{"id":155119,"date":"2026-10-19T10:00:24","date_gmt":"2026-10-19T17:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=155119"},"modified":"2026-10-19T08:13:43","modified_gmt":"2026-10-19T15:13:43","slug":"denuncias-que-se-quedan-en-el-papel-9-de-cada-10-carpetas-no-llegan-ante-un-juez-en-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=155119","title":{"rendered":"Denuncias que se quedan en el papel: 9 de cada 10 carpetas no llegan ante un juez en Sinaloa"},"content":{"rendered":"
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Entre enero y mayo de 2026, solo el 11.48 por ciento de las investigaciones iniciadas por la Fiscal\u00eda estatal fueron judicializadas; el CESP pide duplicar el presupuesto para enfrentar el rezago.<\/p>\n

Josemiguel Souza<\/strong><\/p>\n

La capacidad de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) para investigar los delitos y llevar los casos ante los tribunales enfrenta un desaf\u00edo en Sinaloa. En medio de un contexto de inseguridad y violencia, las cifras del Consejo Estatal de Seguridad P\u00fablica (CESP) muestran que la mayor\u00eda de las carpetas de investigaci\u00f3n iniciadas durante los primeros cinco meses de 2026 no hab\u00edan llegado ante un juez de control<\/b>.<\/p>\n

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De acuerdo con los datos del organismo, entre enero y mayo de este a\u00f1o se integraron 16 mil 390 carpetas de investigaci\u00f3n<\/b> en la entidad. De ese total, 14 mil 509 no fueron judicializadas, lo que representa el 88.52 por ciento<\/b>. En contraste, mil 881 llegaron a la instancia judicial, equivalente aproximadamente al 11.48 por ciento de las investigaciones contabilizadas en ese periodo.<\/p>\n

En otras palabras, poco m\u00e1s de una de cada diez carpetas iniciadas avanz\u00f3 hasta la etapa judicial<\/b>, mientras que casi nueve de cada diez permanecieron sin alcanzar ese punto del procedimiento. El dato dimensiona el volumen de expedientes que no hab\u00edan sido presentados ante un juez, aunque no determina por s\u00ed solo las razones por las que cada investigaci\u00f3n contin\u00faa en tr\u00e1mite.<\/p>\n

La judicializaci\u00f3n representa una etapa relevante dentro del proceso penal, pues permite que el Ministerio P\u00fablico presente ante un \u00f3rgano jurisdiccional los resultados de una investigaci\u00f3n cuando existen elementos para hacerlo. Antes de llegar a ese punto, las autoridades deben realizar diligencias, recabar informaci\u00f3n y reunir datos de prueba que permitan establecer las circunstancias de los hechos y, en su caso, la probable participaci\u00f3n de personas se\u00f1aladas.<\/p>\n

Por ello, el n\u00famero de carpetas que no han sido judicializadas plantea preguntas sobre la capacidad de respuesta de la instituci\u00f3n<\/b>, particularmente ante la cantidad de denuncias que debe atender y la complejidad de los delitos que se investigan.<\/p>\n

El tema tambi\u00e9n ha sido se\u00f1alado por legisladores locales, quienes han advertido sobre las limitaciones que enfrenta la Fiscal\u00eda para responder a la incidencia delictiva. Entre las necesidades planteadas se encuentran el fortalecimiento del personal especializado, el uso de herramientas de inteligencia y la disponibilidad de recursos para desarrollar investigaciones<\/b>.<\/p>\n

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El bajo nivel de judicializaci\u00f3n mantiene bajo presi\u00f3n a la Fiscal\u00eda de Sinaloa, que enfrenta miles de investigaciones pendientes y una demanda creciente de personal especializado y mejores herramientas.<\/span> \/ Foto: Iv\u00e1n Medina \/ El Sol de Sinaloa<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

La diputada Paola G\u00e1rate Valenzuela consider\u00f3 que las capacidades institucionales deben fortalecerse frente a organizaciones criminales cada vez m\u00e1s complejas y delitos que requieren investigaciones especializadas.<\/p>\n

\u201cEs muy dif\u00edcil enfrentar organizaciones criminales cada vez m\u00e1s complejas con capacidades institucionales tan limitadas. Sinaloa necesita m\u00e1s personal especializado, m\u00e1s inteligencia y mejores herramientas para investigar homicidios, secuestros, desapariciones y otros delitos de alto impacto<\/b>\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n

La legisladora puso el acento en la necesidad de contar con recursos humanos y t\u00e9cnicos suficientes para que las autoridades puedan desarrollar sus indagatorias.<\/p>\n

La discusi\u00f3n sobre las capacidades de la Fiscal\u00eda se presenta cuando el Congreso del Estado se prepara para revisar el presupuesto de 2027. En ese proceso, los recursos destinados a la procuraci\u00f3n de justicia forman parte de los aspectos que deber\u00e1n analizarse<\/b> frente a las necesidades operativas del organismo y el volumen de investigaciones que tiene bajo su responsabilidad.<\/p>\n

Miguel Calder\u00f3n Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad P\u00fablica, plante\u00f3 la necesidad de aumentar en un 100 por ciento el presupuesto de la Fiscal\u00eda General del Estado<\/b>. Seg\u00fan expuso, el incremento permitir\u00eda fortalecer a la instituci\u00f3n frente al rezago que persiste en las carpetas de investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Calder\u00f3n Quevedo tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a los niveles de impunidad asociados con los casos pendientes de resolver.<\/p>\n

\u201cRecordar que en muchos de los casos pendientes por resolver tenemos 90% de impunidad<\/b>\u201d, mencion\u00f3.<\/p>\n

Esta cifra corresponde a la valoraci\u00f3n expresada por el coordinador del CESP. Para dimensionar su alcance es necesario conocer la metodolog\u00eda empleada, el periodo analizado y los delitos considerados en ese c\u00e1lculo. La impunidad y la falta de judicializaci\u00f3n est\u00e1n relacionadas con los desaf\u00edos de la procuraci\u00f3n de justicia, pero no son indicadores equivalentes<\/b>: una carpeta que no ha llegado ante un juez no necesariamente representa, por s\u00ed sola, un caso definitivamente impune.<\/p>\n

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El CESP ha planteado duplicar el presupuesto de la Fiscal\u00eda para fortalecer la investigaci\u00f3n de delitos y reducir el rezago en las carpetas que permanecen sin judicializar.<\/span> \/ Foto: Iv\u00e1n Medina \/ El Sol de Sinaloa<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Otro de los puntos se\u00f1alados por Calder\u00f3n Quevedo es la cantidad de personal disponible para investigar los delitos. De acuerdo con sus declaraciones, alrededor de 430 trabajadores de la Fiscal\u00eda local realizan labores relacionadas con la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de conductas delictivas<\/b>.<\/p>\n

La disponibilidad de agentes del Ministerio P\u00fablico y de personal especializado es un factor relevante para atender las denuncias, dar seguimiento a las diligencias y reunir los elementos necesarios para sustentar una investigaci\u00f3n. La carga de trabajo puede variar de acuerdo con el tipo de delito y las diligencias que requiere cada expediente, por lo que el n\u00famero de trabajadores debe analizarse en relaci\u00f3n con las responsabilidades y los recursos operativos de la instituci\u00f3n.<\/p>\n

En materia presupuestal, otro dato proporcionado se\u00f1ala que la Fiscal\u00eda de Sinaloa ocup\u00f3 el lugar n\u00famero 20 entre los organismos de procuraci\u00f3n de justicia por los recursos recibidos<\/b>. Durante 2025, la instituci\u00f3n cont\u00f3 con un presupuesto de mil 203.7 millones de pesos<\/b>.<\/p>\n

Este monto coloca el financiamiento de la Fiscal\u00eda en el centro de la discusi\u00f3n sobre las condiciones necesarias para mejorar la investigaci\u00f3n de los delitos.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de El Sol de Sinaloa<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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