Panoramas adversos
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo”,Michel de Montaigne
CUESTIÓN DE TIEMPO
La publicación del decreto que reforma la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) abre diversos escenarios que afectarán tanto el ámbito político como el académico en el estado.
Esta reforma, impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya, busca transformar el proceso de elección del rector, estableciendo un sistema donde estudiantes, maestros y trabajadores participen directamente en la votación.
Esto no solo modifica la dinámica interna de la universidad, sino que también podría debilitar la influencia de grupos externos que históricamente han controlado las decisiones clave dentro de la UAS.
La reforma plantea una oportunidad significativa para la UAS de entrar en una etapa de mayor transparencia y democracia.
Al permitir una votación más abierta para la elección del rector, se busca romper con la inercia de décadas de control por parte de élites internas y externas, muchas veces ligadas a intereses políticos, económicos o incluso delictivos.
Esto podría ser bien recibido por la comunidad universitaria, especialmente por aquellos que han abogado por una mayor participación en la toma de decisiones.
Un proceso más inclusivo podría generar un ambiente más plural en la universidad, donde se elijan líderes académicos comprometidos principalmente con el desarrollo académico y la investigación, en lugar de responder a intereses ajenos.
Sin embargo, esta misma apertura también podría traer desafíos.
Un proceso electoral más amplio y accesible requiere garantizar la integridad del voto, evitar la manipulación de grupos de presión y fomentar una cultura de participación informada.
Si la UAS logra implementar este modelo con éxito, podría convertirse en un referente de autonomía universitaria a nivel nacional, fortaleciendo su legitimidad.
Aunque la reforma busca mejorar los mecanismos de elección, no es menos cierto que ha generado un ambiente de tensión entre el gobierno de Rocha Moya y algunos sectores de la universidad.
Los dirigentes de la UAS han manifestado resistencia, viendo esta intervención como una amenaza a su autonomía, lo que podría derivar en una lucha interna de poder.
Si bien la reforma será publicada y entrará en vigor, es previsible que existan esfuerzos para bloquear su implementación, tanto a nivel judicial como en las calles, tal como lo ha manifestado la universidad en ocasiones previas.
En este sentido, los choques entre el gobierno estatal y las autoridades universitarias podrían escalar, debilitando la capacidad de la UAS para operar con normalidad.
La posibilidad de huelgas, paros académicos y protestas no es un escenario lejano, lo que podría afectar no solo la vida académica de miles de estudiantes, sino también la estabilidad social en Sinaloa.
Esta confrontación sería un foco de atención en la política local, especialmente porque la UAS ha sido un actor relevante en la arena política sinaloense.
La otra vertiente crítica en este escenario es el problema financiero que enfrenta la UAS.
Rocha Moya ha sido categórico: este año no habrá apoyo adicional para el pago de aguinaldos ni para otras necesidades económicas de la universidad debido al déficit presupuestario que enfrenta el estado, superior a los mil 700 millones de pesos.
Esto coloca a la UAS en una situación de vulnerabilidad, ya que dependerá exclusivamente de su capacidad administrativa para resolver este problema.
El gobernador ha señalado que el mal manejo de los recursos es uno de los factores que ha exacerbado la crisis financiera en la universidad.
Esta crítica apunta directamente a la administración universitaria, la cual deberá rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos asignados.
La posibilidad de una crisis interna en la UAS, marcada por falta de pagos, movilizaciones estudiantiles y docentes por salarios, se convierte en un escenario probable si no se encuentra una solución efectiva.
Además, la falta de recursos puede hacer que la reforma, aunque bien intencionada, se vea opacada por problemas financieros inmediatos que desvíen la atención y generen un ambiente de crisis. La universidad deberá enfrentarse no solo a un proceso de reestructuración electoral, sino también a la necesidad urgente de sanear sus finanzas o buscar alternativas de financiamiento externo.
El impacto de esta reforma va más allá de la vida universitaria.
Si el proceso de elección democrática del rector se lleva a cabo sin mayores complicaciones, podría posicionar a Rubén Rocha Moya como un gobernador capaz de impulsar transformaciones significativas y democráticas en instituciones clave.
Esto fortalecería su imagen no solo a nivel local, sino también nacional, en un momento en que los gobiernos estatales buscan consolidar su peso dentro del contexto político mexicano.
No obstante, si el conflicto escala y deriva en una crisis en la UAS, esto podría impactar negativamente en la percepción de la administración de Rocha.
La oposición política en Sinaloa, que incluye a fuerzas como el PRI, PAN y otras, podría utilizar esta situación para cuestionar la capacidad del gobierno estatal de manejar temas complejos y conflictivos como la educación superior.
La opinión pública también podría polarizarse, con sectores que ven la reforma como necesaria para democratizar la UAS y otros que lo perciben como una interferencia del gobierno en asuntos universitarios.
Los escenarios que se abren con la publicacn del decreto de reforma a la Ley Orgánica de la UAS son diversos y complejos.
Por un lado, se busca democratizar la elección del rector y garantizar una mayor transparencia en la gestión universitaria. Por otro, el contexto financiero y político amenaza con dificultar su implementación.
El desafío será cómo la UAS y el gobierno estatal logran navegar estos escenarios sin caer en crisis prolongadas que afecten tanto a la vida académica como al clima político de Sinaloa.
Ya veremos que acontece
NUEVO CICLO
La instalación de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa marca un nuevo capítulo en la política estatal, donde las fuerzas políticas representadas (Morena, PVEM, PRI, PAN y PT) han mostrado un compromiso declarado de mantener el diálogo y buscar consensos. En la conferencia de prensa conjunta, los líderes de cada fracción coincidieron en la necesidad de trabajar por la estabilidad y el bienestar de los sinaloenses.
Lo que resulta destacable de este arranque legislativo es el énfasis que se ha puesto en la colaboración entre partidos que históricamente han estado en conflicto.
La diputada de Morena, María Teresa Guerra Ochoa, representante de la fuerza política mayoritaria, ha manifestado un mensaje de apertura y ha reconocido a las demás bancadas por su disposición al diálogo, mientras que figuras como Rodolfo Valenzuela Sánchez (PVEM) y Bernardino Antelo Esper (PRI) han subrayado la importancia del consenso y el respeto mutuo.
Sin embargo, detrás de estas declaraciones de unidad se esconden retos importantes. Aunque el discurso de arranque ha sido optimista, la realidad política es mucho más compleja.
Los antecedentes de polarización en temas sensibles como la seguridad y el desarrollo económico plantean la pregunta de cuánto durará esta aparente armonía. Roxana Rubio Valdez (PAN) ha asegurado que su fracción será una oposición responsable, pero que no dudarán en alzar la voz cuando sea necesario, lo que sugiere que las diferencias entre las fuerzas políticas eventualmente saldrán a flote.
La declaración de trabajar por la “felicidad” de los sinaloenses, como expresó Guerra Ochoa, es un objetivo noble, pero difícil de materializar sin una estrategia clara y realista.
El consenso en el nombramiento de la Mesa Directiva es un primer paso positivo, pero será en la práctica legislativa donde se pondrá a prueba la capacidad de estas fuerzas para mantener sus compromisos.
La 65 Legislatura se enfrenta a un panorama donde la violencia y la inseguridad siguen siendo los problemas más apremiantes.
El reto de las fuerzas políticas será no solo mantener el diálogo, sino traducirlo en acciones concretas que generen resultados tangibles para la población.
RELEVO
Hoy, Feliciano Castro Meléndrez será nombrado como secretario general de Gobierno de Sinaloa refuerza la estrategia de Rubén Rocha Moya de consolidar a sus figuras más cercanas en los puestos clave de su administración.
Con este movimiento, el gobernador garantiza una alineación ideológica y operativa en el gabinete, lo que fortalece el control político y administrativo del estado.
La salida de Enrique Inzunza Cázarez, ahora en el Senado, es sustituida por una figura que ha demostrado lealtad y eficiencia en la conducción de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local que este lunes concluyó su trabajo.
Castro Meléndrez, con una trayectoria cercana a los intereses de Rocha Moya, llega a la Secretaría General de Gobierno con la misión clara de mantener la cohesión dentro del equipo gubernamental y de enfrentar de manera directa los retos políticos y sociales que atraviesa el estado.
Este nombramiento no solo reafirma la confianza de Rocha en su círculo más cercano, sino que también evidencia una lógica de premios políticos.
El gobernador ya ha insinuado la posibilidad de que otros legisladores que culminan su periodo se integren al gabinete, lo que demuestra que la reconfiguración del equipo de gobierno responde tanto a criterios de lealtad como a una estrategia política clara de mantener el poder en manos confiables.
En cuanto a Castro Meléndrez, el paso de la arena legislativa a una posición ejecutiva le permitirá ahora gestionar directamente la relación con los diversos actores políticos y garantizar el cumplimiento de la ley en Sinaloa.
Su experiencia y capacidad de negociación serán cruciales, especialmente en temas como la autonomía universitaria, que sigue siendo un punto de tensión en el estado.
Este nombramiento es una clara señal de que Rocha Moya apuesta por un gobierno cohesionado, basado en la confianza mutua entre sus colaboradores más cercanos.
mlizarraga1@entreveredas.com.mx
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