\u201cAdem\u00e1s de la violaci\u00f3n directa a la esfera competencial prevista en la Constituci\u00f3n federal para el Congreso local, la actuaci\u00f3n de ambas autoridades (la FGR y el juez) equivale a suplantar al poder actor en la decisi\u00f3n \u00faltima sobre la inmunidad procesal de la que goza el gobernador del estado de Tamaulipas (\u2026) por ello, se declara la invalidez de los actos impugnados en la presente controversia constitucional\u201d, sentencia el ministro.<\/p>\n
El proyecto, que requiere de los votos de al menos tres de los cinco ministros de la Primera Sala para ser aprobado, hace en primera instancia un recuento del caso. Recuerda que el 18 de mayo de 2021 el juez del Altiplano, Zeferino Hern\u00e1ndez, libr\u00f3 la orden de captura en contra del gobernador, a petici\u00f3n de la FGR, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.<\/p>\n
Esto, luego de que el 28 de abril de ese a\u00f1o la C\u00e1mara de Diputados emitiera la declaraci\u00f3n de procedencia SI\/LXIV\/DP\/02\/2021 en contra de Garc\u00eda Cabeza de Vaca, la cual fue aprobada por el pleno dos d\u00edas m\u00e1s tarde.<\/p>\n
Sin embargo, subraya el proyecto, el mismo 30 de abril el Congreso de Tamaulipas emiti\u00f3 el punto de acuerdo LXIV-267, en el que determin\u00f3 no homologar dicha declaratoria de procedencia y, por lo tanto, no afectar la inmunidad procesal de la que goza el titular del Poder Ejecutivo del estado. Pese a ello, las autoridades federales decidieron proceder penalmente en su contra.<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, diputados locales decidieron promover una controversia constitucional en contra de dichas acciones de las autoridades que, sostuvieron, representan una violaci\u00f3n la Constituci\u00f3n y al pacto federal, agravios que el ministro consider\u00f3 fundados en su totalidad.<\/p>\n
Fuero s\u00ed, detenci\u00f3n no<\/b><\/h2>\n
Para solucionar el conflicto, el proyecto plantea la siguiente ruta: determinar primero si el art\u00edculo 111 de la Constituci\u00f3n efectivamente faculta a los congresos locales para autorizar o no el desafuero de un funcionario local a petici\u00f3n de una autoridad federal, y segundo, verificar a partir de ello si la actuaci\u00f3n de la FGR y el juez fue v\u00e1lida.<\/p>\n
El conflicto se suscita ya que dicho art\u00edculo, en su p\u00e1rrafo quinto, se\u00f1ala que \u201cla declaraci\u00f3n de procedencia (del Congreso federal) ser\u00e1 para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales. Para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda\u201d.<\/p>\n
Al exponer sus argumentos, la FGR sostuvo ante la Corte que dicha facultad no concede a los diputados locales la capacidad de contravenir la decisi\u00f3n del Congreso de la Uni\u00f3n, sino solo realizar el tr\u00e1mite consecuente. Para ello, cit\u00f3 antecedentes como el de la controversia 24\/2005 relacionada con el desafuero del entonces jefe de gobierno Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, donde se establec\u00eda que la determinaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados federal era definitiva.<\/p>\n
Incluso, la FGR plante\u00f3 al m\u00e1ximo tribunal una soluci\u00f3n alterna: que se proceda penalmente contra Garc\u00eda Cabeza de Vaca y se analice la posibilidad de vincularlo a proceso, sin la necesidad de que este renuncie al cargo.<\/p>\n
Pero el proyecto concluye que todo lo anterior es inoperante y contraviene la Constituci\u00f3n. En su an\u00e1lisis, Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1 concluye que los gobernadores gozan de una \u201cgarant\u00eda reforzada\u201d en t\u00e9rminos de fuero, que nace de la necesidad de protegerlos ante posibles injerencias federales y, al mismo tiempo, garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones locales.<\/p>\n
En ese contexto, explica el proyecto, el desafuero de un funcionario local por la comisi\u00f3n de presuntos delitos federales es un proceso \u201ccomplejo\u201d de dos tiempos; nace con el procedimiento en el Congreso de la Uni\u00f3n que, en efecto, es definitivo, pero solo para dejar firme ese primer paso. Luego, el tema pasa a una segunda fase que corresponde al Congreso local.<\/p>\n
\u201cLe corresponde a las legislaturas estatales la decisi\u00f3n final sobre si retirar la inmunidad procesal de los servidores p\u00fablicos en el \u00e1mbito estatal. Es el Congreso local quien eval\u00faa y decide, de manera definitiva, si es procedente remover la inmunidad procesal de la que goza el servidor p\u00fablico mientras ejerce su cargo, en respeto de la soberan\u00eda interna de las entidades federativas, pues ser\u00e1n estas las que sufrir\u00e1n las consecuencias en caso de verse irrumpida la funci\u00f3n p\u00fablica respectiva\u201d, indica el proyecto.<\/p>\n
En el caso en concreto, el Congreso de Tamaulipas decidi\u00f3, en uso de la facultad que le otorga el art\u00edculo 111 de la Constituci\u00f3n, no avalar la procedencia de desafuero de Garc\u00eda Cabeza de Vaca. Por tanto, mientras ostente el cargo, el actual gobernador sigue gozando de la inmunidad constitucional.<\/p>\n
Resuelto ese punto, el proyecto considera evidente que la actuaci\u00f3n de la FGR y el juez, al haber procedido penalmente en contra del titular del Ejecutivo de Tamaulipas, es incorrecta, pues b\u00e1sicamente act\u00faan como si en ellos estuviera la capacidad de decidir que dicho funcionario ya no goza del fuero constitucional.<\/p>\n
\u201cAl considerar que el titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas es susceptible de ser imputado por la comisi\u00f3n de delitos federales, las autoridades demandadas no solo desconocen y vulneran las facultades del Congreso local; adem\u00e1s, se sustituyen en este pues el despliegue de sus facultades en contra del titular del Poder Ejecutivo local implica una decisi\u00f3n precedente: la determinaci\u00f3n de que el gobernador es susceptible de ser procesado penalmente\u201d, subraya el ministro ponente.<\/p>\n
Por otra parte, la FGR sostuvo en sus alegatos que el no retirar a Garc\u00eda Cabeza de Vaca el fuero equivale a generar impunidad. Sin embargo, el ministro desecha este argumento de plano pues sostiene que nada impide a los fiscales realizar la investigaci\u00f3n que consideren conducente y, en todo caso, proceder en contra de esta persona una vez que su inmunidad procesal termine, es decir, al concluir su periodo como gobernador.<\/p>\n
\u201cLa negativa de cualquiera de los dos \u00f3rganos legislativos de proceder penalmente en contra del servidor p\u00fablico solo puede tener como efecto postergar en el tiempo el proceso penal en contra del servidor p\u00fablico, mientras termina su mandato. Una vez concluido este, nada impide al Ministerio P\u00fablico proceder penalmente en contra del servidor p\u00fablico local\u201d, concluye el proyecto.<\/p>\n