Ataques a exmandos policiacos y balaceras en  Culiacán reflejan la grave crisis de seguridad en Sinaloa, sumiendo a la población en un estado de miedo e incertidumbre.

Sinaloa.- El ataque a 80 cámaras de videovigilancia y los hechos en que perdieron la vida dos ex secretarios de seguridad pública de Mazatlán, Simón Malpica y Juan Ramón Alfaro, y el ex subdirector de la policía de Culiacán, Benjamín Villarreal, configuran la escalada de ataques directos a mandos en activo o retirados de las corporaciones municipales encargadas de proteger a los ciudadanos contra agresiones de delincuentes, pero sobre todo son la embestida bárbara contra los afanes ciudadanos para la construcción de paz.

Todo indica que la prolongada situación de violencia que anoche recrudeció con balaceras en varias zonas de Culiacán, busca mantener a la población en permanente estado de miedo, ya que la continuidad de hechos de alto poder amedrentador dificultan que se establezcan periodos duraderos de tranquilidad, sobre todo si las víctimas pertenecen a las instituciones que deben brindar seguridad a los sinaloenses.

Ningún cálculo o discurso proveniente del gobierno, que hable de la recuperación de la paz, resulta creíble cuando es la fuerza pública la que presenta bajas y la capacidad de contención al crimen queda en entredicho con el paso de las horas que se tornan angustiosas para las familias que en días de zozobra y noches en vela aguardan a que las autoridades ofrezcan condiciones para volver a estar tranquilos.

En 15 días han asesinado a dos titulares de la SSPyTM de Mazatlán, al ex subdirector de la Policía de Culiacán, además de elementos que están desaparecidos o también perdieron la vida por ataques criminales, lo cual repercute en que la percepción de peligro sea creciente para la población de bien y que sean más los que se suman a la firme exigencia del regreso de condiciones seguras para reanudar la vida normal.

Y al agregarse la amenaza criminal de la noche del 24 de noviembre y amanecer del 25 cobran mayor fuerza las preguntas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de hasta cuándo el Estado de derecho sujetará a los individuos y grupos causantes de la violencia que Sinaloa no puede resistir más. ¿Hasta cuándo más allá del “esto tiene que pasar” que expone el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, como indicio de la rendición del gobierno?

Con información de Revista Espejo

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