La guerra del cártel se intensifica; ya no se pueden eludir los enfrentamientos; lista la ley Orgánica de la UAS ¿y ahora qué?

DOMINGRILLA

FRANCISCO CHIQUETE

La guerra interna del cártel de Sinaloa llega a un punto en que la población entera de Culiacán entra en el terror, las autoridades en la desesperación, y el presidente se mantiene en la negación, buscando a quién culpar de todo esto.
Incluso la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha repetido casi mecánicamente la teoría lópezobradorista de que las cosas se están haciendo bien, y no se puede entrar a combatir el problema con más fuego, porque eso pone en riesgo a la población. La base para esta aseveración, por supuesto, es la declaratoria de guerra que hizo Felipe Calderón a las organizaciones delictivas.
Parece mentira que casi doce años después de terminado su periodo de gobierno (ciertamente errático), Calderón siga marcando los caminos por los que circula la llamada Cuarta Transformación, ya en su arranque, ya en su anunciado segundo piso,
La primera vez que se argumentó la seguridad de la población como justificante para no actuar, muchos terminamos por dar la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Haber retenido a Ovidio Guzmán tras su captura en el primer Culiacanazo, habría provocado la muerte de muchos civiles ajenos al operativo y al conflicto. Fue una dololorsa derrota a la legalidad, a la prevalencia del estado como poseedor exclusivo del derecho al uso de la fuerza, pero evitar una matazón era un buen pago a cambio de ese lamentable antecedente.
Pero después de eso no pasó nada estructural. Vinieron de nuevo y se llevaron a Ovidio en un operativo más efectivo (el segundo Culiacanazo), pero no tocaron el fondo del problema, la verdadera amenaza para Sinaloa: la existencia de un ejército irregular, con amplísima capacidad de fuego y de movilización, que hoy hace una especie de guerra de guerrillas para dirimir cuentas que la sociedad paga con muertes injustas, con terror, con inmovilidad, con más pobreza.
¿Y qué dice el presidente? Que “lo de Sinaloa no es un asunto mayor”.
El gobernador sabe que sus fuerzas regionales no tienen capacidad para enfrentar esta situación. Por eso ha hecho llamado tras llamado a la federación y allá le dicen que sí, que nos van a ayudar, pero al menos para este capítulo, cualquier ayuda llega tarde. Por muchos soldados que envíen, por muchas tropas tácticas y equipadas que envíen, no van a poder detener a quienes van dispuestos a entregar la vida a cambio de cobrar la de sus enemigos. Sobre todo si como confesó el presidente adornándose como “humanista”, traen instrucciones de evitar los enfrentamientos.
No bubo día de la semana en que no se presentaran acontecimientos lamentables e intimidantes, y por si fuera poco, los del fin de semana ya se salieron de la focalización que se les ha atribuido. Lo de este sábado fue más impresionante que las famosas series de narcos que nos han dado proyección mundial, no como productores televisivos o cinematográficos, sino como teatro de los acontecimientos.
LA CUOTA DE SANGRE
DEL EJÉRCITO
La situación se ha puesto tan grave, que ya las tropas no han podido cumplir la instrucción de evitar los enfrentamientos. Pese a que sólo actúan como reacción ante balaceras, ostentación de armas o agresiones a la movilidad de la población (bloqueos en avenidas, carreteras, lanzamiento de ponchallantas), han llegado momentos en que el ejército ha alcanzado a los delincuentes y han sido agredidos e intercambiado balazos. Hay soldados muertos y heridos. Nadie le puede regatear a las tropas el valor con que enfrentan el problema.
Lo malo es que los mandan de bomberos, sin que exista un trabajo preventivo, una tarea de inteligencia que ayude a evitar las movilizaciones ilegales. Lo que se ha cultivado ha sido la impunidad. ¿Qué muchacho, considerando que no le va a pasar nada, deja ir los espejismos de mucho dinero, camionetones, armas apantalladoras y muchachas atraídas por la cultura buchona, a cambio de una beca para estudiar o una inscripción al programa de jóvenes construyendo futuro? Porque lo peor de todo es que muchos toman las dos opciones.
¿Veremos este lunes a la secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Catalina Esparza Navarrete en un video reclamando por la inasistencia del alumnado? Yo no veo por ningún lado el peligro, dijo en un posteo que rápidamente se hizo viral por todo el país. En el transcurso de los días los padres empezaron a regresar, a llevar a sus hijos, porque aparentemente los agarrones ya sólo eran nocturnos, pero después de lo ocurrido en la Plaza Comercial Cuatro Ríos, los ánimos se vuelven a ir por los suelos.
Debe ser desesperante, en efecto, hacer llamados y esfuerzos y sacar buenas cuentas aunque sólo sean teóricas, sin tener respuesta de la sociedad, pero es muy difícil que la gente ponga conscientemente en riesgo a sus hijos.
Otra reacción lamentable fue la del pastor del Congreso Local, Feliciano Castro Meléndrez, a quien no le escuchamos un solo pronunciamiento contra los delincuentes que ponen en riesgo a la población (el miedo no anda en burros) pero sí hizo sentidísimos y coléricos reclamos contra quienes produjeron o reprodujeron memes contra el gobernador en las redes sociales.
Y luego la prohibición a los trabajadores del estado, quienes por obra y gracia de un oficio, no deben participar de esas expresiones, bajo amenaza de que deban dejar su empleo.
Efectivamente, al gobernador le ha ido como en feria. Su imagen está francamente por los suelos y cada meme que aparece tiene un gran impacto, pero eso no se va a corregir con disposiciones burocráticas. En los últimos días el propio Rubén Rocha Moya ha dado los partes de novedades, esos que al principio se dejaban velados, propiciando que la especulación fuese más fuerte que la realidad. En la medida en que la gente esté más enterada, en que conozca las acciones que se realicen, aceptará mejor las cosas, si es que los resultados son positivos.
Por lo pronto no son sólo los riesgos de una población expuesta a quedar en medio de una balacera, o de ser confundida con alguien que tenga cuentas pendientes porque vive cerca o porque tiene parecido físico o por una homonimia. También está el sufrimiento para ir al trabajo porque no hay transporte con la regularidad requerida. O porque los negocios no están abriendo en todo su horario porque no hay clientes y no quieren afrontar más riesgos. Aunque hubo quiénes lo negaron, a Mazatlán le afectó la situación durante las fiestas patrias, e incluso ahora, los restaurantes campiranos ubicados fuera de la ciudad se las están viendo muy, pero muy difíciles.
LA MILITARIZACIÓN
QUE NO EXISTE
La súpermayoría de Morena y aliados aprobó ya la militarización de la Guardia Nacional, de modo que en lo sucesivo, la Sedena maneja también a la principal corporación policíaca del país. La presidenta electa dice que no es militarización porque ella es la comandante suprema de las fuerzas armadas y ella es civil. ¿Entonces las fuerzas Armadas, a las que ella dirigirá, ya no son militares? Porque la GN se va a manejar con todos los reglamentos de la milicia, incluso respondiendo a la justicia militar en caso de delitos en el cumplimiento del deber, y de delitos del fuero común o del fuero federal.
Nadie puede pedir que el Ejército se regrese a los cuarteles de inmediato, como pedían todos los morenistas que hoy están en el gobierno, pero ¿cómo explicarse que los jóvenes idealistas de 1968 estén aprobando leyes en que el Ejército se queda con la policía y con otras funciones del rango civil? Lo mismo que los muchachos del CEU que en los ochenta luchaban por las libertades civiles, o los activistas que bajo la guía de López Obrador exigían castigo al Ejército por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43.
Un buen amigo, hombre de lucha por toda su vida, preparado en asuntos legales y políticos, me reclamó por la columna anterior. No has entendido nada. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, dijo. ¿Ese es el nuevo régimen? ¿Ese y la desaparición de los contrapesos, la coptación del Poder Judicial son el nuevo régimen? Prefiero no entenderlo.
YA ESTÁ LA LEY
El Congreso del Estado generó un fuerte enfrentamiento político que se prolongó y se prolongó, sin salida real. Por segunda ocasión, emitió una nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destinada a garantizar la democratización de la vida interna en la UAS.
La primera vez que lo hizo, el Congreso se vio derrotado en los tribunales y prefirió retirar sus alegatos. Muy probablemente, esta vez ocurrirá lo mismo. La única diferencia entre la primera y la segunda Ley, es que ahora los diputados hicieron una consulta que no tuvo ni la iniciativa ni la participación de la comunidad universitaria, y que tuvo una participación más chinampona que las consultas que hace Morena.
Lo curioso es que el Congreso tiene razón. En las condiciones actuales, la Universidad ha sido gobernada por un solo grupo que ya se prolonga en el poder durante diecinueve años, pero con todo y esa razón, no han sabido hacer consenso ni entre los universitarios ni entre la sociedad, que ve el asunto como un pleito de poderes.
Es cierto: no basta tener la razón. También hay que saberla exponer.
LA AUSTERIDAD
DE NOROÑA
Ver en la tele a Gerardo Fernández Noroña increpado por un ciudadano nos dejó el mal sabor de ver cómo las diferencias se dirimen con más emotividad de razones. De paso nos mostró cómo la Cámara de Senadores usó sus recursos para atacar a un ciudadano que hizo uso de su libertad de expresión, seguramente exacerbado, pero eso lo debió dirimir Noroña en lo personal, no con la Cámara de Senadores y los recursos públicos a su disposición.
Y luego nos ubica en otra realidad: los hechos ocurrieron en la sala de espera de American Express en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese es un lugar cómodo, fifí, con magníficos sillones reclinables, catering, mesas, café gourmet, al que tienen acceso los viajeros que usan la tarjeta American Express, precisamente, uno de los mayores símbolos del neoliberlismo en el mundo.
Es que en efecto, los asientos destinados al peladaje están muy incómodos.
Por cierto Fernández Noroña, cuando era diputado de oposición, hizo varios sainetes cuando ponía gasolina en su carro. Pagaba el precio formal del combustible, restándole el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios -IEPS-, al que consideraba ilegal. No afectaba al gobierno, a Pemex ni al dueño de la gasolinera, sino al trabajador, que debía reportar de su bolsillo lo que Noroña le pagaba de menos. Pero en ninguna de las dos legislaturas en que acompañó a Andrés Manuel López Obrador intentó desaparecer o por lo menos reducir la aplicación del IEPS en los combustibles. Quizás se le olvidó su ardorosa lucha.
CONTRA EL
NEPOTISMO
Muchas veces la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha justificado la Reforma Judicial diciendo que el Poder Judicial está mal, que hay mucho nepotismo y que hay familias enteras acaparando puestos. Debe saber por qué lo dice.
Por lo pronto en Sinaloa una hermana del senador Enrique Inzunza Cázares acaba de ser designada juez para el distrito de Navolato. El senador recordemos, fue largamente presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Hace casi un año Héctor Melesio Cuén Ojeda denunció la presencia de varios miembros de la familia Inzunza en ese tribunal. Enumeró a la esposa del actual senador morenista, quien actualmente es magistrada, a su hermano Javier, administrador del Centro de Justicia Penal, en Culiacán, a su hermana Lorena, secretaria de acuerdos, a la esposa de Javier, también secretaria de acuerdos. Lorena ya ascendió a juez. Otra hermana, Aída, es magistrada en el Tribunal Estatal Electoral.