{"id":53179,"date":"2022-09-14T11:40:37","date_gmt":"2022-09-14T17:40:37","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=53179"},"modified":"2022-09-14T09:19:46","modified_gmt":"2022-09-14T15:19:46","slug":"militarizacion-grupos-criminales-y-despojos-provocan-desplazamiento-forzado-en-16-comunidades-indigenas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=53179","title":{"rendered":"Militarizaci\u00f3n, grupos criminales y despojos provocan desplazamiento forzado en 16 comunidades ind\u00edgenas"},"content":{"rendered":"

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En M\u00e9xico, al menos 16 comunidades originarias viven situaciones de asedio y desplazamiento forzado, relacionadas a la militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica, la presencia de grupos criminales, paramilitares, conflictos agrarios y despojos, de acuerdo con un\u00a0informe<\/a>\u00a0realizado por la\u00a0Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas<\/strong>\u00a0(IPRI, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

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En M\u00e9xico, al menos 16 comunidades originarias viven situaciones de asedio y desplazamiento forzado, relacionadas a la militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica, la presencia de grupos criminales, paramilitares, conflictos agrarios y despojos, de acuerdo con un\u00a0informe<\/a>\u00a0realizado por la\u00a0Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas<\/strong>\u00a0(IPRI, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

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\"Militarizaci\u00f3n,<\/a>

Militarizaci\u00f3n, grupos criminales y despojos provocan desplazamiento forzado en 16 comunidades ind\u00edgenas\u00a9\u00a0Agencia Cuartoscuro<\/p><\/div>\n

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Los conflictos territoriales en los estados de\u00a0Chihuahua, Chiapas, Sonora, Michoac\u00e1n, Yucat\u00e1n y Guerrero<\/strong>\u00a0ha provocado el desplazamiento de familias y comunidades enteras, \u201cque viven amenazadas y en situaciones de verdadera cat\u00e1strofe y precariedad que se agravan con el paso del tiempo, sin que exista una estrategia gubernamental dirigida a atender dichas situaciones\u201d.<\/p>\n

Por ello, organizaciones sociales\u00a0pidieron a la Relatora\u00a0<\/a>Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary \u2013quien estuvo en M\u00e9xico del 29 de agosto al pasado 9 de septiembre\u2013<\/a>\u00a0que tome en cuenta a esta poblaci\u00f3n para la elaboraci\u00f3n de su informe final sobre la situaci\u00f3n del pa\u00eds, mismo que entregar\u00e1 en junio de 2023.<\/p>\n

Las comunidades afectadas<\/b><\/h2>\n

En Chihuahua, el IPRI document\u00f3 que las comunidades de Monteverde, el Manzano, San El\u00edas Repechique, Tehuerichi y Huitosachi han tenido que abandonar sus tierras, a causa de amenazas y el asedio de grupos del\u00a0narcotr\u00e1fico<\/strong>, a pesar de que han ganado amparos para que las autoridades los protejan y reconozcan su tenencia de las propiedades que les han sido arrebatadas.<\/p>\n

Familias ind\u00edgenas\u00a0rar\u00e1muris<\/strong>, relataron al IPRI que tuvieron que abandonar su casa en 2014, luego de que algunos de sus integrantes fueron secuestrados y asesinados. Aunque despu\u00e9s intentaron volver a su rancho, las amenazas constantes a trav\u00e9s de mensajes de texto, y la presencia de hombres armados en Monteverde, Chihuahua, las obligaron a huir nuevamente, cediendo sus sembrad\u00edos de manzanos a los de mariguana y amapola.<\/p>\n

De manera similar, en la comunidad de El Manzano, municipio de Uruachi, por lo menos 37 personas tuvieron que abandonar sus casas y pertenencias desde 2015, cuando un grupo criminal lleg\u00f3 a controlar el territorio para la siembra de enervantes, sometiendo a trabajo forzado a sus habitantes.<\/p>\n

Pese a que en estos casos, como en los de Repechique, Tehuerichi y Huitosachi, los habitantes de las comunidades ind\u00edgenas buscaron el apoyo gubernamental para recuperar sus bienes, seg\u00fan el informe del IPRI, \u201clas autoridades han sido omisas y no hay respuestas de su parte\u201d, a\u00fan cuando instancias internacionales, como la Comisi\u00f3n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno emitir medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n

Ind\u00edgenas\u00a0tsotsiles<\/strong>\u00a0y de la comunidad de Acteal, Chiapas, han denunciado la incursi\u00f3n del crimen organizado en sus comunidades, que con ataques armados han provocado asesinatos, desplazamiento forzado y el asedio constante de sus pobladores, aunque las autoridades mexicanas atribuyen dicha situaci\u00f3n a una disputas territoriales.<\/p>\n

En 2016, siete familias tsotsiles que viv\u00edan dentro de tierras en disputa fueron despojadas por la fuerza de 60 hect\u00e1reas de terreno, y fueron obligadas a refugiarse en las monta\u00f1as, y ante la inacci\u00f3n de las autoridades, las agresiones se recrudecieron en las comunidades de Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro, Cotzilnam y Tselejpotobtic, situaci\u00f3n que ha dejado como saldo varias personas heridas y asesinadas, as\u00ed como el desplazamiento de otras familias.<\/p>\n

En Acteal, defensores comunitarios han sido asesinados y viven bajo amenazas constantes de grupos cuyo inter\u00e9s es el control territorial de la poblaci\u00f3n, as\u00ed como la intimidaci\u00f3n partidista, sin que las autoridades intervengan, por lo que el IPRI concluye que \u201ces m\u00e1s factible o ben\u00e9fico producir una imagen err\u00f3nea de conflictos intercomunitarios que buscar alternativas al problema de fondo\u201d.<\/p>\n

Mientras, en Zit\u00e1cuaro, Michoac\u00e1n, ind\u00edgenas de pueblos mazahua y h\u00f1ah\u00f1u han denunciado amenazas, extorsiones, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado, motivados por grupos criminales que buscan sacar ganancia de la tala ilegal de los bosques y la siembra de aguacate.<\/p>\n

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En Yucat\u00e1n, la comunidad de Hom\u00fan, uno de los 53 municipios dentro de la Reserva Estatal Geohidrol\u00f3gica del Anillo de Cenotes, denuncian que viven una situaci\u00f3n de amenaza y desprotecci\u00f3n, debido a la instalaci\u00f3n de una granja de cerdos que ha contaminado los cuerpos de agua con los que los pueblos ind\u00edgenas guardan un v\u00ednculo espiritual.<\/p>\n

Desde 2017, han presentado diversas acciones legales, entre ellas una denuncia ante autoridades de protecci\u00f3n ambiental, amparos, recursos de revisi\u00f3n, sin que hasta ahora las autoridades hayan dado una respuesta a favor de los pobladores que se quejan de los malos olores y las enfermedades causadas por los desechos de la granja que los despoj\u00f3 de los cenotes que cuidaban y administraban para generar ingresos tur\u00edsticos.<\/p>\n

En el caso de la comunidad de Chablekal, en el mismo estado, ind\u00edgenas mayas llevan peleando desde 1927 que el gobierno los dote de tierras a trav\u00e9s de un modelo de comunidad agraria, y no como ejido, debido a que con la creaci\u00f3n de ejidos en tierras ancestrales se les han arrebatado terrenos que consideran suyas por tradici\u00f3n \u201cdesde tiempos inmemoriales\u201d.<\/p>\n

La situaci\u00f3n se ha venido agravando luego de que, a final de la d\u00e9cada de los 90, Chablekal fue alcanzada por la especulaci\u00f3n inmobiliaria, lo que motiv\u00f3 la venta de tierras, la depuraci\u00f3n del padr\u00f3n ejidal y la privaci\u00f3n de los derechos agrarios de la poblaci\u00f3n con el Programa de Certificaci\u00f3n de Derechos Ejidales y Titulaci\u00f3n de Solares, con el que se limitaban las garant\u00edas de los propietarios que se negaran a poner a la venta sus terrenos.<\/p>\n

Para otras comunidades de Sonora, Guerrero y Oaxaca, el asedio y el desplazamiento forzado ha sido motivado por sus labores de defensa del territorio contra\u00a0megaproyectos<\/strong>\u00a0que buscan establecerse en sus tierras.<\/p>\n

Desde 2010, el pueblo yaqui de Loma de Bacum, Sonora, comenz\u00f3 una lucha contra la construcci\u00f3n de un acueducto que surtir\u00eda de agua a la capital del estado, Hermosillo. La comunidad se ampar\u00f3, primero, porque no fueron consultados sobre el megaproyecto, y en 2014 contra la suspensi\u00f3n del mismo, pero fueron ignorados por la empresa constructora que, en 2019, consigui\u00f3 un fallo a su favor para comenzar con la obra.<\/p>\n

Adem\u00e1s de las amenazas y asedio que vive esta comunidad debido a su lucha por la defensa del territorio, han sido obligados a abandonar sus tierras, y en algunos casos, sus habitantes han sido v\u00edctimas de desaparici\u00f3n.<\/p>\n

En Oaxaca, desde el a\u00f1o 2006, 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, afrooaxaque\u00f1os y mestizos constituyeron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del R\u00edo Verde (COPUDEVER) para luchar en contra de la imposici\u00f3n de la presa\u00a0hidroel\u00e9ctrica<\/strong>\u00a0\u201cPaso de la Reyna\u201d y el proyecto del R\u00edo Verde.<\/p>\n

En Guerrero, por su parte, en 2003 ind\u00edgenas y campesinos de municipios cercanos a Acapulco y Juan R. Escuderos, se organizaron y crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, para protestar contra la instalaci\u00f3n del proyecto hidroel\u00e9ctrico en el r\u00edo Papagayo, cuyo impacto negativo calculado en este momento ser\u00eda contra 24 comunidades y desplazar\u00eda a m\u00e1s de 25 mil personas.<\/p>\n

Pueblos ind\u00edgenas exigen reconocimiento como v\u00edctimas<\/b><\/h2>\n

En el marco de la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, organizaciones de la sociedad civil pidieron a la especialista escuchar a las comunidades afectadas y considerarlas en su informe final, adem\u00e1s emitieron una serie de recomendaciones al Estado mexicano, para atender la problem\u00e1tica que se incrementa conforme los conflictos territoriales avanzan y los grupos criminales ganan terreno a lo largo y ancho del pa\u00eds.<\/p>\n

Pidieron la aprobaci\u00f3n inmediata de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que actualmente se encuentra congelada en el Senado de la Rep\u00fablica, as\u00ed como que se reconozca y se otorgue la calidad de v\u00edctimas sin que sea necesario que presenten una denuncia penal o que se emita una recomendaci\u00f3n de un organismo p\u00fablico de derechos humanos.<\/p>\n

Asimismo, exigieron reorientar el abordaje del tema de la seguridad p\u00fablica y restablecimiento de la paz, con un enfoque integral de derechos humanos; establecer una estrategia nacional de prevenci\u00f3n enfocada en eliminar las causas estructurales que influyen en los desplazamientos internos y cumplir con las leyes vigentes.<\/p>\n

Tambi\u00e9n solicitaron la implementaci\u00f3n de una pol\u00edtica p\u00fablica para garantizar medidas de reparaci\u00f3n integral, entre ellas el retorno seguro de las v\u00edctimas a sus comunidades, o la reubicaci\u00f3n en condiciones dignas de las personas, lo m\u00e1s parecidas a las que ten\u00edan previo al desplazamiento.<\/p>\n

Al concluir su visita por M\u00e9xico, la relatora Cecilia Jim\u00e9nez-Damary se\u00f1al\u00f3 que, aunque no hay una estad\u00edstica oficial sobre el n\u00famero de personas afectadas, se estima que cientos de miles han sido desplazadas internamente a causa de la\u00a0criminalidad, los desastres, la miner\u00eda, la tala ilegal y conflictos locales.<\/strong><\/p>\n

Jim\u00e9nez-Damary subray\u00f3 que la impunidad y las fallas en el sistema de justicia y de seguridad tambi\u00e9n son factores que inciden de manera importante en el desplazamiento de personas que por temor prefieren dejar sus hogares.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n

Con informaci\u00f3n de Animal Pol\u00edtico<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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