{"id":143807,"date":"2026-03-30T10:53:49","date_gmt":"2026-03-30T17:53:49","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=143807"},"modified":"2026-03-30T10:53:49","modified_gmt":"2026-03-30T17:53:49","slug":"colima-cuando-la-impunidad-diluye-a-la-republica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=143807","title":{"rendered":"Colima: cuando la impunidad diluye a la Rep\u00fablica"},"content":{"rendered":"

Por Jos\u00e9 Alberto S\u00e1nchez Nava<\/strong><\/p>\n

\u201cLa violencia que hoy hiere a tantas familias mexicanas no es \u00fanicamente una tragedia humana; es el recordatorio de que el contrato social est\u00e1 en riesgo. Y cuando el pacto que sostiene a la Rep\u00fablica se debilita, la historia ense\u00f1a que ninguna naci\u00f3n permanece intacta.<\/em><\/p>\n

Porque el Estado que no protege la vida termina perdiendo aquello que le da sentido: la confianza de su pueblo.\u201d -En memoria de Eduardo Ochoa Arias-<\/em><\/p>\n

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  1. La fractura del contrato social<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Toda Rep\u00fablica descansa sobre una premisa elemental: los ciudadanos ceden una parte de su libertad y contribuyen con impuestos para que el Estado garantice seguridad, justicia y orden jur\u00eddico. Esa es la esencia del contrato social que desde la tradici\u00f3n cl\u00e1sica de\u00a0Thomas Hobbes<\/strong>,\u00a0John Locke<\/strong>\u00a0y\u00a0Jean\u2011Jacques Rousseau<\/strong>\u00a0justifica la existencia misma del poder p\u00fablico.<\/p>\n

    En M\u00e9xico, dicho pacto se encuentra jur\u00eddicamente expresado en la\u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos<\/strong>, cuyo art\u00edculo 1\u00ba reconoce la obligaci\u00f3n de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; el art\u00edculo 14 consagra el principio de legalidad; el art\u00edculo 16 exige la actuaci\u00f3n fundada y motivada del poder p\u00fablico; y el art\u00edculo 31 fracci\u00f3n IV impone a los ciudadanos la obligaci\u00f3n de contribuir al gasto p\u00fablico bajo el principio de proporcionalidad y equidad tributaria.<\/p>\n

    Pero ese pacto se rompe cuando el Estado exige tributos y, al mismo tiempo, es incapaz de garantizar el derecho m\u00e1s elemental de todos: la vida.<\/p>\n

    En amplias regiones del occidente del pa\u00eds, empresarios agr\u00edcolas, productores y familias enteras viven bajo una presi\u00f3n paralela a la tributaci\u00f3n constitucional: el llamado \u201cderecho de piso\u201d. Es la perversi\u00f3n absoluta del sistema fiscal. Mientras la ley exige contribuciones para sostener al Estado, la delincuencia organizada impone tributos de facto para permitir la supervivencia.<\/p>\n

    Cuando la violencia sustituye al derecho, el contrato social deja de existir.<\/p>\n

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    1. El derecho de piso como ruptura del Estado de Derecho<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      El fen\u00f3meno del cobro criminal no es \u00fanicamente una manifestaci\u00f3n delictiva; constituye una afrenta estructural al orden constitucional. En t\u00e9rminos jur\u00eddicos, representa la sustituci\u00f3n de la potestad tributaria del Estado por un sistema de exacci\u00f3n violenta ejercido por poderes f\u00e1cticos.<\/p>\n

      La jurisprudencia de la\u00a0Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n<\/strong>\u00a0ha sostenido reiteradamente que la seguridad p\u00fablica es una funci\u00f3n esencial del Estado destinada a preservar la integridad de las personas y su patrimonio. No se trata de una concesi\u00f3n pol\u00edtica, sino de una obligaci\u00f3n constitucional.<\/p>\n

      En el \u00e1mbito internacional, la\u00a0Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/strong>\u00a0ha establecido, en precedentes como el caso\u00a0Vel\u00e1squez Rodr\u00edguez vs. Honduras<\/strong>, que los Estados no s\u00f3lo deben abstenerse de violar derechos humanos, sino prevenir, investigar y sancionar las violaciones cometidas por particulares cuando el aparato estatal falla en su deber de protecci\u00f3n.<\/p>\n

      Bajo este est\u00e1ndar, la impunidad frente a la violencia criminal constituye una forma de responsabilidad estatal. No es \u00fanicamente omisi\u00f3n: es una falla estructural del aparato p\u00fablico.<\/p>\n

      Cuando familias enteras son destruidas por la violencia y la sociedad observa con desconcierto el silencio institucional, lo que emerge no es s\u00f3lo el dolor de una tragedia individual, sino el s\u00edntoma de una crisis de Estado.<\/p>\n

       <\/p>\n

      III. La confusi\u00f3n ideol\u00f3gica del poder<\/strong><\/p>\n

      A esta crisis jur\u00eddica se suma una crisis narrativa. En el discurso pol\u00edtico contempor\u00e1neo ha surgido una ret\u00f3rica que pretende explicar la violencia exclusivamente como una herencia hist\u00f3rica de desigualdad o corrupci\u00f3n del pasado.<\/p>\n

      Nadie niega las ra\u00edces estructurales de la criminalidad. Sin embargo, la explicaci\u00f3n sociol\u00f3gica no puede convertirse en justificaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n

      El problema surge cuando la raz\u00f3n de Estado se diluye en un discurso que privilegia la ret\u00f3rica moral sobre la eficacia institucional. Bajo la consigna de evitar la confrontaci\u00f3n directa con los grupos criminales, se ha instalado una pol\u00edtica de ambig\u00fcedad que la sociedad percibe como desconcierto.<\/p>\n

      La doctrina constitucional es clara: el monopolio leg\u00edtimo de la fuerza corresponde exclusivamente al Estado. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 21 y 129 de la Constituci\u00f3n. Cuando ese monopolio se fragmenta, la Rep\u00fablica comienza a desdibujarse.<\/p>\n

      En ese vac\u00edo institucional surge una peligrosa narrativa ideol\u00f3gica que pretende sustituir los principios universales del derecho por conceptos pol\u00edticos difusos. La dignidad humana, sin embargo, no admite adjetivos ni reinterpretaciones coyunturales.<\/p>\n

       <\/p>\n

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        \n
      1. Polarizaci\u00f3n y erosi\u00f3n de la Rep\u00fablica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        A la crisis de seguridad se a\u00f1ade otro fen\u00f3meno igualmente corrosivo: la polarizaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n

        En una Rep\u00fablica constitucional, el disenso es saludable; lo que resulta destructivo es convertir la cr\u00edtica en enemistad p\u00fablica. Cuando el debate pol\u00edtico se reduce a la l\u00f3gica de \u201cpueblo contra adversarios\u201d, el an\u00e1lisis de los problemas estructurales desaparece.<\/p>\n

        La violencia criminal deja entonces de ser tratada como un desaf\u00edo institucional y comienza a diluirse en la confrontaci\u00f3n ideol\u00f3gica.<\/p>\n

        Esta din\u00e1mica debilita los contrapesos democr\u00e1ticos. La divisi\u00f3n de poderes \u2014pilar fundamental del constitucionalismo moderno\u2014 pierde eficacia cuando el equilibrio institucional se sustituye por la concentraci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n

        El resultado es una percepci\u00f3n social devastadora: la idea de que en ciertas regiones del pa\u00eds la ley ha dejado de existir.<\/p>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. La dignidad humana frente al abandono institucional<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Detr\u00e1s de cada tragedia hay familias que no encuentran respuestas. Madres, hijos, hermanos que intentan comprender c\u00f3mo la violencia pudo irrumpir en sus vidas con tal brutalidad.<\/p>\n

          En una sociedad democr\u00e1tica, ese dolor no puede ser normalizado ni convertido en estad\u00edstica.<\/p>\n

          La doctrina de derechos humanos ha sido clara: la vida y la integridad personal constituyen derechos inderogables. Ninguna pol\u00edtica p\u00fablica, ninguna estrategia de seguridad y ninguna narrativa ideol\u00f3gica pueden relativizar ese principio.<\/p>\n

          Cuando la violencia se vuelve cotidiana y el Estado parece resignado a administrarla en lugar de erradicarla, lo que se erosiona no es solamente la seguridad p\u00fablica: es la legitimidad del propio Estado.<\/p>\n

           <\/p>\n

            \n
          1. Reconstruir la Rep\u00fablica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            M\u00e9xico no necesita narrativas justificatorias; necesita reconstruir el pacto republicano.<\/p>\n

            Ello implica restablecer la primac\u00eda del Estado de Derecho, garantizar la independencia real de los poderes p\u00fablicos y asumir que la seguridad de los ciudadanos es una obligaci\u00f3n indeclinable.<\/p>\n

            Tambi\u00e9n exige reconocer que el combate a la criminalidad no es una disputa ideol\u00f3gica, sino un imperativo constitucional.<\/p>\n

            La Rep\u00fablica se sostiene sobre tres pilares: legalidad, libertad y responsabilidad institucional. Cuando uno de ellos se rompe, el edificio democr\u00e1tico entero comienza a resquebrajarse.<\/p>\n

            \u201cCuando el Estado abdica de su deber de proteger la vida, el contrato social deja de ser pacto y se convierte en simulaci\u00f3n.\u201d<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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