Las normas supremas de los pa\u00edses organizados en un Estado democr\u00e1tico de derecho deben ser obedecidas por todos, independientemente del proyecto pol\u00edtico en vigor. A tales fines, todas ellas prev\u00e9n la existencia de autoridades capaces de anular las leyes secundarias que las contravengan. En M\u00e9xico, el asunto est\u00e1 bien definido. Desde su independencia, decidi\u00f3 erigirse en una Rep\u00fablica con un Poder Judicial encargado de resolver controversias, pero siempre bajo la br\u00fajula de la Constituci\u00f3n. As\u00ed, nuestra SCJN se estatuy\u00f3 como un Tribunal Constitucional con atribuciones expl\u00edcitas para invalidar leyes contrarias a la norma suprema, sea porque su contenido sea incompatible con ella o porque sean resultado de tr\u00e1mites viciados.<\/p>\n
Es muy claro para el constitucionalismo mexicano, desde hace por lo menos 30 a\u00f1os, que el cumplimiento de los procedimientos tiene la misma importancia que el contenido de las leyes emanadas de aqu\u00e9llos. Eso fue lo que prevaleci\u00f3 en la discusi\u00f3n de esta semana. Una mayor\u00eda calificada de nueve ministros determin\u00f3 que el procedimiento legislativo que produjo las leyes del primer bloque del Plan B electoral fue desaseado en t\u00e9rminos graves. Que se apresur\u00f3 sin justificaci\u00f3n. Que se pasaron por alto los tr\u00e1mites parlamentarios establecidos en la propia ley que regula el trabajo del Congreso de la Uni\u00f3n. Y que todo ello ocurri\u00f3 en t\u00e9rminos tales que se impidi\u00f3 el necesario debate democr\u00e1tico garantizado en la Constituci\u00f3n. As\u00ed, parafraseando al ministro Zald\u00edvar, el ilegal procedimiento envenen\u00f3 mortalmente al producto legislativo, de modo que el Pleno de ministros no tuvo m\u00e1s remedio que anularlo y, en v\u00eda de consecuencia, a las reformas aprobadas.<\/p>\n
Ahora bien, es posible que las leyes invalidadas pudiesen ser meritorias. Que mucho de sus contenidos resultasen apropiados, beneficiosos para nuestros procesos electorales, plausibles e incluso necesarios. Si as\u00ed fuera, como de hecho afirman los legisladores que los aprobaron, lo cual, por cierto, no dudo, entonces, \u00bfqu\u00e9 necesidad hab\u00eda de atropellar de forma tan grave el procedimiento parlamentario? \u00bfnuestros legisladores de veras no midieron que el derroche de poder que con toda soberbia estaban ejecutando -rayano en autoritarismo, o propiamente tal- no tendr\u00eda consecuencias? En honor a la verdad, haber esperado unos cuantos d\u00edas para que corriera el tr\u00e1mite legislativo hubiese sido m\u00e1s que suficiente para legitimarlo y entonces s\u00ed aprobar bien y con c\u00f3moda mayor\u00eda las leyes electorales. As\u00ed de sencillo era evitar la declaratoria de invalidez. Lo sab\u00edan, pero optaron por seguir adelante.<\/p>\n
No cabe duda de que los legisladores que aprobaron las reformas hoy invalidadas llevan, en el pecado, la penitencia, aunque no lo quieran o no lo puedan ver. Ante sus errores, les resulta m\u00e1s c\u00f3modo defenestrar a la SCJN en vez de hacer un sincero ejercicio de autocr\u00edtica y asumir las consecuencias de sus actos, que bien conoc\u00edan. En fin, a lo mejor es mucho pedirles que en el futuro hagan bien su trabajo, que cumplan la ley que ellos mismos se dieron, y entonces s\u00ed demuestren, con hechos, que no son iguales a los nefastos legisladores -con algunas excepciones- que hemos padecido durante decenios.<\/p>\n
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Con informaci\u00f3n de El Universal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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