El crimen avanz\u00f3 porque enfrente encontr\u00f3 instituciones d\u00e9biles, y ahora esa misma debilidad impide conocer la dimensi\u00f3n completa del da\u00f1o.<\/p>\n
Por Marlene Le\u00f3n, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.<\/strong><\/p>\n Dos personas fueron asesinadas a unos metros del Palacio de Gobierno de Sinaloa. El ataque no ocurri\u00f3 en una comunidad alejada ni en una zona abandonada por las autoridades, sino pr\u00e1cticamente frente a la sede del Gobierno del Estado. Al d\u00eda siguiente, la gobernadora interina evit\u00f3 responder las preguntas de la prensa.<\/p><\/blockquote>\n Esta escena resume con crudeza la crisis que atravesamos: la violencia puede llegar hasta la puerta del Gobierno, pero las respuestas institucionales siguen sin llegar a la ciudadan\u00eda.<\/strong><\/p>\n A casi dos a\u00f1os del inicio de esta guerra, ya no basta con preguntar cu\u00e1ntos militares han llegado, cu\u00e1ntas personas han sido detenidas o cu\u00e1ntas armas se han decomisado. Tambi\u00e9n debemos preguntarnos\u00a0qu\u00e9 instituciones se est\u00e1n construyendo o fortaleciendo en Sinaloa, c\u00f3mo se est\u00e1n midiendo sus resultados y qu\u00e9 informaci\u00f3n se entrega para que la sociedad pueda evaluarlos.<\/strong><\/p>\n Sin embargo, la respuesta no es alentadora. Sinaloa enfrenta una grave crisis de seguridad con una de las tasas m\u00e1s bajas de personal policial estatal del pa\u00eds. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad P\u00fablica Federal y Estatal 2026 del INEGI,\u00a0la entidad registr\u00f3 en 2025 apenas 0.6 polic\u00edas estatales por cada mil habitantes, frente a una tasa nacional de 1.0.<\/strong><\/p>\n El mismo censo muestra una fuerte concentraci\u00f3n del personal policial con grado en funciones preventivas: 88.9% se desempe\u00f1\u00f3 en esta funci\u00f3n, mientras que\u00a0Sinaloa registr\u00f3 0.0% en funciones de proximidad social y 0.0% en investigaci\u00f3n.<\/strong>\u00a0El 10.9% correspondi\u00f3 a funciones de reacci\u00f3n.<\/p>\n A esto se suma una reducci\u00f3n en la formaci\u00f3n de nuevos elementos. En 2025 ingresaron 313 personas a los programas de formaci\u00f3n inicial policial y egresaron 290. En 2024 hab\u00edan ingresado 407 y egresado 372, lo que representa una reducci\u00f3n de 23.1% en los ingresos y de 22.0% en los egresos. Es decir,\u00a0mientras la violencia se intensificaba, la incorporaci\u00f3n de nuevos polic\u00edas disminu\u00eda.<\/strong><\/p>\n Pero el d\u00e9ficit num\u00e9rico es apenas una parte del problema.\u00a0Quienes deber\u00edan proteger a la poblaci\u00f3n tambi\u00e9n se han convertido en v\u00edctimas directas de esta guerra.<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el registro de Causa en Com\u00fan,\u00a0en 2025 Sinaloa encabez\u00f3 la lista nacional con 48 agentes de seguridad p\u00fablica asesinados.<\/strong>\u00a0Al corte del 13 de agosto de 2026, la organizaci\u00f3n contabilizaba otros 21 agentes asesinados en la entidad.<\/p>\n Son agentes atacados mientras trabajaban, durante sus d\u00edas de descanso e incluso frente a sus familias. A pesar de ello, seguimos sin conocer una estrategia integral que permita saber c\u00f3mo se proteger\u00e1 a quienes integran las corporaciones, c\u00f3mo se fortalecer\u00e1n sus capacidades y c\u00f3mo se reconstruir\u00e1 la confianza institucional.<\/p>\n No se puede pedir a una polic\u00eda insuficiente, amenazada y debilitada que recupere el territorio sin garantizarle formaci\u00f3n, protecci\u00f3n, salarios dignos, equipamiento y respaldo institucional.<\/strong>\u00a0Mucho menos cuando la respuesta principal del Estado ha sido depender del despliegue de miles de elementos federales.<\/p>\n Las Fuerzas Armadas pueden realizar operativos, detener personas, asegurar armas y contener temporalmente algunos episodios violentos. Sin embargo,\u00a0no pueden sustituir de manera permanente a las polic\u00edas estatales y municipales, a los agentes de investigaci\u00f3n, ministerios p\u00fablicos, peritos, instituciones forenses y tribunales.<\/strong>\u00a0Nunca hab\u00edamos tenido tantos elementos federales desplegados en Sinaloa y, al mismo tiempo, tan pocas certezas sobre las capacidades que quedar\u00e1n instaladas cuando su presencia disminuya.<\/p>\n A esta debilidad institucional se suma otro problema:\u00a0tampoco tenemos certeza de que las cifras oficiales est\u00e9n mostrando la dimensi\u00f3n completa de la violencia.<\/strong><\/p>\n Una investigaci\u00f3n de Noroeste document\u00f3 que la Fiscal\u00eda General del Estado ha omitido o reclasificado muertes violentas mediante categor\u00edas que terminan reduciendo el registro oficial de homicidios. Entre ellas aparecen personas heridas por arma de fuego que murieron posteriormente en hospitales; casos registrados como \u201ccausa de muerte por determinar\u201d; \u201chomicidio por otros\u201d; muertes ocurridas en enfrentamientos, y polic\u00edas asesinados clasificados bajo el rubro de \u201cagresi\u00f3n a la autoridad\u201d.<\/p>\n En diciembre de 2025, por ejemplo, la Fiscal\u00eda report\u00f3 oficialmente 128 asesinatos, 122 homicidios y seis feminicidios, mientras que un an\u00e1lisis de los informes diarios de la propia instituci\u00f3n realizado por\u00a0Noroeste<\/em>\u00a0identific\u00f3 166 privaciones de la vida, adem\u00e1s de cuerpos y restos \u00f3seos localizados en fosas clandestinas que no fueron incorporados a esa estad\u00edstica.\u00a0Mediante omisiones y reclasificaciones, el registro oficial termin\u00f3 siendo 23% menor.<\/strong><\/p>\n Esto nos obliga a entender que\u00a0las categor\u00edas administrativas no pueden convertirse en un mecanismo para desaparecer estad\u00edsticamente a las v\u00edctimas.<\/strong>\u00a0Un polic\u00eda asesinado durante una agresi\u00f3n contra la autoridad sigue siendo una persona asesinada. Quien muere en un hospital despu\u00e9s de recibir disparos no deja de ser v\u00edctima de homicidio por haber sobrevivido algunas horas o algunos d\u00edas. Un cuerpo encontrado con huellas de violencia tampoco puede permanecer indefinidamente fuera del relato oficial bajo la etiqueta de \u201ccausa por determinar\u201d.<\/p>\n Si estas cifras se utilizan despu\u00e9s para afirmar que la violencia disminuy\u00f3 o que la estrategia est\u00e1 funcionando,\u00a0la forma en que se construyen los datos deja de ser un asunto meramente t\u00e9cnico y se convierte en un problema de rendici\u00f3n de cuentas.<\/strong>Una investigaci\u00f3n de Revista Espejo encontr\u00f3 que, de 112 licitaciones de obra p\u00fablica revisadas, 72 no contaban con el contrato disponible para consulta. En los expedientes tambi\u00e9n faltaban documentos fundamentales para conocer qui\u00e9n ejecuta las obras, bajo qu\u00e9 condiciones, qu\u00e9 modificaciones sufrieron y c\u00f3mo se utilizaron los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n La ausencia de estos documentos no demuestra por s\u00ed misma un acto de corrupci\u00f3n, pero impide vigilar el gasto, reconstruir las decisiones administrativas y detectar posibles irregularidades.\u00a0Contar incompletamente a las v\u00edctimas y publicar incompletamente los contratos son expresiones distintas de un mismo problema: un Gobierno que dificulta a la sociedad evaluar sus decisiones y resultados.<\/strong><\/p>\n Por eso, la crisis de Sinaloa no puede explicarse \u00fanicamente como una confrontaci\u00f3n entre grupos criminales. Tambi\u00e9n es consecuencia de d\u00e9cadas sin construir polic\u00edas suficientes, fiscal\u00edas eficaces, capacidades de investigaci\u00f3n, controles sobre el gasto y mecanismos reales de rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n El crimen avanz\u00f3 porque enfrente encontr\u00f3 instituciones d\u00e9biles, y ahora esa misma debilidad impide conocer la dimensi\u00f3n completa del da\u00f1o.<\/strong><\/p>\n Sinaloa no necesita otra presentaci\u00f3n de cifras cuidadosamente seleccionadas. Necesita una metodolog\u00eda p\u00fablica y verificable para registrar todas las muertes violentas; explicaciones sobre las reclasificaciones realizadas por la Fiscal\u00eda; actualizaci\u00f3n de los casos cuya causa contin\u00faa \u201cpor determinar\u201d; informaci\u00f3n abierta sobre homicidios, desapariciones, investigaciones, judicializaciones y sentencias; y una estrategia para aumentar, certificar y proteger a las corporaciones policiales.<\/p>\n Tambi\u00e9n necesitamos conocer c\u00f3mo se utiliza cada peso p\u00fablico destinado a enfrentar la emergencia y reconstruir el estado.\u00a0No puede haber recuperaci\u00f3n institucional en medio de contratos ausentes, expedientes incompletos y decisiones imposibles de auditar.<\/strong><\/p>\n El pr\u00f3ximo 13 de septiembre, a pocos d\u00edas de cumplirse dos a\u00f1os del inicio de esta crisis, los ciudadanos volveremos a las calles para exigir paz.<\/p>\n Pero la paz no puede reducirse al silencio temporal de las armas ni a una disminuci\u00f3n construida mediante categor\u00edas estad\u00edsticas.\u00a0La paz exige verdad sobre las v\u00edctimas, justicia para sus familias, protecci\u00f3n para quienes nos protegen e instituciones que rindan cuentas sobre cada decisi\u00f3n y cada peso p\u00fablico.<\/strong><\/p>\n Marchar por la paz tambi\u00e9n debe significar exigir un Estado capaz de garantizarla.<\/p>\n Porque los militares alg\u00fan d\u00eda se ir\u00e1n; las instituciones que nos dejen, fuertes o debilitadas, transparentes u opacas, definir\u00e1n el futuro de Sinaloa.<\/strong><\/p>\n Con informaci\u00f3n de Espejo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El crimen avanz\u00f3 porque enfrente encontr\u00f3 instituciones d\u00e9biles, y ahora esa misma debilidad impide conocer la dimensi\u00f3n completa del da\u00f1o. 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