Ni en su casa, le creen a Sara Bruna que fue un asalto

DOMINGRILLA

Ni en su casa, le creen a Sara Bruna que fue un asalto; tras el homenaje a Cuén, viene la reorganización; Nuestro gobierno ni cuenta se dio de la detención del Mayo.

FRANCISCO CHIQUETE

Si la víctima hubiese sido un ciudadano común y silvestre, la versión de la Fiscalía General del Estado podría ser aceptable. Pero tratándose de un político tan connotado y controversial como fue Héctor Melesio Cuén Ojeda, hablar simplemente de un vulgar asalto de gasolinería suena a poco real y hasta a poco imaginativo.
Es cierto que los asaltos por robo de dinero o por despojo de autos son frecuentes, sobre todo en Culiacán. Por desgracia las cifras que con recurrencia enarbolan las autoridades no alcanzan a convencer frente a una realidad lacerante en la que hay muchas víctimas a las que se les quita el vehículo y también la vida.
Pero insistamos. Cuén no era una persona común. Era alguien que tenía experiencia para manejarse en todos los rumbos de la entidad, tomando las precauciones más elementales. Sabía además que ante una situación amenazante, nunca es aconsejable resistirse al asalto, por más costoso que fuese el coche en cuestión.
La Fiscalía necesita hacer un esfuerzo mucho mayor que esa explicación tan facilita, y por supuesto, tendrá que dominar la tentación de presentar un par de chivos expiatorios, aunque debemos reconocer que esta fiscal ni siquiera de esa forma ha tratado de solucionar los casos que caen en sus manos.
Por lo pronto ya pasó el momento del pasmo, del impacto ante una situación inesperada. Ya es tiempo de elaborar y presentar el programa de trabajo viable para dar solución a un caso que en verdad ha conmovido a la sociedad sinaloense. Porque además de tener esa obligación elementalmente dirigida a su encargo, se trata de un asunto en que las dudas son generalizadas.
Aunque en este momento no existan elementos formales para señalar posibles culpas de funcionarios o de contrincantes políticos de la víctima, deben agotarse incluso esas líneas. No se puede aplicar la fórmula estrenada con la caída del metro: “se va a investigar a todos los posibles responsables”, para luego advertir: “a fulana de tal le tenemos confianza, con ella no hay duda. Aquí las dudas son frente todos, por más disparatadas que parezcan.
Como era de esperarse, el servicio funerario se convirtió en una enorme muestra de duelo, en que participaron todos los miembros de la clase política universitaria, pero también las estructuras dirigentes de los partidos, sumándose algunos morenistas que hicieron a un lado el clima de enfrentamiento que hay entre su organización y la que encabezaba el propio Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Todo esto compromete aún más a la Fiscalía, si hablamos de las cuestiones técnicas y de la autonomía de la institución, pero en la realidad esta responsabilidad se extiende al gobierno del estado y al propio gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema en su mañanera del viernes, con datos inexactos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero comprometiéndose a ver que el asunto quede resuelto con una investigación precisa.
¿SERÁ ATRAÍDO EL CASO?
El abogado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alfonso Ontiveros, dijo que no hay confianza en la fiscalía local y el caso debe ser atraído por la Fiscalía Federal. Si como dice la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada, fue un vulgar asunto en que se buscaba el robo de vehículo y derivado en una muerte de alto impacto, la Fiscalía General no tendría nada qué hacer. Pero el asunto tiene ribetes más importantes que esa explicación, o por lo menos podría tenerlos.
Si la petición se analiza políticamente, de aceptarla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (él, a pesar de la formal autonomía) podría parecer que manda una señal contraria a las expresiones de apoyo y confianza ilimitada para el gobernador Rubén Rocha Moya.
Pero también podría ser un alivio para éste. Le quitarían la obligación de investigar un asunto en que muchos de los afectados indirectos se resistirán a aceptar casi cualquier versión, si no involucra a alguien del gobierno. Quizá a la FGR sí se le llegue a creer hasta lo del asalto, si lo puede probar fehacientemente.
El otro problema para la atracción es la apatía del fiscal para casos que no son de su competencia directa. Y también para muchos que sí lo son.
VIENE LO MÁS
DIFÍCIL PARA EL PAS
Aunque con mucha razón nadie se atreve a tocar el tema, al menos públicamente, al PAS le espera un periodo difícil, más allá del sentimiento de pérdida. Tendrán que reorganizarse, ver cómo suplen no sólo a la persona que ejercía el mando y diseñaba las estrategias, sino también la fuerza personal de su dirigente desaparecido.
No será fácil porque Cuén acostumbraba encabezar personalmente cada acción, desde suma de alianzas y acciones del gobierno universitario, hasta castigos y recompensas, o ya en el caso extremo, asignación de espacios para acceder a facultades con mucha demanda del alumnado, aunque para ello tuviera que recorrer el territorio sinaloense hasta tres veces por semana. La dirigencia formal está en buenas manos, con el doctor Antonio Corrales Burgueño, pero habrá que ver qué pasará con la rama universitaria, donde hay varias áreas de las que podrían surgir tendencias y voluntarios.
Es un momento muy difícil que ellos y sólo ellos podrán resolver. En todo caso el enfrentamiento con el estado los puede incentivar a mantener la unidad.
CASI CASI SE ENTERARON
A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN
La captura de Ismael Zambada García -El Mayo- y Joaquín Guzmán López sorprendió a todo el país, y desató una fuerte polémica sobre los mecanismos de la captura, la forma de ejecución y el involucramiento o no de las autoridades.
El propio presidente reconoció que ellos se enteraron porque la embajada de los Estados Unidos en México les avisó cuando ya se trataba de un hecho consumado. La secretaria de Seguridad Pública Rosa Icela Rodríguez tuvo que confesar que necesitaba hacer una investigación para enterarse bien de lo que había ocurrido, cómo había ocurrido y hasta de la forma en que fueron autorizadas acciones como el despegue del avión en que ambos detenidos fueron trasladados a Texas (en realidad Nuevo México, cerca de El Paso).
De no ser por las atenciones del embajador Ken Salazar, nuestras más altas autoridades se habrían enterado de esos hechos a través de la televisión, como todos los hijos de vecino que habitamos entre país, lo que hace preguntar: ¿qué hacen los organismos de espionaje e información que mantiene el gobierno?
El presidente, que alguna vez denostó a sus antecesores porque conocían cada movimiento que se realizaba en el país y no intervenían, debió admitir que contra su dicho de que “un presidente es el hombre más informado”, esta vez él no lo fue.
López Obrador todavía quiso defender la fama pública de su gobierno al decir que con esta detención queda en evidencia que se mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, aunque luego tuvo que matizar, pues ya había reconocido que ni se enteraron, que todo lo hizo el gobierno estadunidense.
Las diferencias entre las distintas versiones son importantes para saber cómo ha de reaccionar el gobierno mexicano. No es igual que algún agente estadunidense hubiese venido por los detenidos sin permiso de la autoridad nacional, o que se hubiese negociado en nuestro territorio el acuerdo que derivó en esta detención espectacular, o si El Mayo y Joaquín junior se fueron solos y por su cuenta a entregar, aunque ya el abogado de El Mayo dice que jo se entregó, que se lo llevaron secuestrado.
Lo que es indudable es que no se ha recuperado la confianza de los organismos norteamericanos de seguridad, sobre todo de combate al narco, y este caso es la muestra más palpable.
Ahora bien: si la DEA o el departamento de Justicia o la CIA hicieron una chicanada y operaron en secreto dentro de territorio mexicano ¿qué va a hacer nuestro gobierno? ¿va a pedir la devolución de los implicados? No creo.
¿QUIÉN ANOTÓ LAS
PLACAS DEL TRÁILER?
Los partidos de oposición siguen sin saber exactamente qué les pasó o cómo fue que pasó lo que les pasó. Sólo les falta levantar la cabeza para preguntar si alguien anotó las placas del tráiler que les pasó por encima, aunque sea para tener el consuelo de saber algo de su espectacular desgracia electoral.
Por estos días se realiza la gira de medios en que los tres aspirantes a la dirigencia nacional blanquiazul exponen sus puntos de vista. Damián Zepeda todavía reclama que él, como dirigente anterior, dejó al partido en buenas condiciones, a pesar de la barrida del 2018; Adriana Dávila no quiere que esta elección se abra a la ciudadanía porque “primero hay que preguntarles a los militantes” y Jorge Romero no quiere reconocer que la derrota de junio fue un desastre.
Desde el naufragio del PRD, Jesús Zambrano sigue advirtiendo que va a detener todas las acciones incorrectas del futuro gobierno y espera con ansias la creación del Partido Radical de Derecha que proyectan los huérfanos de Xóchitl. El Chucho sobreviviente espera que la actividad fundacional llegue inmediatamente después que él se quede sin chamba por la liquidación de su extinto partido.
En el otro polo del fallido frente opositor, Alito Moreno se refocila con la apropiación de los restos cadavéricos de su exaplanadora y amenaza con seguir expulsando al que no le aplauda su agandalle. Acá en Sinaloa la entusiasta futura diputada local (plurinominal, por supuesto) Paola Gárate, tranquiliza a la sociedad diciéndole que el tricolor la va a defender. ¿Con qué ojos, divina tuerta? ¿Con tres de cuarenta votos en la Cámara Sinaloense?