{"id":131142,"date":"2025-10-02T11:05:42","date_gmt":"2025-10-02T17:05:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=131142"},"modified":"2025-10-02T10:42:49","modified_gmt":"2025-10-02T16:42:49","slug":"el-decreto-del-2-de-octubre-un-sinsentido-en-el-derecho-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=131142","title":{"rendered":"El decreto del 2 de octubre: Un sinsentido en el derecho internacional"},"content":{"rendered":"<p><strong>Jos\u00e9 Alberto S\u00e1nchez Nava<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>\u201cLa justicia no se dicta por decreto, se construye con pruebas, procesos y respeto por la legalidad internacional.\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>1.- Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>El 2 de octubre de 2024, la Presidencia de la Rep\u00fablica emiti\u00f3 un decreto en el que se reconoce que la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco constituy\u00f3 un crimen de lesa humanidad. M\u00e1s all\u00e1 de la carga simb\u00f3lica y la intenci\u00f3n pol\u00edtica de cerrar una herida hist\u00f3rica, el decreto exhibe una preocupante inconsistencia jur\u00eddica del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. La declaraci\u00f3n presidencial carece de sustento en el derecho internacional y usurpa facultades exclusivas de la Corte Penal Internacional (CPI) y del Estatuto de Roma, revelando un desconocimiento supino de los procedimientos necesarios para determinar la existencia de un crimen de lesa humanidad el cual tiene trascendencia universal, es imprescriptible y puede ser decretado inclusive post-mortem a los implicados.<\/p>\n<p><strong>2.-El abismo entre lo pol\u00edtico y lo jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n<p>El decreto firmado por Sheinbaum es, en el mejor de los casos, un gesto simb\u00f3lico con fines de olvido frente a la justicia internacional; en el peor, un desprop\u00f3sito legal y un encubrimiento de responsabilidades hist\u00f3ricas no por parte de la presidenta sino por su equipo jur\u00eddico el cual la mantiene desinformada en t\u00e9rminos del derecho internacional. Lo anterior se sustenta, en que los cr\u00edmenes de lesa humanidad no pueden ser declarados por decreto presidencial ni por voluntad del Ejecutivo, sino que requieren un proceso judicial riguroso y fundamentado en instancias internacionales. El Estatuto de Roma, instrumento rector de la CPI, establece que la determinaci\u00f3n de tales cr\u00edmenes debe derivarse de un juicio con pruebas y procedimientos claros, algo que el decreto ignora por completo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n mexicana dispone que el Ejecutivo, con la aprobaci\u00f3n del Senado, puede reconocer la jurisdicci\u00f3n de la CPI en casos espec\u00edficos. En este caso, no existe tal reconocimiento ni una investigaci\u00f3n formal que sustente la declaraci\u00f3n presidencial. La incapacidad del equipo jur\u00eddico de Sheinbaum para comprender estos principios b\u00e1sicos del derecho internacional genera un antecedente peligroso de intervencionismo simb\u00f3lico sin consecuencias reales. En suma se trata de una simulaci\u00f3n que causa escozor al poder ejecutivo<\/p>\n<p><strong>3.-Ignorar la historia para repetir errores<\/strong><\/p>\n<p>El caso de Javier Duarte es un ejemplo reciente de c\u00f3mo la desinformaci\u00f3n legal puede llevar a fracasos procesales. En 2018, senadores intentaron llevar su administraci\u00f3n ante la CPI por presuntos cr\u00edmenes de lesa humanidad, argumentando la distribuci\u00f3n de medicamentos falsos a ni\u00f1os con c\u00e1ncer. Sin embargo, el esfuerzo fue un desastre jur\u00eddico: no se cumplieron los requisitos constitucionales ni los del Estatuto de Roma, lo que deriv\u00f3 en el rechazo del caso, toda vez que esos senadores despistados ni siquiera ten\u00edan la petici\u00f3n del poder ejecutivo al senado para reconocer jurisdicci\u00f3n a la Corte penal internacional, a fin de resolver respecto de hechos que fueron imputados a ex gobernador.<\/p>\n<p>El decreto del 2 de octubre corre el riesgo de seguir el mismo destino. No basta con la indignaci\u00f3n moral o el reconocimiento pol\u00edtico para sustentar una declaraci\u00f3n de esta magnitud. El derecho penal internacional exige pruebas, procedimiento y jurisdicci\u00f3n adecuada, requisitos que el decreto ignora por completo.<\/p>\n<p><strong>4.-El peligro de los decretos vac\u00edos<\/strong><\/p>\n<p>Sin una fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica s\u00f3lida, el decreto presidencial es poco m\u00e1s que un acto simb\u00f3lico con nulo impacto en la justicia internacional. La CPI no acepta casos basados en declaraciones pol\u00edticas, sino en investigaciones formales y evidencia documental. Si el gobierno mexicano realmente quisiera que la matanza de Tlatelolco sea reconocida como un crimen de lesa humanidad, tendr\u00eda que abrir investigaciones judiciales, identificar responsables y seguir los procedimientos estipulados por el derecho internacional.<\/p>\n<p>Lo que en realidad hace el decreto es desviar la atenci\u00f3n de la necesidad de acciones concretas. La creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n especial, la apertura de archivos militares y la judicializaci\u00f3n de los hechos ser\u00edan pasos reales hacia la justicia. Pero al optar por un atajo pol\u00edtico, el gobierno de Sheinbaum no solo ignora la legalidad, sino que tambi\u00e9n traiciona la memoria de las v\u00edctimas con una resoluci\u00f3n in\u00fatil.<\/p>\n<p><strong>5.-Conclusi\u00f3n: Un decreto irrelevante y una ignorancia peligrosa<\/strong><\/p>\n<p>El decreto del 2 de octubre de 2024 refleja una preocupante falta de conocimiento del derecho internacional por parte del equipo de la Presidencia. Pretender que un crimen de lesa humanidad puede ser declarado por decreto es un error jur\u00eddico de proporciones alarmantes. Si el gobierno de Sheinbaum realmente quiere justicia para los ca\u00eddos en Tlatelolco, debe proceder con investigaciones formales y reconocimiento ante la CPI, no con gestos vac\u00edos.<\/p>\n<p>En lugar de cerrar heridas, el decreto abre una nueva: la de la ignorancia jur\u00eddica y la manipulaci\u00f3n pol\u00edtica de la memoria hist\u00f3rica. La justicia no se dicta por decreto; se construye con pruebas, procesos y respeto por la legalidad internacional por ser dichos cr\u00edmenes imprescriptibles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jos\u00e9 Alberto S\u00e1nchez Nava \u201cLa justicia no se dicta por decreto, se construye con pruebas, procesos y respeto por la legalidad internacional.\u201d &nbsp; 1.- Introducci\u00f3n El 2 de octubre de 2024, la Presidencia de la Rep\u00fablica emiti\u00f3 un decreto en el que se reconoce que la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco constituy\u00f3 un crimen de lesa humanidad. 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