La caída de Sara Bruna; El fracaso de las Fiscalías Autónomas.
Oswaldo Villaseñor
La caída de Sara Bruna Quiñónez como Fiscal General del Estado de Sinaloa, bien puede marcar el gran fracaso de las Fiscalías autónomas en Sinaloa.
En menos de 3 años los dos primeros fiscales que en ley son autónomos y han sido electos por el Congreso a propuesta por el Gobernador del Estado en turno para un periodo de 7 años, han sido removidos de su encargo.
El primero fue Juan José Ríos Estavillo a quien el mismo gobernador Rubén Rocha aceptó en público haberle solicitado su renuncia a pesar de que le faltaban poco más de 3 años para culminar su periodo para el cual fue electo.
La segunda es Sara Bruna Quiñónez quien sale de la Fiscalía General del Estado en medio de un fuerte escándalo por la protección que un comandante de la policía ministerial bajo su cadena de mando daba a Ismael Mayo Zambada el día de su captura y por las omisiones e inconsistencias que encontró la FGR en las investigaciones periciales sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen.
En una entrevista concedida por el gobernador Rubén Rocha a medios de comunicación tras dar a conocer en su cuenta de X la renuncia de Sara Bruna, el gobernador dijo que recomendó la presentará.
“Yo hablé con ella, yo le pedí como compañera de equipo, no como Gobernador, porque a mí no me corresponde pedir. Sí tengo atribuciones, hay unas causales en la Constitución para eso, pero yo quise primero verlo de manera más armónica”, admitió.
“Podría decirlo en esas palabras, pero no es que yo se la haya pedido, se lo aconsejé. Ahí está la respuesta. Lo resolvimos en cinco minutos, no hubo argumentaciones y más allá, lo resolvimos. Entonces, no hay cosas adicionales, más que dijo ‘perfecto, estoy de acuerdo, yo lo acepto’
VIDA Y MUERTE DE FISCALÍAS AUTÓNOMAS.
El 11 de noviembre del año 2021, apenas un mes y 11 días de haber tomado protesta como gobernador de Sinaloa Rubén Rocha hizo lo propio la ex juez penal Sara Bruna Quiñónez como titular de la Fiscalía General del Estado a propuesta del mismo mandatario estatal.
Con 39 votos a favor, el Congreso del Estado de Sinaloa eligió, en votación por cédula, a Sara Bruna Quiñónez Estrada como Fiscal General del Estado, cargo que ocuparía por un periodo de siete años.
Bueno, eso se suponía. Sara Bruna presentó la renuncia al cargo a petición del propio gobernador Rubén Rocha.
ANTES LE PIDIÓ RENUNCIA A RÍOS ESTAVILLO.
El 14 de marzo de 2017 Con 37 votos, los diputados de la LXII Legislatura nombraron a Juan José Ríos Estavillo como Fiscal General de Justicia en Sinaloa y le tomaron protesta de ley para que ocupe el cargo por un periodo de siete años.
Sin embargo, cuando Rubén Rocha fue declarado gobernador electo le pidió al fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, que renunciara al cargo a pesar de que la Fiscalía es ‘autónoma’ y al funcionario le faltaban tres años para concluir su encargo. Su periodo terminaría en Marzo del 2024.
La Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía establecen que el gobernador puede solicitar al Congreso la remoción del Fiscal si incumple en alguno de los requisitos previstos en la Constitución, por abuso o ejercicio indebido del cargo, por cometer violaciones graves a la Constitución Federal o Estatal y por incapacidad que impida el ejercicio de sus funciones durante más de seis meses.
Sin embargo, el gobernador entonces electo, en entrevista concedida el 15 de septiembre durante las festividades del grito de independencia admitió que estaba en pláticas con Ríos Estavillo para una renovación de la Fiscalía.
15 días después, en otra entrevista dijo lo siguiente.
“Estoy platicando con él (el fiscal), él tiene una duración constitucional, sin embargo estamos platicando con él y podríamos llegar a un acuerdo de renovación, pero yo respeto las instituciones”.
Durante la presentación de los integrantes de su equipo para la entrega recepción del gobierno, dijo que ya había un acuerdo con Ríos Estavillo para su salida de manera tranquila.
“De entrada les digo en reconocimiento al Fiscal, yo tengo un acuerdo con el fiscal que los hemos trabajado juntos el gobernador actual -Quirino Ordaz- y su servidor con él, de que vamos a cambiar a pesar de que no concluya su periodo constitucional.
Se puede terminar de manera voluntaria, esta es una decisión que no me ha dicho que la diga pero ahora la digo con respeto porque yo le tengo mucha confianza y hay profesionalismo, hay un acuerdo de que vamos a ir a un cambio sin problemas pero es un proceso”, dijo el gobernador aún electo.
Entre las causas para hacer la renovación en la Fiscalía, el gobernador Rubén Rocha dijo que era porque no había buena relación entre el ex presidente del Poder Judicial y quien sería el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez y Ríos Estavillo, según una entrevista publicada el 26 de septiembre de 2021 por el Semanario Río Doce.
“Temo que con mi diseño de gabinete no hubiera la empatía necesaria en el área. No quiero cambiar mi estrategia de integración de gabinete, prefiero hacerle así. Mi Secretario de Gobierno (Enrique Inzunza) es fundamental que haya una armonía, hay antecedentes de que no ha sido la mejor relación. Entonces yo no quisiera que eso nos enturbiara, nos creara conflicto. Por eso lo estamos platicando con el Fiscal”, dijo.
NACIÓ MUERTA LA AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA.
El 26 de abril del 2018, El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 334 votos, reformar los artículos 102 y 116 de la Carta Magna, a fin de establecer que las Constituciones de entidades federativas cuenten con fiscalías locales autónomas, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos Constitucionales, busca lograr la legalidad, transparencia, imparcialidad y aplicación estricta del derecho en la función de investigación y persecución de delitos en los estados.
De igual manera, determina que titulares de las Fiscalías Generales durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales, debiendo ser electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura estatal, a propuesta del gobernador.
La reforma tiene como propósito toral homologar la naturaleza jurídica de los fiscales locales para que se adecuen a la nueva realidad jurídica en su funcionamiento y fines.
Las modificaciones coadyuvarán a que la procuración de justicia y el actuar de cada fiscal, se rija por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto de los derechos humanos y que su designación no obedezca a ningún tipo de interés público o privado.
Se dejan reglas claras para el nombramiento de titulares y procesos de designación, y que los actuales titulares en funciones a la entrada en vigor de la reforma, puedan ser considerados en las ternas a ser votadas por el Congreso local.
Detalla que la sociedad civil ha puesto en la agenda legislativa la necesidad de legislar para que los fiscales generales de las entidades federativas, también sean nombrados con total imparcialidad y transparencia.
