Las matemáticas de la 4T; ¿y los resultados de la FGR?; males entre gobernadores

DOMINGRILLA

FRANCISCO CHIQUETE

¡Te lo juro! Se hablaba de enseñar “matemáticas marxistas”.
Siempre tomé esa expresión del profesor Elio Edgardo Millán como una exageración en su autocrítica al movimiento del maestros y estudiantes que en los setentas ensayaron proyectos como La Universidad-fábrica, Universidad-Pueblo y la Universidad-Democrática.
Pero cuando escuché a Gerardo Fernández Noroña defendiendo la teoría de que con 85 votos se alcanza la mayoría calificada porque son 85.3 y no se pueden pedir fracciones adicionales de senador, entendí que en efecto, los números pueden decir lo que tu ideología determine, más allá de las aritméticas tradicionales. Las matemáticas al servicio del pueblo. Matemáticas marxistas.
Durante estos días previos a la gran decisión, Morena, en todas sus instancias, muestra desesperación porque no consigue ese ansiado voto 86. Sorpresivamente para todos los escépticos del país, los 43 senadores de oposición han resistido -hasta ahora- las presiones, llamados, intentos de compra y descalificaciones con miras a la historia.
Y creemos -muchos- que no han conseguido ese voto opositor, porque la desesperación es grande. Tanto, que el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante seis años se negó rotundamente a dialogar con la oposición, a encontrarse con las dirigencias, que incluso trató mal a los gobernadores opositores, a menos que éstos estuviesen dispuestos a ejecutar la mexicanísima suerte charra del “paso de la muerte” (saltar de un caballo a otro en plena carrera), hoy pide comprensión.
A la gobernadora de Chihuahua, por ejemplo, la han traído a mal traer, sobre todo a partir de que puso en apuros al neomorenista Javier Corral. A la señora Maru Campos le han aplicado la misma varejoniza que le aplicaban a Corral cuando éste defendía sus derechos como gobernador de oposición.
López Obrador, mortificado porque la falta de un solo voto podría retrasar al menos la aprobación de la reforma judicial dentro de su periodo de gobierno, se dirigió por primera vez comedidamente a los senadores del PRI, a quienes por seis años calificó de corruptos, vendepatrias, cobardes, sinvergüenzas y cuanto señalamiento se le viniese a la cabeza. Por primera vez los consideró susceptibles de aployar “la causa del pueblo” y decidir favorablemente algo que el pueblo mismo -dicen él y su partido- está exigiendo a gritos, como es la elección de jueces, ministros y magistrados.
En su tiempo, Carlos Salinas de Gortari llegó al extremo de la soberbia al decir que a sus contrincantes políticos “ni los veo ni los oigo” y en efecto, ni siquiera se refería a ellos, presumiendo que sólo existía su punto de vista. Andrés Manuel López Obrador los ve, pero no los escucha. Los ve para tenerlos ubicados y estar en condiciones de denostarlos con toda la fuerza de su discurso y de sus emociones.
Por ello es de creerse que no han conseguido ese voto, que le duele ver que se acerca el miércoles y no se cuenta con la certeza de que podrán imponer la reforma que ha sido tan rechazada y tan criticada por quienes, a juicio del presidente, son lo peor de la sociedad.
Es tan extrema la situación, que (creo) si ese voto dependiese de Claudio X. González, a él recurriría el presidente para alcanzarlo. Si en la semana pasó la vergüenza de hablarse a Alito para que afloje y se entregue, dar el brinco para con Claudio X, el neoliberal, ya no está tan lejano.
CORRUPTOS, CAROS
Y NEPÓTICOS
Tanto el presidente como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han utilizado tres argumentos preferentes para convencer a la sociedad de que es necesario cambiar el modo de elegir a los ministros: son corruptos porque están al servicio de los ricos; son caros, porque ganan más que el presidente; no quieren el cambio porque afecta sus intereses, ya que no hay una carrera judicial, sino una cadena de familiares que se protegen y se benefician entre sí.
De la corrupción, no han presentado un solo caso concreto, mucho menos una acusación formal. Todos compramos el argumento, todos pensamos que efectivamente, hay corrupción en el Poder Judicial, pero si en seis años, con todos los instrumentos del estado en todos los niveles del gobierno mexicano, no han sido capaces de armar un solo caso que merezca el enjuiciamiento y encarcelamiento de alguien, es porque no les interesó combatir la corrupción en serio, y sólo la utilizaron como elemento de desprestigio a lo que fueron o consideraron sus enemigos.
Del sueldo elevado nadie puede llamarse a sorprendido. Sin embargo, los sueldos ya estaban así cuando el presidente dijo que se iba a recortar el suyo y exigió que todos lo hiciesen por debajo de su nivel. La ley, sin embargo, dice que su aplicación no puede ser retroactiva. Ni los funcionarios y trabajadores están obligados a cercenar sus derechos laborales. Es muy atractivo para el público en general, fregar al privilegiado, y nadie va a poder convencer a los demás que es justo que alguien con las responsabilidades de un ministro de la Suprema Corte gane esas cantidades, sobre todo si se les compara con los sueldos promedios del país.
El nepotismo sí que es un brete. En efecto, muchos jueces, magistrados y funcionarios, encaminan a sus hijos a estudiar la abogacía porque están en condiciones de abrirles un espacio laboral y hasta de empujarlos a una carrera exitosa.
Es un mal general. Si no, veamos: la señora Rosalinda López Hernández murió siendo senadora electa por Tabasco, su tierra natal y también de su hermando Adán Augusto López Hernández, actual senador en funciones; también era esposa del gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón. Fue una mujer muy preparada y con una gran trayectoria.
Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México y próximo director del ISSSTE, es hermano de Lenia Batres, a quien el presidente López Obrador designó directamente como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Valentina Batres Guadarrama es diputada local en la actual legislatura de la Asamblea de la Ciudad de México. AMLO la postuló para presidir el INE.
Hay varias familias conocidas por sus diversos espacios tanto en las estructuras de Morena como en los puestos de gobierno, pero más allá de casos particulares. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó con el SNTE, que tras la contrareforma educativa, recobró el control sobre las plazas escolares que durante el gobierno peñanietista se otorgaban por examen. La herencia de plazas y el influyentismo para abrir espacios o para avanzar en escalafones y puestos públicos volvieron a reinar en el ámbito magisterial, practicados también por la CNTE.
En todas las instancias de gobierno privan las redes familiares, tanto por herencia como por generación actual, pero la llamada Cuarta Transformación prefirió dejar intocados esos aspectos por comodidad y por rentabilidad política, pero la que les interesa es la del Poder Judicial.
ARRANCAR DE CABALLO
Y PARAR DE BURRO
La Fiscalía General de la República ha tenido arrancar de caballo y parar de burro en el caso Zambada-Cuén.
El inicio fue de lo más espectacular, deshaciendo lo poco que había ofrecido la Fiscalía local y evidenciando las enormes fallas o posibles complicidades de quienes tuvieron en sus manos el caso. Hasta el momento lo único que han conseguido es la caída de la fiscal Sara Bruna Quiñones, que no es poca cosa, pero tampoco resuelve ni el secuestro del capo ni el asesinato del ex rector.
Hemos sabido de acciones concretas, como la inspección de la finca en que se supone ocurrieron los hechos, pero no mucho más. Incluso en la plataforma informativa de Latinus mostraron los interiores de la finca, desarrollaron el trayecto del convoy que habría secuestrado a Ismael Zambada y mostraron plenamente la pista de la que salió el avión que los llevó del otro lado de la frontera.
Eso sí: de la Fiscalía General han salido algunos piquetes dirigidos a alborotar el cotarro en Sinaloa, como la advertencia de que citarían a declarar a los funcionarios locales que estuvieron involucrados en la investigación del caso Cuén, incluyendo por supuesto a la nueva fiscal. Varios de ellos ya fueron interrogados, aclaró el propio gobernador, quien se dijo dispuesto a acudir cuando lo llamen. Entonces ¿para qué son los envites de la FGR?
Quizá esperan otra carta de Zambada, o la publicación de sus declaraciones, como todos los mortalea comunes y silvestres.
LAS GANAS DE
ENREDARSE
La agonizante legislatura local vuelve a la carga con la idea de sacar adelante la nueva Ley Orgánica de la UAS antes de que termine su periodo, al que le quedan escasas tres semanas. No ha conseguido nada todavía y pretende hacer lo que no logró en casi tres años. Si dejan algo formalizado, seguramente se los va a tumbar de nuevo un juzgado federal.
¿Será que Feliciano Castro Meléndrez cree que con ese acto “heroico” puede amarrar la secretaría general de gobierno que ahora le están disputando hasta los de tercera fila?
Del otro lado de la batalla las cosas no parecen marchar mejor.
El encargado de la rectoría, Robespierre Lizárraga Otero hace encendidas denuncias contra el Congreso, contra el gobierno, y luego estira la mano porque a la institución le van a faltar ¡ochocientos millones de pesos! para cumplir los compromisos laborales de fin de año, una necesidad que se repite calendario tras calendario, pero que además crece en la cantidad sin que se den explicaciones.
Lo peor es que ellos siguen las mismas actitudes abusivas que denuncian de sus contrincantes. Si a se les encausa bajo un nuevo proceso, ellos a su vez encausan internamente a quienes han ejercido la crítica. Es el caso de Jorge Rubén Ibarra Martínez, a quien el departamento jurídico de la UAS citó a una comparecencia de carácter laboral, por dos columnas publicadas en el periódico Noroeste. Ciertamente son temas duros, que atribuyen relaciones de personajes de la UAS con el narcotráfico, pero aún en el caso de inexactitudes, no es algo que tenga que ver con lo laboral. Es evidentemente un propósito de censura que no se puede permitir una casa de estudios, que tiene ya antecedentes de represión laboral contra quienes han sido críticos o fuera de la institución han actuado de manera distinta a como estos Torquemadas hubieran querido.
LOS ENFERMOS
Casi todos los gobernadores contemporáneos han sido señalados como hombres enfermos a los que se les podría acabar la chamba por sus malas condiciones de salud, aunque no ha habido un solo caso en que se concreten semejantes vaticinios.
Francisco Cañedo, gobernador porfirista, murió en el ejercicio de su cargo, pero de ahí en fuera los que no han terminado han caído por motivos de salud política.
A Alfonso Genaro Calderón, sus enemigos le inventaron un cáncer en la garganta que no existió, pero a cuya versión dio pie por su carraspera crónica y su famosísimo remedio: un ánfora con Johnny Walker etiqueta negra, que se empinaba a toda hora con una justificación: “pa’las flemas”.
A Antonio Toledo Corro lo dieron por muerto cuando corrió la versión de que su avión cayó -ocirrió al final del aeropuerto mazatleco-, pero el accidente no le hizo ni cosquillas.
A Francisco Labastida Ochoa le inventaron enfermedades y accidentes que no consiguieron apartarlo del puesto, pese a que no era santo de la devoción del presidente Salinas.
A Renato Vega le divulgaron supuestos males cardiacos que él combatía con frecuentes cascaritas o matchs completos en los campos de golf.
A Juan Sigfrido Millán Lizárraga le daban por hecho su retiro tras una operación de columna que finalmente le dejó molestias, pero no incapacidades.
A Jesús Aguilar lo veían acabado por el páncreas, que le operaron oportunamente (aunque desafortunadamente se lo llevó doce años después de terminado su gobierno).
A Mario López Valdez ni lo pelaron, aunque hubo versiones maliciosas evidentemente falsas.
A Quirino le corrieron la voz de un supuesto cáncer que hasta la fecha no existe.
A Rubén Rocha Moya sus detractores no necesitan generarle nada. Él solito provoca la especulación.