{"id":130006,"date":"2025-09-17T10:16:48","date_gmt":"2025-09-17T16:16:48","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=130006"},"modified":"2025-09-17T10:16:48","modified_gmt":"2025-09-17T16:16:48","slug":"la-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-de-amparo-un-retroceso-en-derechos-humanos-y-control-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=130006","title":{"rendered":"La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo: un retroceso en derechos humanos y control judicial"},"content":{"rendered":"<p><strong>Por Jos\u00e9 Alberto S\u00e1nchez Nava<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>\u201cRestringir el amparo no es fortalecer la justicia, es blindar al poder contra el escrutinio ciudadano; limitarlo significa despojar al pueblo de su \u00faltima defensa frente a la arbitrariedad del Estado.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.- Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>En el marco de la conmemoraci\u00f3n de la Independencia, la presidenta de la Rep\u00fablica ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que, bajo la apariencia de eficiencia y modernizaci\u00f3n, encierra graves retrocesos en la protecci\u00f3n jurisdiccional de los derechos humanos.<\/p>\n<p>El juicio de amparo, previsto en los art\u00edculos 103 y 107 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, constituye la v\u00eda por excelencia para la defensa de los gobernados frente a los actos de autoridad. Asimismo, es un mecanismo de tutela judicial efectiva, reconocido en el art\u00edculo 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y en el art\u00edculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. Cualquier reforma que limite su alcance debe analizarse bajo el prisma de la progresividad y la prohibici\u00f3n de regresividad en materia de derechos humanos (art\u00edculo 1 constitucional).\u00a0 La iniciativa que se discute contiene disposiciones que contravienen dichos principios.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>El plazo de 60 d\u00edas para dictar sentencia: una medida impracticable<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Se plantea imponer un plazo m\u00e1ximo de 60 d\u00edas naturales para que los jueces dicten sentencia en los juicios de amparo. Si bien la celeridad es un valor procesal importante, esta medida ignora la realidad estructural del Poder Judicial: sobrecarga de trabajo, carencia de jueces y magistrados, y procesos complejos que requieren estudio minucioso.<\/p>\n<p>La doctrina procesal sostiene que los plazos judiciales deben ser\u00a0<strong>razonables y proporcionales<\/strong>, no ilusorios. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se\u00f1alado que la rapidez no puede prevalecer sobre la garant\u00eda de una tutela judicial efectiva (Caso\u00a0<em>Genie Lacayo vs. Nicaragua<\/em>, 1997). En este sentido, imponer un t\u00e9rmino impracticable generar\u00e1 resoluciones apresuradas y, por ende, deficientes, lo cual es una garant\u00eda previa con los nuevos jueces.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>La restricci\u00f3n al inter\u00e9s leg\u00edtimo: un retroceso en el acceso a la justicia<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El punto m\u00e1s delicado es la reforma al art\u00edculo 5, que propone que los actos reclamados en amparo s\u00f3lo podr\u00e1n ser combatidos si ocasionan al quejoso una\u00a0<strong>\u201clesi\u00f3n jur\u00eddica real, actual y diferenciada del resto de las personas\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>Con ello, se pretende eliminar la figura del inter\u00e9s leg\u00edtimo en su concepci\u00f3n amplia, desarrollada jurisprudencialmente desde la reforma constitucional de 2011. La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n hab\u00eda reconocido que el inter\u00e9s leg\u00edtimo permite impugnar actos que afectan derechos colectivos, difusos y ambientales (Tesis P.\/J. 38\/2013). Limitarlo \u00fanicamente a lesiones individualizadas constituye una\u00a0<strong>restricci\u00f3n regresiva<\/strong>, contraria al principio pro persona del art\u00edculo 1 constitucional.<\/p>\n<p>En los hechos, se blindar\u00edan las pol\u00edticas y obras p\u00fablicas de ser impugnadas, lo cual contraviene tambi\u00e9n el derecho de acceso a la justicia en defensa del medio ambiente reconocido en el Acuerdo de Escaz\u00fa, ratificado por M\u00e9xico.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.- Suspensiones sujetas al \u201cinter\u00e9s social\u201d: discrecionalidad que debilita la tutela efectiva<\/strong><\/p>\n<p>La iniciativa dispone que los jueces, al otorgar suspensiones, ponderen siempre el inter\u00e9s social, el orden e inter\u00e9s p\u00fablico. Esto equivale a introducir un est\u00e1ndar de discrecionalidad que diluye la funci\u00f3n garantista del amparo.<\/p>\n<p>La suspensi\u00f3n en el juicio de amparo es una medida cautelar dise\u00f1ada para evitar da\u00f1os irreparables durante la tramitaci\u00f3n del proceso (art\u00edculo 107 constitucional). La Corte Interamericana ha se\u00f1alado que las medidas cautelares deben ser\u00a0<strong>id\u00f3neas, necesarias y efectivas<\/strong>\u00a0para proteger los derechos en riesgo (Caso\u00a0<em>Ferm\u00edn Ram\u00edrez vs. Guatemala<\/em>, 2005). Subordinarla al criterio ambiguo de \u201cinter\u00e9s social\u201d no s\u00f3lo debilita esta figura, sino que la convierte en un mecanismo inoperante frente a grandes obras estatales o decisiones gubernamentales de alto impacto.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>El juicio en l\u00ednea: un acierto con limitaciones<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El planteamiento de consolidar el juicio en l\u00ednea, combinando medios digitales y expediente f\u00edsico, constituye un avance congruente con el principio de acceso a la justicia (art\u00edculo 17 constitucional). No obstante, este acierto queda ensombrecido por las restricciones sustanciales previamente descritas.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>Negaci\u00f3n de suspensi\u00f3n frente a actos de la UIF: una puerta abierta al abuso<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La propuesta de negar suspensiones en contra de congelamientos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera vulnera el principio de presunci\u00f3n de inocencia y el derecho de defensa adecuada.<\/p>\n<p>En la pr\u00e1ctica, se priva de recursos a personas y empresas sin un control judicial oportuno. La propia Suprema Corte ha sostenido que el amparo es procedente contra actos de congelamiento arbitrario (Amparo en Revisi\u00f3n 635\/2019). Cerrar esta v\u00eda abre la puerta a la arbitrariedad y a la persecuci\u00f3n pol\u00edtica mediante herramientas financieras.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>7.-Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presenta disposiciones que, lejos de fortalecer la tutela judicial efectiva, la restringen severamente. Al limitar el inter\u00e9s leg\u00edtimo, debilitar las suspensiones y blindar a la UIF, se produce un retroceso en materia de derechos humanos incompatible con el art\u00edculo 1 constitucional y con los tratados internacionales de los que M\u00e9xico es parte.<\/p>\n<p>El juicio de amparo, concebido como un contrapeso frente al poder, corre el riesgo de convertirse en un procedimiento formal carente de eficacia. La reforma, en su configuraci\u00f3n actual, es contraria a los principios de progresividad, acceso a la justicia y control de la arbitrariedad estatal, pilares de un Estado constitucional democr\u00e1tico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Jos\u00e9 Alberto S\u00e1nchez Nava \u201cRestringir el amparo no es fortalecer la justicia, es blindar al poder contra el escrutinio ciudadano; limitarlo significa despojar al pueblo de su \u00faltima defensa frente a la arbitrariedad del Estado.\u201d \u00a0 1.- Introducci\u00f3n En el marco de la conmemoraci\u00f3n de la Independencia, la presidenta de la Rep\u00fablica ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que, bajo la apariencia de eficiencia y modernizaci\u00f3n, encierra graves retrocesos en la protecci\u00f3n jurisdiccional de los derechos humanos. 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