La cama tendida para Gerardo Vargas; ¿culpable o perseguido ¡las dos! diagnostican; la censura que viene

DOMINGRILLA

FRANCISCO CHIQUETE

En los mentideros políticos del estado la duda ha sido la misma durante la última semana, y la respuesta frecuente también es la misma ¿Gerardo Vargas es culpable, o es que el gobernador Rocha se lo quiere echar? ¡Ambas!
El caso que presenta la Auditoría Superior del Estado es fácil de calificar, aunque en materia de justicia administrativa frecuentemente dos más dos no son cuatro.
La administración de Gerardo Octavio Vargas Landeros contrató la obtención de 126 vehículos para el área de Seguridad Pública, por un monto de 171 millones 451 mil 932 pesos con cuarenta centavos, bajo la modalidad de arrendamiento.
Análisis periodísticos de Noroeste dicen que el valor está inflado por encima del 200 por ciento, pero antes de entrar en esos detalles, la Auditoría Superior del Estado dice que el problema principal estriba en que el contrato, pese a la cantidad de dinero que engloba, no fue licitado, sino asignado de manera directa, lo que evidentemente va contra la ley.
¿Qué dice el alcalde de Ahome? Que él está tranquilo, que puede ver a la gente directamente a los ojos, y que la adquisición se hizo como él creyó que estaba bien hecha.
Vargas Landeros ha sido funcionario público en muchas ocasiones y ha tenido a su cargo responsabilidades administrativas que lo obligan a conocer las condiciones en que deben hacerse las adquisiciones del sector público, y una de las más importantes y evidentes es que a partir de cierta cantidad de dinero, todo contrato debe someterse a licitación.
Este personaje fue gerente de la Junta de Agua Potable de Mazatlán y de la de Ahome; fue secretario general de gobierno, casi encargado del despacho mientras el titular bailaba en los actos públicos; fue alcalde de Ahome en el primer trienio de este periodo, y se reeligió el año pasado. ¿En todo ese trayecto no se aprendió el requisito de la licitación?
Aunque de entrada parecía un rumor encaminado a golpearlo y golpear al gobernador, este viernes quedó confirmado que la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso un mecnismo de procedencia para que instaure el juicio político y en su caso, someterlo a los tribunales.
Ya incluso está diseñada la ruta crítica: este lunes se toma el acuerdo en la Junta de Coordinación Política, donde Morena tiene todas las de ganar, y donde hay opositores que le traen ganas a Vargas Landeros, de modo que el caso sería llevado al pleno al día siguiente, para que luego luego corran los plazos.
Ya comentábamos en una entrega anterior que el gobierno de Malova, en que Vargas Landeros fue secretario general de gobierno, también se vio metido en un escándalo de esos, precisamente por comprar patrullas sin licitación al empresario a quien Mario López Valdez clasificó como su padre empresarial.
DE TRES, TRES
De concretarse la destitución y encausamiento de GVL, el gobernador Rubén Rocha Moya se habrá escabechado a los tres personajes que le disputaron la candidatura a gobernador del estado, Jesús Estrada Ferreiro, Luis Guillermo Benítez Torres y el actual alcalde ahomense. En los tres casos ha habido acusaciones similares.
Aunque Estrada Ferreiro fue muy insistente y hasta grosero en la competencia, Benítez Torres fue el más notorio por sus asociaciones dentro de Morena. Ambos fueron acallados con sendas candidaturas a la reelección en Culiacán y Mazatlán, respectivamente. Vargas fue más allá: declaró públicamente que fue él quien ganó la encuesta interna de Morena y que lo de Rocha fue una imposición. Después de moverse en la capital del país y no conseguir la rectificación, intentó chantajear al partido exigiendo ser alcalde de Culiacán, que tampoco le concedieron, y aceptó Ahome como premio de consolación.
Sin embargo, esta vez no se trata sólo de la venganza por el pasado, sino de las maniobras por el futuro. A Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázares les parece que ya es hora de empezar a alinear las cosas para que el segundo sea candidato morenista a la sucesión en 2027, ahora que parece tener el apoyo de Adán Augusto Hernández López y por tanto, del ala obradorista.
No es nuevo: otros gobernadores han destituido alcaldes por revancha o por maniobras futuristas, aunque no es usual que ocurra con los de las tres principales ciudades de la entidad.
Claro que muchos se preguntan si Rocha tiene aún fuera política suficiente para concretar este golpe, pues además de su desgaste acelerado por la guerra interna del Cartel de Sinaloa, está el hecho de que Vargas tiene sus agarraderas. En no pocas ocasiones al diputado claudista Alfonso Ramírez Cuéllar quedó al descubierto, presionando por la salida de Rocha y la sustitución a cargo de Gerardo.
Pero tampoco es como para decir que “la víctima” tiene una magnífica relación con la presidenta. Lo que tiene en cambio es el enojo de muchos morenistas que lo siguen considerando un oportunista fugado del PRI y del Malovismo.
Habrá que ver si le alcanza al gobernador, o si no termina por sacudir el avispero.
TOMA TODO
El gobierno de Claudia Sheinbaum parece estar jugando al popular albur del toma todo, pero con pirinola cargada.
No sólo se va a quedar con el Poder Judicial, desapareciendo la independencia de los juzgadores, sino que ahora va sobre la propiedad legal de los medios de comunicación electrónicos y las plataformas digitales, que de prosperar la propuesta de ley en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión, quedarán a expensas de un albazo.
Aunque la presidenta dice que no es la intención censurar, todo el articulado está orientado a dar al gobierno la capacidad de intervenir en cualquier medio de comunicación electrónico y digital, retirarles las concesiones o bloquear las plataformas con pretextos tan ambiguos como la seguridad nacional y el interés público.
Se trata de una legislación altamente regresiva que deja en manos del gobierno la posibilidad de decidir cuáles voces se escuchan y cuáles no. No es una agresión a los periodistas y comunicadores, es un severo golpe al derecho de la sociedad para expresarse y para informarse.
Ahora sí: después de esto sólo quedará que el gobierno nombre comisarios políticos para las escuelas, las fábricas, los sindicatos y todo aquel lugar donde haya una reunión masiva “de más de dos”, como decía el viejo chiste anticomunista.