Aunque en este tiempo se han abierto investigaciones e iniciado procesos penales en contra de 12 exfuncionarios, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR<\/a>) ha limitado sus acusaciones a delitos menores \u2014principalmente ligados a omisiones de esos exservidores p\u00fablicos\u2014, pero no ha hecho imputaci\u00f3n alguna sobre el desv\u00edo de recursos.<\/p>\n Hasta el momento, p\u00fablicamente nada se sabe sobre el destino final del dinero desviado, sobre qui\u00e9nes permitieron las irregularidades o sobre los beneficiarios finales.<\/p>\n Rosario Robles, la \u00fanica funcionaria del gabinete investigada, fue acusada del delito de \u201cejercicio indebido de la funci\u00f3n p\u00fablica en su modalidad de omisi\u00f3n\u201d, pues, de acuerdo con la FGR, la exsecretaria no inform\u00f3 a su superior jer\u00e1rquico, el entonces presidente Pe\u00f1a Nieto, sobre el desv\u00edo millonario de recursos p\u00fablicos mientras era titular de la Sedesol y la Sedatu.<\/p>\n Robles estuvo tres a\u00f1os en prisi\u00f3n preventiva y, en agosto pasado,\u00a0sali\u00f3 del penal de Santa Martha Acatitla<\/a>\u00a0\u2014a petici\u00f3n de la FGR\u2014 para continuar con su proceso penal en libertad. Mientras tanto, la primera sentencia absolutoria en contra de un exrector fue dictada este noviembre, bajo el argumento que el hombre hab\u00eda sido acusado por una falta administrativa y no del orden penal.<\/p>\n El esquema de La Estafa Maestra consisti\u00f3 en que 11 dependencias del gobierno federal hicieron convenios con ocho universidades p\u00fablicas por 7 mil 670 millones de pesos, entre 2013 y 2014, para hacer supuestos servicios, que iban desde compra y reparto de medio mill\u00f3n de despensas en los municipios m\u00e1s pobres del pa\u00eds hasta intervenciones en pozos petroleros, digitalizaci\u00f3n de documentos o b\u00fasqueda de personas analfabetas.<\/p>\n Esto ocurri\u00f3 gracias a la utilizaci\u00f3n de la excepci\u00f3n del art\u00edculo 1 de la\u00a0Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P\u00fablico<\/a>, que regula las compras con recursos federales; dicha excepci\u00f3n permit\u00eda sustituir las licitaciones por convenios entre entidades de gobierno para la realizaci\u00f3n de alg\u00fan tipo de servicio, sin estar sujetos a las reglas de la ley referida. En este caso, las universidades eran los entes \u201ccontratados\u201d, pero los servicios nada ten\u00edan qu\u00e9 ver con su labor sustantiva de educaci\u00f3n o investigaci\u00f3n.<\/p>\n Las universidades, a su vez, subcontrataban hasta 98% del monto de los contratos \u2014lo que contraven\u00eda la limitante del art\u00edculo 1 de la propia Ley de Adquisiciones y del art\u00edculo 4 del Reglamento de esa misma ley, que establec\u00eda un m\u00e1ximo de 49% de subcontrataci\u00f3n con terceros\u2014, y a trav\u00e9s de 186 empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero p\u00fablico desapareci\u00f3 y los servicios no se hicieron.<\/p>\n El art\u00edculo 4 del\u00a0Reglamento de la Ley de Adquisiciones<\/a>\u00a0se\u00f1ala: \u201cPara efectos del sexto p\u00e1rrafo del art\u00edculo 1 de la Ley, se considerar\u00e1 que una dependencia, entidad o persona de derecho p\u00fablico que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por s\u00ed misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, este no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado con el ente p\u00fablico. Si el contrato se integra por varias partidas, el porcentaje se aplicar\u00e1 para cada una de ellas\u201d.<\/p>\n En toda la trama estuvieron involucrados directamente al menos una centena de funcionarios de las dependencias y universidades que firmaron los convenios, pero tambi\u00e9n estaban considerados los titulares de las dependencias y oficiales mayores pues, seg\u00fan la ley, ten\u00edan la responsabilidad de administrar y vigilar la correcta aplicaci\u00f3n de los recursos y el funcionamiento de las respectivas instituciones, as\u00ed como ten\u00edan la obligaci\u00f3n de administrar con eficiencia, eficacia, econom\u00eda, transparencia, honradez e imparcialidad los recursos destinados a la adquisici\u00f3n de bienes y servicios 1. A su vez, la ley prev\u00e9 que, en caso de la contrataci\u00f3n de servicios de consultor\u00edas, asesor\u00edas, estudios e investigaciones, la erogaci\u00f3n para esa contrataci\u00f3n requiera la autorizaci\u00f3n del titular de la dependencia 2.<\/p>\n La Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF<\/a>) interpuso las primeras seis denuncias penales por este caso en contra de la Sedesol y las universidades de Morelos y del Estado de M\u00e9xico, en octubre de 2015, por presuntas irregularidades en el uso de recursos p\u00fablicos y de la excepci\u00f3n del art\u00edculo 1 de la Ley de Adquisiciones.<\/p>\n Por estas denuncias es que la FGR inici\u00f3 procesos judiciales en contra de funcionarios menores involucrados y, en 2018, comenzaron a abrirse carpetas de investigaci\u00f3n que avanzaron hasta 2019.<\/p>\n A final de 2018, las organizaciones Tojil y Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad interpusieron una denuncia penal por el desv\u00edo solo en la Sedesol, debido a que era la dependencia con el segundo monto m\u00e1s importante entre las 11 dependencias y a que el destino de los recursos era los beneficiarios de programas sociales, las personas m\u00e1s pobres del pa\u00eds.<\/p>\n El delito que acusaban era cohecho, lo que obligar\u00eda a la autoridad a seguir la ruta del dinero en la investigaci\u00f3n judicial y, adem\u00e1s, se asumieron como v\u00edctimas bajo la tesis de que la sociedad era v\u00edctima de la corrupci\u00f3n, al tratarse de recursos p\u00fablicos. Esto \u00faltimo les permitir\u00eda tener acceso a la carpeta de investigaci\u00f3n, pero despu\u00e9s de unos meses, la FGR las limit\u00f3, dej\u00f3 de reconocerlas como partes afectadas y despu\u00e9s definitivamente las dej\u00f3 fuera del caso.<\/p>\n Esa fue la denuncia que la FGR us\u00f3 para iniciar un proceso en contra de Rosario Robles, a quien acus\u00f3 por el delito de \u201cejercicio indebido de la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d y quien fue citada a audiencia en agosto de 2019.<\/p>\n Meses antes, el\u00a024 de enero de 2019<\/a>, el nuevo fiscal, Alejandro Gertz Manero, inform\u00f3 que La Estafa Maestra ser\u00eda investigada como delincuencia organizada. \u201cDebi\u00f3 investigarse desde el inicio la hip\u00f3tesis de colusi\u00f3n para organizar un enorme saqueo desde el poder y ser\u00e1 necesario reestructurar todo desde perspectiva de delincuencia organizada y que posiblemente fue encubierto todo por el Estado\u201d, dijo entonces.<\/p>\n Sin embargo, la FGR no abri\u00f3 una investigaci\u00f3n global que observara La Estafa Maestra como un gran esquema de delincuencia organizada. Los casos derivados se han tratado de manera aislada, investigando solo la participaci\u00f3n de exfuncionarios en convenios en espec\u00edfico, en una firma o en un procedimiento en una universidad, sin considerar la trama completa.<\/p>\n A cuatro a\u00f1os, con una fiscal\u00eda aut\u00f3noma y en otro gobierno, La Estafa Maestra sigue impune\u00a9\u00a0Proporcionado por Animal Pol\u00edtico<\/p><\/div>\n Rosario Robles fue la \u00fanica exsecretaria de Estado en enfrentar un proceso judicial, acusada del delito de \u201cejercicio indebido de la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d, debido a omisiones, al no impedir que ocurriera el desv\u00edo de recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s de la firma de convenios entre la Sedesol y la Sedatu con universidades p\u00fablicas y medios estatales de radio y televisi\u00f3n.<\/p>\n Fue citada a audiencia el 9 de agosto de 2019 por el delito de \u201cejercicio indebido de la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d. Pese a que este delito no amerita prisi\u00f3n preventiva oficiosa, el juez Felipe de Jes\u00fas Delgadillo Padierna \u2014sobrino de la exlegisladora Dolores Padierna\u2014 decidi\u00f3 imponer a Robles dicha medida cautelar de manera \u201cjustificada\u201d, luego de que la FGR argument\u00f3 un supuesto \u201criesgo de fuga\u201d. Por ello, fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla el 13 de agosto de 2019.<\/p>\n Entre las principales consideraciones expuestas por los fiscales, estuvo una licencia de conducir supuestamente localizada por el Centro Nacional de Planeaci\u00f3n, An\u00e1lisis e Informaci\u00f3n para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), el \u00f3rgano de inteligencia de la FGR, en la que Robles document\u00f3 una direcci\u00f3n distinta a la que registr\u00f3 para su localizaci\u00f3n ante la autoridad judicial.<\/p>\n Esto, dijo el juez, significaba una discrepancia determinante para ser localizada y, por tanto, exist\u00eda riesgo de fuga; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 una contradicci\u00f3n de su defensa sobre el motivo del viaje al extranjero en el que estaba la exfuncionaria cuando recibi\u00f3 el citatorio, pues un abogado dijo que era por vacaciones y otro por un curso. Robles tampoco ten\u00eda arraigo en la Ciudad de M\u00e9xico por no tener empleo en ese momento y por tener una \u201cred\u201d de amigos que podr\u00edan ayudarle a escapar.<\/p>\n En septiembre de 2020, la Secretar\u00eda de Movilidad de la CDMX (Semovi) confirm\u00f3 la existencia de una sola licencia legal, y reconoci\u00f3 que un\u00a0\u201cpresunto uso ilegal\u201d<\/a>\u00a0del tr\u00e1mite permiti\u00f3 la falsificaci\u00f3n de un segundo documento.<\/p>\n La defensa impugn\u00f3 la medida cautelar de prisi\u00f3n mediante un amparo que fue resuelto el 17 de diciembre de 2019 por la magistrada\u00a0Isabel Cristina Porras Odriozola, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien resolvi\u00f3<\/a>, en la toca penal 385\/2019-NS, que en la decisi\u00f3n tomada por el juez Delgadillo Padierna hubo incongruencias y violaciones a los derechos humanos, a la presunci\u00f3n de inocencia y al debido proceso.<\/p>\n No obstante, la magistrada no revoc\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva ni la modific\u00f3 por otra medida m\u00e1s leve, como el resguardo domiciliario o el uso de un localizador electr\u00f3nico, sino que \u00fanicamente pidi\u00f3 a la defensa de Robles que acudiera de nuevo ante el juez Delgadillo Padierna para solicitarle revisar su decisi\u00f3n sobre la imposici\u00f3n de la medida cautelar.<\/p>\n En enero de 2020, interpuso un nuevo amparo ante esa resoluci\u00f3n para lograr el cambio de medida cautelar, mismo que fue admitido a tr\u00e1mite por el magistrado Jos\u00e9 Alfonso Montalvo Mart\u00ednez, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n solo para el efecto de que Robles quede a disposici\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional.<\/p>\n El juez Delgadillo Padierna, responsable de vincular a proceso y ordenar la prisi\u00f3n preventiva de la exsecretaria, fue rotado al puesto de \u201cjuez administrador\u201d del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, responsabilidad en la que, por la naturaleza del cargo, se ocup\u00f3 de gestiones administrativas en dicho centro, sin conducir ninguna audiencia. Por tanto, qued\u00f3 fuera del caso a partir de enero de 2020.<\/p>\n El nuevo juez en el caso de Robles, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determin\u00f3 en una audiencia realizada el 5 de febrero de 2020 que se mantuviera la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva contra la exsecretaria, al considerar \u201cinfundada\u201d la solicitud de la defensa de cambiar la medida de prisi\u00f3n preventiva por el uso de un brazalete electr\u00f3nico.<\/p>\n Uno de los argumentos del juez para desestimar la petici\u00f3n de la defensa fue que, en audiencias anteriores, su equipo legal dijo que el \u00fanico domicilio de Robles es el de la calle de Las Flores 91, en Coyoac\u00e1n, y ese d\u00eda admiti\u00f3 que tambi\u00e9n vivi\u00f3 en un departamento en Reforma 222 y en Tennyson 223, en Polanco.<\/p>\n En tanto, el 24 de febrero de 2020, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito resolvi\u00f3 anular el juicio de amparo contra la medida de prisi\u00f3n preventiva justificada. \u201cSe sobresee en el juicio de amparo promovido contra los actos reclamados consistentes en la resoluci\u00f3n de 17 de diciembre de 2019 (\u2026) que confirm\u00f3 con precisiones y salvedades, la imposici\u00f3n de la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva justificada, ordenada en la continuaci\u00f3n de la audiencia inicial de 22 de octubre de 2019, en la causa penal\u201d, dice la resoluci\u00f3n.<\/p>\n En septiembre de 2020, la FGR solicit\u00f3 21 a\u00f1os de prisi\u00f3n contra Robles, a partir de una acusaci\u00f3n por presuntas omisiones construida con 288 pruebas, m\u00e1s del 60% de ellas extra\u00eddas de trabajos previos realizados por la ASF.<\/p>\n La acusaci\u00f3n formal presentada por la FGR ante un juez federal tras un a\u00f1o de investigaciones ofreci\u00f3 como testigos principales a los auditores que indagaron posibles desv\u00edos de recursos en la Sedesol y la Sedatu de 2013 y 2018, entre ellos el exauditor superior Juan Manuel Portal y la exauditora forense Muna Dora Buchahin.<\/p>\n La FGR tambi\u00e9n ofreci\u00f3 al juez las copias de los convenios, los antecedentes de procesos iniciados contra otros exfuncionarios de menor rango y 13 discos compactos con presentaciones en Power Point.<\/p>\n Seg\u00fan la FGR, las presuntas omisiones en las que incurri\u00f3 Robles permitieron un desv\u00edo de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos del erario. Aunque la fiscal responsable de presentar la acusaci\u00f3n reconoci\u00f3 que no se le imputa el desv\u00edo como tal (en la indagatoria no hay trabajo de seguimiento de cuentas bancarias ni propiedades), s\u00ed se pide que devuelva el dinero, esto \u00faltimo, como parte de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o al erario.<\/p>\n En noviembre de 2020, la FGR obtuvo 11 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en contra de exfuncionarios federales, un exrector y supuestos accionistas de empresas fantasma, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Estas \u00f3rdenes fueron solicitadas por la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO), como parte de la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/SEIDO\/UEIORPIFAM-CDMX\/0001220\/2019.<\/p>\n Dicha carpeta se inici\u00f3 a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/a>) presentada en septiembre de 2019, y se ha complementado con la revisi\u00f3n de al menos uno de los convenios que la Sedesol firm\u00f3 el sexenio pasado y que forman parte del esquema descrito en La Estafa Maestra.<\/p>\n Sin embargo, en dicha denuncia, con el n\u00famero de oficio 110\/142\/2019, la UIF no encontr\u00f3 irregularidades en las cuentas bancarias de Robles, pero s\u00ed en las finanzas de Emilio Zebad\u00faa, quien hab\u00eda sido oficial mayor de la Sedesol y la Sedatu. No obstante, la FGR no solicit\u00f3 orden de aprehensi\u00f3n en su contra.<\/p>\n A cuatro a\u00f1os, con una fiscal\u00eda aut\u00f3noma y en otro gobierno, La Estafa Maestra sigue impune\u00a9\u00a0Proporcionado por Animal Pol\u00edtico<\/p><\/div>\n El 29 de marzo de 2021, concluyeron las audiencias de la etapa intermedia de este proceso, en el cual, tanto la defensa de Robles como los fiscales de la FGR ofrecieron su listado de pruebas con las que ambas partes buscar\u00edan ganar un eventual juicio. Sin embargo, la apertura de ese juicio no ha sido ordenada, derivado de que la defensa de la exsecretaria, seg\u00fan lo han declarado sus abogados, busca obtener un criterio de oportunidad que le evite ser enjuiciada.<\/p>\n En junio de 2021, el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mej\u00eda Ojeda, resolvi\u00f3 que los derechos de Robles fueron violados al hab\u00e9rsele ratificado, en abril de 2020, una prisi\u00f3n preventiva justificada sin que se valoraran correctamente otras medidas alternas como un resguardo domiciliario.<\/p>\n Dicha ratificaci\u00f3n tuvo lugar en una audiencia de revisi\u00f3n de medida cautelar que hab\u00edan solicitado los abogados defensores de la exsecretaria, en la que plantearon que la prisi\u00f3n preventiva dictada a Robles desde que se present\u00f3 voluntariamente a comparecer ante el juez en agosto de 2019 era desproporcionada e injustificada.<\/p>\n La defensa sostuvo lo anterior luego de que logr\u00f3 probar que los fiscales de la FGR hab\u00edan sustentado la petici\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva en documentos falsos, como una licencia de conducir con un domicilio distinto que la exfuncionaria nunca tramit\u00f3.<\/p>\n Sin embargo, pese a que dicha evidencia fue desvirtuada, el juez Ganther Villar Ceballos ratific\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva justificada con otros argumentos, como que pod\u00eda obtener recursos de terceros para intentar sustraerse de la justicia.<\/p>\n La FGR y la ASF impugnaron dicho amparo, pero en julio de 2021 los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado lo ratificaron, quedando firme.<\/p>\n Los magistrados Ricardo Paredes Calder\u00f3n, Emma Meza Fonseca y Juan Carlos Ram\u00edrez Ben\u00edtez establecieron que la decisi\u00f3n de extender la prisi\u00f3n preventiva dictada a Robles, como parte de su proceso relacionado con La Estafa Maestra, viola el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n Dicho art\u00edculo se\u00f1ala que nadie puede ser molestado por alguna autoridad a menos de que exista una \u201ccausa fundada y motivada\u201d. \u201cEl acto reclamado (la resoluci\u00f3n del juez de no modificar la prisi\u00f3n preventiva) transgrede el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n que establece que todo acto de molestia debe estar debidamente fundado y motivado\u201d, indic\u00f3 el tribunal.<\/p>\n En octubre de 2021, el juez responsable del proceso penal contra Robles decidi\u00f3, de nueva cuenta, mantener la medida de prisi\u00f3n preventiva contra la exfuncionaria por tres razones: que no revel\u00f3 desde un inicio las casas en las que vivi\u00f3 en el pasado, que su defensor se contradijo sobre el motivo de su viaje al extranjero que realiz\u00f3 antes de ser citada y que sus abogados dijeron que no ten\u00edan un documento que s\u00ed se les hab\u00eda entregado.<\/p>\n Robles present\u00f3 una nueva demanda de amparo contra la decisi\u00f3n del juez Villar Ceballos en noviembre de 2021, misma que fue resuelta d\u00edas despu\u00e9s por el juez federal de amparo Augusto Mej\u00eda Ojeda, quien anul\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva y orden\u00f3 que se citara a una audiencia para definir si la manten\u00edan en prisi\u00f3n o la liberan.<\/p>\n El juez se\u00f1al\u00f3 que se incumpli\u00f3 con la instrucci\u00f3n que se dio al juez Villar Ceballos de justificar el motivo por el que ten\u00eda que permanecer en prisi\u00f3n o, en su caso, cambiarle la medida cautelar.<\/p>\n El 30 de diciembre, cuando se realiz\u00f3 la audiencia ordenada por el juez Villar Ceballos, reiter\u00f3 dicha medida, por lo que la exsecretaria continu\u00f3 recluida en Santa Martha Acatitla.<\/p>\n Finalmente, la noche del viernes 19 de agosto de 2022, Robles fue puesta en libertad debido a que la FGR \u201cvalor\u00f3 el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicit\u00f3 al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva justificada\u201d, seg\u00fan explic\u00f3 la propia fiscal\u00eda en un comunicado.<\/p>\n A la par de la acusaci\u00f3n que enfrenta por el delito de uso indebido de la funci\u00f3n p\u00fablica, Robles enfrenta otra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, gracias a un amparo, hasta ahora ha logrado frenar una orden de aprehensi\u00f3n en su contra por esta causa,\u00a0de acuerdo con el diario\u00a0El Pa\u00eds<\/i><\/a>. Esto significa que por estos delitos a\u00fan no hay un proceso penal abierto contra Robles.<\/p>\n A cuatro a\u00f1os, con una fiscal\u00eda aut\u00f3noma y en otro gobierno, La Estafa Maestra sigue impune\u00a9\u00a0Proporcionado por Animal Pol\u00edtico<\/p><\/div>\n Emilio Zebad\u00faa es el funcionario que administr\u00f3 los recursos de la Sedesol y la Sedatu cuando ocurrieron los desv\u00edos, pero ha logrado evadir la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n por \u201cejercicio indebido del servicio p\u00fablico\u201d incluido en la misma carpeta de investigaci\u00f3n que mantuvo a Robles en prisi\u00f3n.<\/p>\n Aunque la UIF investig\u00f3 las finanzas de Robles, Ram\u00f3n Sosamontes, Zebad\u00faa y sus hermanos, solo estos \u00faltimos reportan gastos por 205 millones de pesos que no son acordes con sus ingresos.<\/p>\n Jos\u00e9 Ram\u00f3n Zebad\u00faa es representante legal de Emilio Zebad\u00faa y, aunque no report\u00f3 empleo e ingresos ante el SAT, ha comprado propiedades en Estados Unidos y ha hecho pagos millonarios a tarjetas de cr\u00e9dito. Lourdes Zebad\u00faa, quien tampoco tiene empleo, ha gastado millones de pesos en casinos, actividad considerada como riesgosa pues es empleada para el lavado de dinero.<\/p>\n Adem\u00e1s, Emilio Zebad\u00faa nombr\u00f3 a su hermano Jos\u00e9 Ram\u00f3n como su apoderado legal; este, sin registrar el origen de sus ingresos, compr\u00f3 cuatro inmuebles en Estados Unidos valuados en\u00a01 mill\u00f3n 131 mil d\u00f3lares<\/a>.<\/p>\n Dicho monto no corresponde con los ingresos de ninguno de los tres, lo que \u201chace probable que Emilio Zebad\u00faa percibiera diversas cantidades de efectivo por la comisi\u00f3n de actos de corrupci\u00f3n, pues ninguna otra justificaci\u00f3n se encuentra en la conducta de un servidor p\u00fablico\u201d, dice la denuncia de la UIF.<\/p>\n Sin embargo, ninguno de los hermanos Zebad\u00faa fue incluido en la carpeta de investigaci\u00f3n de la SEIDO, ni est\u00e1 entre las 11 personas con \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n.<\/p>\n Tras la indagatoria de la UIF,\u00a0Emilio y Lourdes Zebad\u00faa<\/a>\u00a0lograron una suspensi\u00f3n provisional para que sus bienes no fueran tocados. El recurso fue concedido por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, el mismo que durante un a\u00f1o fren\u00f3 cualquier acci\u00f3n legal en contra del exoficial mayor, y cuyo secretario de acuerdos ya fue suspendido durante seis meses por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF<\/a>), luego de que el \u00f3rgano determinara que actu\u00f3 de forma irregular al otorgar un amparo al empresario Alonso Ancira argumentando que la acusaci\u00f3n de lavado de dinero en su contra hab\u00eda prescrito cuando no era as\u00ed.<\/p>\n La demanda de amparo fue interpuesta el 31 de mayo, y ese mismo d\u00eda el juzgado la admiti\u00f3 y la radic\u00f3 bajo el expediente 229\/2020; un d\u00eda despu\u00e9s, concedi\u00f3 a los Zebad\u00faa la suspensi\u00f3n provisional que sigue vigente hasta ahora. La audiencia para definir si se les concede o no la suspensi\u00f3n definitiva se ha diferido desde entonces en 18 ocasiones, debido a retrasos en los env\u00edos de los requerimientos de informaci\u00f3n a las autoridades.<\/p>\n De acuerdo con registros judiciales, el juzgado ha optado por utilizar el correo tradicional e incluso telegramas para solicitar informaci\u00f3n a la FGR en la Ciudad de M\u00e9xico, pero en varias ocasiones las direcciones proporcionadas no han sido las correctas.<\/p>\n En 2021, Zebad\u00faa busc\u00f3 un criterio de oportunidad ante la FGR, del que no se sabe si fue concretado, por lo que realiz\u00f3 una declaraci\u00f3n ministerial en la que acus\u00f3 a Robles y Luis Videgaray como responsables de La Estafa Maestra, adem\u00e1s de otros funcionarios menores, pero sin aportar ninguna prueba.<\/p>\n A cuatro a\u00f1os, con una fiscal\u00eda aut\u00f3noma y en otro gobierno, La Estafa Maestra sigue impune\u00a9\u00a0Proporcionado por Animal Pol\u00edtico<\/p><\/div>\n Por otra parte, el primer absuelto del caso fue Juan de Dios Nochebuena Hern\u00e1ndez, exrector de la Universidad Polit\u00e9cnica Francisco I. Madero, de Hidalgo, quien hab\u00eda sido acusado de uso indebido de atribuciones y funciones en un convenio realizado con la Sedatu, en 2015, por 185 millones 839 mil 480 pesos.<\/p>\n El juez de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villase\u00f1or, constituido en tribunal de enjuiciamiento,\u00a0dict\u00f3 una sentencia absolutoria<\/a>\u00a0tras el proceso en su contra iniciado en 2018, seg\u00fan lo report\u00f3 el peri\u00f3dico\u00a0Reforma<\/i>. El juez determin\u00f3 que la acusaci\u00f3n en contra de Nochebuena era de \u00edndole administrativa y no penal, como hab\u00eda sostenido la FGR. Esto, debido a que lo acusaba de fallas durante la contrataci\u00f3n, pero, seg\u00fan la defensa, los servicios contratados s\u00ed se realizaron. Para el juez, la FGR no pudo aportar pruebas para demostrar que no hubiera ocurrido as\u00ed y que el exrector participara en alg\u00fan esquema de corrupci\u00f3n.<\/p>\n Enrique B\u00e1ez, de exdirector de Programaci\u00f3n y presupuesto de la Sedesol y la Sedatu, como subalterno directo de Zebad\u00faa, era el funcionario que ten\u00eda en su responsabilidad las claves de acceso al sistema de la dependencia que administra el presupuesto. Su firma permit\u00eda la salida de recursos p\u00fablicos de ambas dependencias.<\/p>\n Fue acusado en 2019 por el delito de \u201cejercicio indebido del servicio p\u00fablico\u201d por el convenio de 185 millones de pesos entre la Sedatu y la Universidad de Hidalgo Francisco I. Madero. No obstante, el juez Fernando Pay\u00e1 Ayala determin\u00f3 no vincular a proceso al considerar que la FGR no present\u00f3 los elementos m\u00ednimos suficientes para sostener el delito, decisi\u00f3n que la fiscal\u00eda no apel\u00f3.<\/p>\n Adem\u00e1s, desde febrero de 2019, interpuso seis amparos para retrasar el proceso judicial. El primer amparo n\u00famero 617\/2018 fue tramitado por B\u00e1ez el 31 de julio de 2018, solo para saber si exist\u00eda una orden de aprehensi\u00f3n. Este proceso finaliz\u00f3 el 17 de septiembre del mismo a\u00f1o con el sobreseimiento del amparo, es decir, el juez termin\u00f3 el proceso porque no encontr\u00f3 causas que justificaran la acci\u00f3n.<\/p>\n El 30 de noviembre de 2018, tramit\u00f3 el amparo n\u00famero 1051\/2018 argumentando \u201clas omisiones de citarlo a comparecer en su calidad de imputado para hacerle saber sobre la acusaci\u00f3n, los datos de prueba o elementos que existen en su contra\u201d, como parte de las carpetas de investigaci\u00f3n FED\/SEIDF\/UEIDCSPCAJ-MOR\/0001408\/2017, FED\/SEIDF\/UNAI-CDMX\/0001929\/2017 y FED\/SEIDF\/UNAI-CDMX\/0000011\/18.<\/p>\n Esto le permiti\u00f3 que el juez le concediera una suspensi\u00f3n provisional el 5 de diciembre de 2018, por la cual obtuvo la suspensi\u00f3n de la audiencia incidental prevista para el 11 de diciembre de 2018.<\/p>\n El amparo 1062\/2018 fue interpuesto el 3 de diciembre de 2018 y concluido el 11 de enero de 2019, por \u201cincompetencia por conocimiento previo\u201d; esto fue dictado por el juez al considerar la existencia de dos amparos previos donde argumenta que no se le hab\u00eda notificado para presentarse a audiencia. Esta resoluci\u00f3n le permiti\u00f3 \u201cdejar sin efectos\u201d la audiencia prevista para el 23 de enero de 2019.<\/p>\n El 30 de noviembre reclam\u00f3 en el amparo 1050\/2018 \u201cactos fuera de juicio\u201d, por no haberle notificado de una audiencia inicial fijada para el 29 de noviembre de 2018, donde se har\u00eda la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de cargos en la causa penal 444\/2018.<\/p>\n Sin embargo, el 5 de diciembre de 2018, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX, Augusto Octavio Mej\u00eda Ojeda, desech\u00f3 el amparo al considerar que la cita a la audiencia \u201cno ocasionaba un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o alg\u00fan otro, pues la facultad que ejerce el juez de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el an\u00e1lisis de los hechos delictuosos o la probable participaci\u00f3n del imputado en su comisi\u00f3n, pues simplemente representa un aviso de que aquel debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional\u201d.<\/p>\n El 4 de diciembre, volvi\u00f3 a interponer un recurso para saber si hab\u00eda una orden de aprehensi\u00f3n en su contra, pero esta vez en el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX; este se declar\u00f3 incompetente y, el 30 de enero, la Secretar\u00eda Ejecutiva de Creaci\u00f3n de Nuevos \u00d3rganos resolvi\u00f3 que el amparo le correspond\u00eda al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n En tanto, los amparos 24\/2019 y 27\/2019 interpuestos el 10 de enero de 2019 reclamaban tambi\u00e9n la omisi\u00f3n de citar a comparecer en calidad de imputado a B\u00e1ez, como parte de la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/SEIDF\/UNAI-CDMX\/11\/18 y la FED\/SEIDF\/UEIDCSPCAJ-MOR\/0001408\/2017.<\/p>\n En paralelo a las acusaciones penales, corrieron procedimientos administrativos.<\/p>\n En diciembre de 2018, la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP<\/a>) determin\u00f3 una multa por 158 millones de pesos y la inhabilitaci\u00f3n por 10 a\u00f1os por \u201cla omisi\u00f3n para permitir indebidamente que se solicitara una ampliaci\u00f3n de recursos por m\u00e1s de 158 millones de pesos, supuestamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural, que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); no obstante, dicha ampliaci\u00f3n fue ilegal y se omiti\u00f3 acreditar su uso y destino\u201d. Sin embargo en 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA<\/a>) anul\u00f3 la multa y la inhabilitaci\u00f3n.<\/p>\n Es el exfuncionario de m\u00e1s alto rango con procesos judiciales en su contra. En 2018, gracias a solicitudes de informaci\u00f3n, \u00e9l y su subalterno, Armando Salda\u00f1a, descubrieron que exist\u00edan un convenio general y dos espec\u00edficos entre la Sedatu y la Universidad de Hidalgo Francisco I. Madero, pero en los que no reconoc\u00edan sus firmas.<\/p>\n Ambos se lo informaron a Robles y a su oficial mayor, Zebad\u00faa, quienes respondieron que lo investigar\u00edan y resolver\u00edan. Sin embargo, Gonz\u00e1lez Tiburcio y Salda\u00f1a denunciaron ante el \u00d3rgano Interno de Control y despu\u00e9s ante al FGR por la falsificaci\u00f3n de firmas.<\/p>\n En enero de 2019, Gonz\u00e1lez Tiburcio pas\u00f3 de denunciante a imputado. Fue acusado de falsedad de declaraci\u00f3n y vinculado a proceso porque el juez consider\u00f3 que minti\u00f3 al asegurar que la firma era falsa, pues su defensa y la perito encargada del an\u00e1lisis se equivocaron al presentar su estudio y no lograron acreditar la inconsistencia de la firma.<\/p>\n Por este caso, el juez le impuso como medida cautelar acudir a firmar cada 15 d\u00edas al Reclusorio Norte desde 2019. En diciembre de 2021, otro juez federal lo vincul\u00f3 a un segundo proceso penal por el delito de \u201cuso indebido de atribuciones y facultades\u201d, por el mismo convenio con la Universidad Francisco I. Madero que caus\u00f3 un quebranto a la hacienda p\u00fablica por 185 millones de pesos.<\/p>\n En este segundo caso, la principal prueba fue la declaraci\u00f3n ministerial de Zebad\u00faa, quien \u2014buscando un criterio de oportunidad\u2014 hizo una declaraci\u00f3n ante la FGR en la que acus\u00f3 a Gonz\u00e1lez Tiburcio de participar en el desv\u00edo de recursos, sin aportar ninguna prueba.<\/p>\n Armando Salda\u00f1a, exdirector general de Ordenamiento Territorial y Atenci\u00f3n a Zonas de Riesgo de la Sedatu y subalterno de Gonz\u00e1lez Tiburcio, tambi\u00e9n denunci\u00f3 la falsedad de su firma en el convenio que establece el pago de 185 millones de pesos a la Universidad Aut\u00f3noma de Hidalgo.<\/p>\n Pese a haber acreditado la falsedad de su firma, fue vinculado a proceso acusado de \u201cuso indebido de atribuciones y facultades\u201d. Salda\u00f1a, adem\u00e1s, est\u00e1 sujeto a proceso por falsedad de declaraci\u00f3n, de acuerdo con el diario\u00a0Reforma<\/i>.<\/p>\n Juan Manuel L\u00f3pez Arroyo, extitular de Planeaci\u00f3n y Relaciones Internacionales de la Sedesol,\u00a0<\/b>fue vinculado en dos procesos por un convenio con la Universidad Polit\u00e9cnica de Texcoco y la Universidad de Nezahualc\u00f3yotl, ambos por \u201cuso indebido de atribuciones y facultades\u201d por contratar de manera indebida los servicios a ambas universidades que no significaron las mejores condiciones para la Sedesol.<\/p>\n Su argumento es que los servicios s\u00ed se realizaron y que efectivamente su \u00e1rea no ten\u00eda suficiencia presupuestaria para pagar ambos convenios, pero la Oficial\u00eda Mayor era la \u00fanica \u00e1rea capaz de distribuir recursos entre la dependencia.<\/p>\n Jos\u00e9 Antolino Orozco, exdirector general de Geoestad\u00edstica y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol,\u00a0<\/b>fue vinculado a proceso por el delito de \u201cuso il\u00edcito de atribuciones y facultades\u201d por la firma de un convenio por 77 millones de pesos con la Universidad Aut\u00f3noma del Estado de Morelos.<\/p>\n Logr\u00f3 tiempo gracias a que busc\u00f3 un criterio de oportunidad y declar\u00f3 que Rosario Robles estuvo enterada de las irregularidades de los convenios y que en octubre de 2018 recibi\u00f3 el recado de que \u201ctodo estaba arreglado y no se preocupara\u201d, supuestamente dicho por ella y comunicado a trav\u00e9s de Emilio Zebad\u00faa, elemento que la fiscal\u00eda ha utilizado para sostener la omisi\u00f3n de Robles para frenar las irregularidades.<\/p>\n Sin embargo, fue vinculado a proceso e ingresado al Reclusorio Norte en septiembre de 2021. Ocho meses despu\u00e9s, fue procesado por una orden de aprehensi\u00f3n obtenida por la SEIDO, derivada de la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/SEIDO\/UEIORPIFAM-CDMX\/0001220\/2019 por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de \u00e9l y 10 personas m\u00e1s, entre ellas, Rosario Robles.<\/p>\n Por este delito, que amerita prisi\u00f3n preventiva oficiosa, se encuentra pr\u00f3fugo Sim\u00f3n Pedro de Le\u00f3n Mojarro, excoordinador de delegaciones estatales de la Sedesol.<\/p>\n Por esta carpeta de investigaci\u00f3n, Luis Antonio \u201cN\u201d, presunto accionista de una de las empresas fantasma que recibieron recursos p\u00fablicos presuntamente desviados, a la que se habr\u00edan transferido recursos presuntamente desviados, fue detenido y trasladado al penal del Altiplano. Mientras, Mar\u00eda de la Luz \u201cN\u201d, exdirectora general adjunta de Integraci\u00f3n de Padrones de la Sedesol, fue recluida en el Centro Federal de Readaptaci\u00f3n Social 16, femenil, en Morelos.<\/p>\n Wendy Gabriela Arrieta Camacho, exdirectora de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n de la Sedesol,<\/b>\u00a0fue vinculada a proceso por el delito de uso il\u00edcito de atribuciones y facultades en noviembre de 2021 por el convenio firmado por entre la Sedesol y la Universidad Aut\u00f3noma del Estado de Morelos.<\/p>\n Alejandro Vera Hern\u00e1ndez, exrector de la Universidad Aut\u00f3noma del Estado de Morelos,<\/b>\u00a0fue vinculado a proceso por el delito de peculado contra la universidad por 450 millones de pesos, recursos del subsidio federal entregado a la universidad, que utiliz\u00f3 para pagar un pr\u00e9stamo bancario de la instituci\u00f3n.<\/p>\n Por los convenios firmados con la Sedesol denunciados por la ASF, el TFJA resolvi\u00f3 en 2019 que Vera era probable responsable del desv\u00edo de 239 millones de pesos de recursos p\u00fablicos de los convenios.<\/p>\n Tambi\u00e9n forma parte de los 11 acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada que tienen una orden de aprehensi\u00f3n.<\/p>\n No\u00e9 Molina Rusiles, exrector de la Universidad Tecnol\u00f3gica de Nezahualc\u00f3yotl,\u00a0<\/b>fue\u00a0vinculado a proceso por el delito de \u201cuso indebido de atribuciones y facultades\u201d, por la firma de convenios con la Sedesol que ascienden a 300 millones de pesos. Sigue su proceso en libertad con la limitaci\u00f3n de no salir del pa\u00eds.<\/p>\n Salvador Lara, exrector de la Universidad de Zacatecas,\u00a0<\/b>fue\u00a0vinculado a proceso desde 2019 por el probable desv\u00edo de recursos p\u00fablicos de los convenios firmados con la Sagarpa y la instituci\u00f3n. \u00c9l alega la falsificaci\u00f3n de su firma y ha denunciado y entregado pruebas a la FGR y a la UIF sobre el despacho que creaba las empresas fantasma en Zacatecas, y ha se\u00f1alado a Nicol\u00e1s Casta\u00f1eda, exdirector de proyectos estrat\u00e9gicos de la Universidad Aut\u00f3noma de Zacatecas, como presunto responsable de la operaci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan Lara, abogados enviados por la Oficina de la Presidencia de la Rep\u00fablica de Enrique Pe\u00f1a Nieto le propusieron una defensa conjunta con Casta\u00f1eda, pero \u00e9l se neg\u00f3 a reconocer alguna participaci\u00f3n en el esquema, por lo cual, a diferencia del otro exfuncionario, en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, ha enfrentado obst\u00e1culos para demostrar su inocencia.<\/p>\n En 2021, cuestionado sobre el tema en una conferencia de prensa, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador dijo que pedir\u00eda a la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n reunirse con Lara para conocer la informaci\u00f3n que dice tener sobre uso irregular de recursos.<\/p>\n * Este reportaje fue posible gracias al apoyo parcial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Fundaci\u00f3n Panamericana para el Desarrollo. Su contenido es responsabilidad de Animal Pol\u00edtico, en colaboraci\u00f3n con M\u00e9xico Eval\u00faa, y no necesariamente reflejan el punto de vista del Departamento de Estado o el Gobierno de los Estados Unidos ni de la Fundaci\u00f3n Panamericana para el Desarrollo.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durante el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto oper\u00f3 La Estafa Maestra, un sistema de corrupci\u00f3n en el que dependencias de gobierno, universidades p\u00fablicas, medios de comunicaci\u00f3n estatales y empresas fantasma desaparecieron miles de millones de pesos de dinero p\u00fablico. A cuatro a\u00f1os de ello, con un nuevo gobierno y pese al funcionamiento de una fiscal\u00eda aut\u00f3noma y a la apertura de decenas de carpetas de investigaci\u00f3n, el caso sigue impune. Aunque en este tiempo se han abierto investigaciones e iniciado procesos penales en contra de 12 exfuncionarios, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) ha limitado sus acusaciones a delitos […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":62555,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-62554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/PEN\u0303A-NIETO-1.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=62554"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62554\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62556,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62554\/revisions\/62556"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/62555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=62554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=62554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=62554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}La promesa de una investigaci\u00f3n<\/b><\/h2>\n
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Emilio Zebad\u00faa, el exoficial mayor, libra acusaciones\u00a0<\/b><\/h2>\n
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Un exrector implicado logra absoluci\u00f3n<\/b><\/h2>\n
La mano derecha de Zebad\u00faa\u00a0<\/b><\/h2>\n
Enrique Gonz\u00e1lez Tiburcio acusa falsificaci\u00f3n de firmas\u00a0<\/b><\/h2>\n
Otros se\u00f1alados\u00a0<\/b><\/h2>\n
Los rectores\u00a0<\/b><\/h2>\n