En los\u00a0institutos y tribunales electorales de los estados<\/b>, las historias de dispendios abundan: consejeros y magistrados que se autorizan bonos, vales, pagos en exceso, impuestos que se retienen a los trabajadores pero que no se entregan a Hacienda, proveedores que no dan recibos de cobro, deudas mal financiadas, trabajos pagados que no se realizaron, etc\u00e9tera.<\/p>\n
Una investigaci\u00f3n realizada por\u00a0MILENIO<\/b>, basada en una revisi\u00f3n de las auditor\u00edas practicadas a estas instituciones por parte de los \u00f3rganos superiores de fiscalizaci\u00f3n en cada una de las entidades, revela lo anterior y ofrece detalles de los derroches e irregularidades.<\/p>\n
El robo de la camioneta del magistrado presidente del\u00a0Tribunal Electoral de Sinaloa<\/b>\u00a0se convirti\u00f3 en un tema de conversaci\u00f3n entre los auditores del Congreso del estado. El asunto fue incluso reportado por los principales medios de comunicaci\u00f3n locales.<\/p>\n
Resulta que\u00a0Guillermo Torres Chinchillas<\/b>\u00a0denunci\u00f3 en 2019 el supuesto atraco, pero no present\u00f3 copia de la denuncia que respaldara su dicho. Se trataba de una Toyota RAV4 XLE con un costo de 374 mil 800 pesos. El Tribunal le hab\u00eda otorgado la SUV para el desempe\u00f1o de sus funciones.<\/p>\n
Sin embargo, el magistrado no report\u00f3 de inmediato ese supuesto robo. Fue hasta noviembre de 2020 cuando\u00a0Torres Chinchillas\u00a0<\/b>dio a conocer, ante la administraci\u00f3n del Tribunal, el presunto hurto, pero no present\u00f3 evidencia para corroborar su versi\u00f3n. Aun as\u00ed, seg\u00fan auditor\u00edas, la camioneta fue dada de baja del inventario del tribunal sin mayor tr\u00e1mite.<\/p>\n
El tribunal reconoci\u00f3 a este diario que la denuncia no ha sido entregada, aunque afirman tenerla en sus archivos, porque la \u201cauditor\u00eda correspondiente al ejercicio fiscal 2019 a\u00fan sigue su curso y sigue en etapa de requerimientos de documentaci\u00f3n comprobatoria y justificativa\u201d.<\/p>\n
En 2020, los consejeros electorales del\u00a0Instituto Electoral del Estado de Colima<\/b>, encabezados por\u00a0Nirvana Rosales Ochoa<\/b>, se otorgaron irregularmente \u201ccompensaciones\u201d que sumaron un probable desfalco a su presupuesto por 2 millones 268 mil pesos y se repartieron vales para gasolina cuyo uso no fue comprobado.<\/p>\n
Ese a\u00f1o tambi\u00e9n, tres integrantes de ese instituto electoral,\u00a0Noem\u00ed Sof\u00eda Herrera, Ayizde Anguiano y Ra\u00fal Maldonado<\/b>, antes de concluir su encargo como consejeros cobraron vacaciones a las que no ten\u00edan derecho.<\/p>\n
En Nayarit, magistrados y mandos superiores del Tribunal Electoral recibieron cada mes de 2018, sin la debida justificaci\u00f3n, vales de gasolina que al final del a\u00f1o sumaron un desfalco de 360 mil pesos.<\/p>\n
Esos vales nunca fueron autorizados y, adem\u00e1s, no hubo evidencia de que ese consumo de gasolina lo usaran para traslados relacionados con el desempe\u00f1o de sus funciones.<\/p>\n
En ese mismo tribunal electoral, el de\u00a0Nayarit,<\/b>\u00a0los magistrados electorales, encabezados por\u00a0Gabriel Gradilla Ortega,<\/b>\u00a0se aprobaron, a unos d\u00edas de la Navidad de 2018, un bono por \u201ctrabajos extraordinarios\u201d, sin que esas prestaciones estuvieran autorizadas en el presupuesto.<\/p>\n
El bono, que buscaba motivar el \u201caumento en la productividad\u201d tanto de magistrados como de mandos superiores, mandos medios y trabajadores de confianza, represent\u00f3 ese a\u00f1o un boquete al erario del tribunal por 3.2 millones de pesos, de acuerdo con auditor\u00edas.<\/p>\n
Entre 2018 y 2020, de acuerdo con los informes m\u00e1s recientes de las auditor\u00edas estatales, al menos 29 institutos y tribunales locales sumaron inconsistencias por al menos 977 millones 918 mil 280 pesos de recursos p\u00fablicos han sido utilizados de manera irregular o sin la documentaci\u00f3n que compruebe que se aplicaron de manera correcta.<\/p>\n
Este monto de anomal\u00edas refleja s\u00f3lo las cuentas que han podido ser revisadas, pero existe un conjunto de institutos y tribunales que no son fiscalizados por las auditor\u00edas de sus estados y sobre los que, en consecuencia, no existe informaci\u00f3n del manejo de sus recursos.<\/p>\n
Por ejemplo,\u00a0MILENIO<\/b>\u00a0no encontr\u00f3 auditor\u00edas a los institutos y tribunales electorales de\u00a0Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas o Tabasco,<\/b>\u00a0estado en el que ni siquiera existe sitio de internet de la auditor\u00eda estatal.<\/p>\n
Tampoco se encontraron informes de los tribunales de\u00a0Aguascalientes y Zacatecas,<\/b>\u00a0mientras que en los \u00f3rganos de Michoac\u00e1n, por ejemplo, no se mencionan los montos de las irregularidades encontradas.<\/p>\nPuebla, sin rastro de 302 millones<\/h2>\n
Pero no todo son derroches personales de magistrados y consejeros, sino que muchas de esas cuentas pendientes tambi\u00e9n revelan una mala administraci\u00f3n de las finanzas en ese tipo de instituciones.<\/p>\n
Por ejemplo, la\u00a0Auditor\u00eda Superior de Puebla<\/b>\u00a0identific\u00f3 que el Instituto Electoral de esa entidad no entreg\u00f3 documentaci\u00f3n comprobatoria del uso de 302 millones de pesos durante 2019, la cifra m\u00e1s alta de irregularidades entre institutos electorales locales.<\/p>\n \u201cNo remiti\u00f3 la integraci\u00f3n del saldo observado, p\u00f3lizas de registro contables y presupuestarias, transferencias electr\u00f3nicas, CFDI, recibo de la ayuda, solicitud de recursos, convenio y autorizaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de su Consejo General\u201d, dice el informe.<\/p><\/blockquote>\n \u201cNo remiti\u00f3 la integraci\u00f3n del saldo observado, p\u00f3lizas de registro contables y presupuestarias, transferencias electr\u00f3nicas, CFDI, recibo de la ayuda, solicitud de recursos, convenio y autorizaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de su Consejo General\u201d, dice el informe.<\/p>\n Sin que la auditor\u00eda lo especifique, ese monto es el costo de la elecci\u00f3n extraordinaria para gobernador que se celebr\u00f3 en 2019, luego de la muerte, en diciembre de 2018, de la gobernadora\u00a0Martha Erika Alonso.<\/b><\/p>\n Ese mismo Instituto Electoral tambi\u00e9n tiene cuentas pendientes por aclarar por 183 millones 955 mil pesos que tampoco tienen un soporte documental de su ejercicio.<\/p>\n En\u00a0Quer\u00e9taro,<\/b>\u00a0se encontraron pagos del Instituto Electoral por 11 millones 832 mil pesos a 73 proveedores de bienes y servicios que no estaban registrados en el padr\u00f3n de proveedores y que no firm\u00f3 contratos con 18 proveedores de bienes y servicios, lo que afect\u00f3 su presupuesto por 4 millones 712 mil 792.56 pesos.<\/p>\n En\u00a0Veracruz<\/b>, el \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n detect\u00f3 una deuda del\u00a0Instituto Electoral<\/b>, a finales de 2018, por m\u00e1s de 33.7 millones de pesos de ese ejercicio y de a\u00f1os anteriores, que incluye contribuciones fiscales pendientes de pago, \u201csituaci\u00f3n que podr\u00eda generar un pasivo contingente, como resultado del fincamiento de cr\u00e9ditos fiscales y\/o capitales constitutivos con actualizaciones, multas y recargos por parte de la autoridad correspondiente\u201d.<\/p>\n En 2018, el\u00a0Instituto Electoral del Estado de Quer\u00e9taro<\/b>\u00a0aprob\u00f3 dar \u201cayudas sociales\u201d a consejeros distritales y municipales por 9.9 millones de pesos, pero no les exigi\u00f3 a los beneficiarios un comprobante fiscal que respaldara la entrega de esas supuestas ayudas, por lo que no existi\u00f3 evidencia de esos pagos.<\/p>\n Ese mismo instituto entreg\u00f3 recursos econ\u00f3micos por concepto de \u201capoyos administrativos y secretariales\u201d durante la jornada electoral de 2018 por 2.7 millones de pesos, sin especificar a cu\u00e1ntas personas se les entreg\u00f3 el dinero y qui\u00e9nes fueron los que cobraron.<\/p>\n Ese a\u00f1o, un magistrado del\u00a0Tribunal Electoral de Baja California Sur<\/b>\u00a0recibi\u00f3 pagos por m\u00e1s de un mill\u00f3n de pesos por concepto de \u201chaber de retiro\u201d, sino que ese tipo de remuneraciones estuvieran establecidas en la ley.<\/p>\n En\u00a0Baja California<\/b>\u00a0no se quedaron atr\u00e1s. Los magistrados electorales de ese estado no s\u00f3lo fueron pol\u00e9micos en 2019 por aprobar, indebidamente, la ampliaci\u00f3n del periodo de gobierno de\u00a0Jaime Bonilla<\/b>\u00a0de dos a seis a\u00f1os, sino que sus remuneraciones tambi\u00e9n fueron irregulares.<\/p>\n Una auditor\u00eda encontr\u00f3 que, ese a\u00f1o, 2019, los magistrados\u00a0Jaime Vargas Flores, Leobardo Loaiza Cervantes y Elva Regina Jim\u00e9nez s<\/b>e repartieron un pago en exceso por un mill\u00f3n 265 mil pesos, adicional a su salario, por concepto de \u201cdietas y retribuciones\u201d.<\/p>\n Por su parte, en el\u00a0Instituto Estatal Electoral de Baja California<\/b>, pag\u00f3 en 2019, 100 millones 408 mil pesos a sus trabajadores sin recibir facturas que lo comprueben.<\/p>\n Pero un caso de abuso, documentado por la auditor\u00eda de Nayarit, es el de su tribunal electoral, el cual en su oficio de solicitud de ampliaci\u00f3n presupuestal por m\u00e1s de 15.8 millones de pesos, dirigido al congreso local, simul\u00f3 la necesidad de recursos adicionales.<\/p>\n \u201cSe advierte que la solicitud simul\u00f3 la necesidad del recurso y no contemplaba las necesidades de pago, en funci\u00f3n de los compromisos reales contra\u00eddos o a contraer\u201d, dice el informe.<\/p><\/blockquote>\n \u201cSe advierte que la solicitud simul\u00f3 la necesidad del recurso y no contemplaba las necesidades de pago, en funci\u00f3n de los compromisos reales contra\u00eddos o a contraer\u201d, dice el informe.<\/p>\n La ampliaci\u00f3n presupuestal que el tribunal pretendi\u00f3, signific\u00f3 un incremento del 112.8 por ciento en relaci\u00f3n con su presupuesto originalmente aprobado.<\/p>\n Entrevistada al respecto, Dania Ravel, consejera del\u00a0Instituto Nacional Electoral (INE)<\/b>\u00a0y presidenta de la\u00a0Comisi\u00f3n de Vinculaci\u00f3n con los Organismos P\u00fablicos Locales Electorales del INE<\/b>, asegur\u00f3 que, como toda instituci\u00f3n p\u00fablica, los institutos estatales deben rendir cuentas, pero que no le corresponde al INE la fiscalizaci\u00f3n y la revisi\u00f3n del uso de sus recursos p\u00fablicos.<\/p>\n \u201cDebe de haber rendici\u00f3n de cuentas, transparencia, tiene que hacerse una revisi\u00f3n puntual de c\u00f3mo se est\u00e1n ejerciendo esos recursos p\u00fablicos y si hay alguna irregularidad, ll\u00e1mese una autoridad electoral o cualquier otra autoridad, se tienen que deslindar responsabilidades y se tiene que aclarar eso y regularizar. Eso va por una cuerda completamente separada, es una funci\u00f3n que se tiene que hacer de manera permanente y eficiente\u201d, expres\u00f3 la consejera.<\/p><\/blockquote>\n \u201cDebe de haber rendici\u00f3n de cuentas, transparencia, tiene que hacerse una revisi\u00f3n puntual de c\u00f3mo se est\u00e1n ejerciendo esos recursos p\u00fablicos y si hay alguna irregularidad, ll\u00e1mese una autoridad electoral o cualquier otra autoridad, se tienen que deslindar responsabilidades y se tiene que aclarar eso y regularizar. Eso va por una cuerda completamente separada, es una funci\u00f3n que se tiene que hacer de manera permanente y eficiente\u201d, expres\u00f3 la consejera.<\/p>\n Sin embargo, aclar\u00f3 que \u201cel INE no tiene injerencia en la forma en la que los OPLEs ejecutan los recursos p\u00fablicos que les son otorgados\u201d.<\/p>\n Explic\u00f3 que, aunque la reforma electoral del 2014 estableci\u00f3 al INE como eje rector del modelo nacional de elecciones, en el que coexisten la autoridad nacional y las de los 32 estados, \u201ceso no implica que esas autoridades locales hayan perdido su autonom\u00eda o se hayan convertido en extensiones del INE\u201d.<\/p>\n Ravel consider\u00f3 que, si se le adjudicara al INE la responsabilidad de fiscalizar a los institutos, tendr\u00eda una carga a\u00fan m\u00e1s grande de trabajo.<\/p>\n \u201cImplicar\u00eda no solamente que fuera la \u00fanica autoridad fiscalizadora de todos los partidos pol\u00edticos y de candidaturas independientes, sino ahora de los OPLES; tendr\u00edamos que engrosar la estructura del propio instituto y generar perfiles especializados en este tipo de auditor\u00edas, estar\u00edamos hablando de un modelo completamente distinto\u201d, coment\u00f3.<\/p><\/blockquote>\n \u201cImplicar\u00eda no solamente que fuera la \u00fanica autoridad fiscalizadora de todos los partidos pol\u00edticos y de candidaturas independientes, sino ahora de los OPLES; tendr\u00edamos que engrosar la estructura del propio instituto y generar perfiles especializados en este tipo de auditor\u00edas, estar\u00edamos hablando de un modelo completamente distinto\u201d, coment\u00f3.<\/p>\n Adem\u00e1s, se dar\u00eda una duplicidad de funciones, pues fiscalizar recursos p\u00fablicos de instituciones es responsabilidad constitucional de las auditor\u00edas estatales y contralor\u00edas locales.<\/p>\n En la iniciativa de reforma electoral que el presidente\u00a0Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador\u00a0<\/b>envi\u00f3 a la\u00a0C\u00e1mara de Diputados<\/b>\u00a0el pasado 28 de abril, se propone la extinci\u00f3n de institutos electorales y tribunales locales para unificarlos en una sola autoridad.<\/p>\n Uno de los argumentos que esgrime la propuesta es que, adem\u00e1s del presupuesto del INE, cada a\u00f1o se gastan m\u00e1s de 13 mil millones de pesos, tan s\u00f3lo para sostener a los institutos locales.<\/p>\n El planteamiento incluye \u201csuprimir\u201d al\u00a0Instituto Nacional Electoral (INE)<\/b>\u00a0y crear en su lugar el\u00a0Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)<\/b>\u00a0como autoridad electoral independiente.<\/p>\n \u201cEl INEC ser\u00e1 la \u00fanica autoridad administrativa electoral del pa\u00eds\u201d, dice la propuesta, la cual a\u00f1ade que sus funciones absorber\u00edan las de los organismos p\u00fablicos locales (OPL), es decir, \u201corganizar\u00eda la totalidad de los procesos electorales de la Rep\u00fablica, a nivel nacional, estatal y municipal\u201d.<\/p><\/blockquote>\n \u201cEl INEC ser\u00e1 la \u00fanica autoridad administrativa electoral del pa\u00eds\u201d, dice la propuesta, la cual a\u00f1ade que sus funciones absorber\u00edan las de los organismos p\u00fablicos locales (OPL), es decir, \u201corganizar\u00eda la totalidad de los procesos electorales de la Rep\u00fablica, a nivel nacional, estatal y municipal\u201d.<\/p>\n Por otra parte, en relaci\u00f3n con los tribunales electorales, el documento de la iniciativa afirma que \u201chay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral: como primera instancia, no brindan certeza a los procesos electorales\u201d.<\/p>\n Sostiene que \u201cel Poder Judicial de la Federaci\u00f3n resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales\u201d; por eso, la propuesta incluye que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n sea el que absorba las controversias electorales locales del pa\u00eds y que los integrantes de su Sala Superior, los siete magistrados ser\u00e1n electos popularmente, tal como se propone tambi\u00e9n para la integraci\u00f3n del eventual INEC.<\/p>\n \n Con informaci\u00f3n de Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En los\u00a0institutos y tribunales electorales de los estados, las historias de dispendios abundan: consejeros y magistrados que se autorizan bonos, vales, pagos en exceso, impuestos que se retienen a los trabajadores pero que no se entregan a Hacienda, proveedores que no dan recibos de cobro, deudas mal financiadas, trabajos pagados que no se realizaron, etc\u00e9tera. 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