. La elecci\u00f3n por voto popular de las y los jueces, magistrados y ministros de la\u00a0Suprema Corte\u00a0<\/strong>-el pasado domingo 1 de junio de 2025-, marca una etapa in\u00e9dita para el Poder Judicial. No se trata solo de renovar los nombres, sino de redefinir el sentido mismo de la justicia constitucional. \u00bfPara qu\u00e9 queremos una Suprema Corte? \u00bfCu\u00e1l debe ser el papel de los tribunales del pa\u00eds? La respuesta es clara: garantizar, con firmeza e independencia, los derechos fundamentales, especialmente de quienes m\u00e1s lo necesitan.<\/p>\n Uno de esos derechos, frecuentemente\u00a0invisibilizado<\/strong>, es el derecho a aprender. No basta con su reconocimiento constitucional; es necesario que se convierta en una realidad concreta para millones de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. En muchas regiones del pa\u00eds, aprender parece m\u00e1s un privilegio que un derecho, y cuando el Estado no garantiza que las y los alumnos est\u00e9n, aprendan y participen, limitando, postergando o condicionando su derecho, el Poder Judicial debe actuar.<\/p>\n Desde la experiencia directa con comunidades y contextos de alta vulnerabilidad, es evidente que la exclusi\u00f3n educativa es en gran medida consecuencia de decisiones -o de omisiones- institucionales. Escuelas sin agua, sin electricidad o sin techos. Ni\u00f1as y ni\u00f1os sin acceso a alimentaci\u00f3n escolar y sin materiales did\u00e1cticos adecuados y adaptados. Ni\u00f1as, ni\u00f1os y j\u00f3venes que abandonan sus estudios porque viven en zonas con altos \u00edndices de violencia o debido a carencias estructurales que les impiden continuar con su educaci\u00f3n. Estas no son fallas administrativas: son violaciones al derecho a la educaci\u00f3n.<\/p>\n A lo largo del tiempo, la Suprema Corte ha emitido resoluciones valiosas; ha exigido educaci\u00f3n inclusiva; ajustes razonables para estudiantes con discapacidad; ha defendido la progresividad de la gratuidad educativa; ha reconocido la educaci\u00f3n en lenguas ind\u00edgenas y ha protegido el acceso a educaci\u00f3n sexual cient\u00edfica y laica.<\/p>\n Estos criterios deben ser gu\u00edas para quienes integrar\u00e1n el Poder Judicial. La legitimidad de sus funciones no depender\u00e1 solo del modo en que fueron electos, sino de su compromiso con las personas m\u00e1s afectadas por la exclusi\u00f3n y en condiciones de marginaci\u00f3n por el incumplimiento del Estado.<\/p>\n La justicia no puede permanecer distante frente a las condiciones que vulneran el derecho a la educaci\u00f3n. La escuela deteriorada, la ni\u00f1a que camina horas para llegar a clases, el adolescente que abandona sus estudios por hambre o por miedo, son desaf\u00edos que exigen, desde el Poder Judicial, una defensa firme y comprometida con el marco institucional.<\/p>\n Este contexto se complica por la reforma constitucional impulsada por el presidente saliente y aprobada en septiembre del a\u00f1o pasado. Aunque se present\u00f3 como avance democr\u00e1tico, la elecci\u00f3n popular de cargos judiciales genera dudas sobre su independencia. La alineaci\u00f3n de candidaturas con el partido oficial, la escasa informaci\u00f3n sobre los perfiles y el riesgo de subordinaci\u00f3n del Poder Judicial frente al Ejecutivo no fortalecen la democracia: la debilitan.<\/p>\n Una justicia sometida no ser\u00e1 contrapeso ni garante de derechos. Por eso, el reto para quienes resultaron electos es doble: ejercer con integridad e independencia y resistir cualquier intento de captura institucional. Solo as\u00ed ser\u00e1 posible proteger el marco constitucional que sustenta el derecho a aprender.<\/p>\n La justicia no puede aceptar que el derecho a la educaci\u00f3n dependa del lugar de nacimiento. Tiene que responder con firmeza cada vez que se vulneran los m\u00ednimos de dignidad. Porque cada ni\u00f1a o ni\u00f1o que aprende representa una historia que se aleja de la violencia, la marginaci\u00f3n y la desesperanza.<\/p>\n Garantizar ese derecho en contextos donde persisten problemas estructurales -infraestructura deficiente, cancelaci\u00f3n de programas clave, exclusi\u00f3n de poblaciones vulnerables-, es uno de los mayores desaf\u00edos del nuevo Poder Judicial. Pero, sobre todo, el verdadero mandato es proteger la esencia del derecho a la educaci\u00f3n: que cada ni\u00f1a, ni\u00f1o y adolescente adquiera las habilidades fundamentales para desarrollarse, participar en sociedad y construir un futuro con dignidad.<\/p>\n El derecho a aprender no puede ser letra muerta. Debe ser una causa compartida por el Estado y por quienes imparten justicia. Desde las escuelas, las comunidades y distintos espacios ciudadanos, seguiremos observando con compromiso el actuar del nuevo Poder Judicial.<\/p>\n La educaci\u00f3n no solamente se defiende en discursos, sino tambi\u00e9n en los hechos y en los tribunales. Hacer\u00a0valer\u00a0ese derecho\u00a0-en toda su dimensi\u00f3n: estar en la escuela, aprender en ella y participar-, implica recurrir tambi\u00e9n a mecanismos legales para su defensa.<\/p>\n POR NURIA ALEJANDRA GONZ\u00c1LEZ ELIZALDE<\/p>\n Directora de Mexicanos Primero Sinaloa<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" M\u00e9xico se encuentra ante una transformaci\u00f3n sin precedente. La elecci\u00f3n por voto popular de las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. M\u00e9xico se encuentra ante una transformaci\u00f3n sin precedente. 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