La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR<\/b>) acus\u00f3 ante un juez federal a 15 exfuncionarios y a ocho socios de empresas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en relaci\u00f3n con una supuesta adquisici\u00f3n irregular de az\u00facar para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex<\/b>).<\/p>\n
La FGR present\u00f3 una nueva investigaci\u00f3n ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, quien\u00a0concedi\u00f3 varias \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n<\/b>\u00a0y autoriz\u00f3 10 cateos a diversos inmuebles, seg\u00fan confirmaron a\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/i>\u00a0representantes legales de las personas acusadas.<\/p>\n
Este caso se deriva de una carpeta de investigaci\u00f3n distinta a la iniciada previamente por el presunto uso indebido de recursos p\u00fablicos de Segalmex para la compra de certificados burs\u00e1tiles,\u00a0hecho por el que ya fue vinculado a proceso un exfuncionario<\/a>.<\/p>\n La fiscal\u00eda solicit\u00f3 nuevas \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n contra exservidores p\u00fablicos que fungieron como directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y jefes de almacenes rurales de Segalmex,\u00a0pero ninguna en contra de Ignacio Ovalle<\/b>, a pesar de que este fue titular de dicha instituci\u00f3n \u2014y por ello jefe de todos los exfuncionarios acusados\u2014 durante el a\u00f1o en que se cometieron los supuestos delitos.<\/p>\n Ovalle no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades detectadas en Segalmex, Diconsa y Liconsa durante su gesti\u00f3n, las cuales significaron un da\u00f1o al erario por 9 mil 500 millones de pesos. Solo fue removido del cargo de director y designado\u00a0titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed)<\/a>\u00a0de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob).<\/p>\n La nueva carpeta de investigaci\u00f3n de la FGR indaga una contrataci\u00f3n del 24 de abril de 2020 a la raz\u00f3n social Servicios Integrales Carregin, SA de CV, para la adquisici\u00f3n de 25 mil toneladas de az\u00facar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.<\/p>\n La compra fue solicitada por la Unidad Operativa de Segalmex en Quer\u00e9taro como parte del Programa de Abasto Rural \u2014que tiene la finalidad de garantizar a familias pobres el acceso econ\u00f3mico a productos de la canasta b\u00e1sica\u2014 y se efectu\u00f3 con base en un acuerdo para agilizar compras ante la pandemia de COVID-19.<\/p>\n La FGR sostiene que los recursos millonarios se pagaron por adelantado a Carregin, sin que la empresa haya entregado la totalidad del producto comprometido, am\u00e9n de que no hubo un contrato formal que amparara la adquisici\u00f3n, sino solo una \u201choja de pedido\u201d.<\/p>\n Adem\u00e1s, la fiscal\u00eda afirma que existi\u00f3 un acuerdo entre exfuncionarios y empresarios para favorecer espec\u00edficamente a ese proveedor, que fue contratado de manera directa y sin licitaci\u00f3n de por medio.<\/p>\n