Quién es Heriberto Salazar Amaya, el “fantasma” del Cártel de Sinaloa al mando de una de las mayores redes de fentanilo en EEUU
Su captura tras, el mayor decomiso de pastillas de fentanilo en la historia de la DEA, reveló el perfil de un líder silencioso con alcance en cinco estados
Heriberto Salazar Amaya no tenía un perfil público: no aparecía en los listados internacionales de los más buscados, ni tenía antecedentes conocidos en cortes de alto perfil. Pero cuando agentes federales lo detuvieron el 28 de abril en Salem, Oregón, como parte de un megaoperativo encabezado por la DEA, las autoridades lo identificaron como el líder de una de las redes de tráfico de fentanilo más grandes jamás detectadas en Estados Unidos.
Con 36 años y al menos dos deportaciones previas, Salazar Amaya se encontraba de manera ilegal en el país; pese a ello, había logrado establecer una estructura de distribución transnacional, discreta pero eficiente, con operaciones diarias que abarcaban al menos cinco estados.
Desde su base en Oregón, Salazar Amaya no lideraba mediante violencia ni presencia física constante, sino con logística, coordinación y anonimato.
Según documentos judiciales presentados por la fiscalía federal el 29 de abril de 2025 ante la Corte del Distrito de Nuevo México, Heriberto Salazar Amaya recibía directamente los pedidos de droga de clientes en Estados Unidos y coordinaba la entrega a través de mensajeros que seguían un cronograma diario.
Las rutas incluían vehículos de carga y viviendas utilizadas como centros de almacenamiento —conocidas comostash houses—, desde donde se organizaban las entregas en distintas zonas metropolitanas. Todo el esquema estaba diseñado para mantener el flujo constante de distribución sin exponer directamente a quienes lo dirigían.
La fiscalía federal describió este método como el “modelo Salazar”: eficiente, discreto y replicable. La red conocida como HSA DTO —por las iniciales de su nombre— funcionaba como una empresa criminal, con jerarquías operativas, procesos estandarizados y zonas de responsabilidad delimitadas.
No se trataba de un grupo armado que dominaba territorios, sino de un sistema logístico que operaba bajo el radar, moviendo volúmenes industriales de narcóticos a lo largo del suroeste de Estados Unidos.
Así funcionaba la red de distribución
La DEA describió el caso como un ejemplo de operación criminal sofisticada: sin violencia visible, pero con capacidad logística para distribuir drogas en cinco estados. (DEA)
La DEA venía investigando a la organización desde 2024 mediante vigilancia encubierta, análisis financiero y el uso de tecnologías de rastreo. Las ciudades clave donde operaba la red incluían Albuquerque y Santa Fe en Nuevo México; Phoenix en Arizona; Las Vegas en Nevada; Layton en Utah; y Salem en Oregón.
En cada uno de esos puntos había vehículos, armas, dinero en efectivo y personas dedicadas a la logística de distribución. Las drogas provenían de México, y en Estados Unidos se procesaban, empacaban y redistribuían en pastillas marcadas como oxicodona, pero que contenían fentanilo en concentraciones letales.
El 28 de abril, durante un operativo simultáneo en cinco estados, las autoridades incautaron aproximadamente 4.2 millones de pastillas de fentanilo, según consta en la moción judicial presentada al día siguiente. En los primeros comunicados oficiales se informó que eran tres millones de pastillas de fentanilo, pero el documento judicial detalló que la cifra real fue de 4 millones 193 mil pastillas.
También se decomisaron 11.5 kilos de polvo de fentanilo, 7.5 kilos de cocaína, 4.5 kilos de heroína, casi 36 kilos de metanfetamina, más de 4.4 millones de dólares en efectivo, 41 armas de fuego —incluidas algunas automáticas y otras sin número de serie— y siete vehículos de lujo.
Los fiscales señalaron que este volumen de droga representa “una cantidad suficiente para matar a un número incalculable de estadounidenses”.
Los otros detenidos: una red de ejecutores sin rostro
Junto con Heriberto Salazar Amaya fueron arrestadas otras 15 personas, todos acusados de conspiración para distribuir fentanilo.
Junto con Salazar Amaya fueron arrestadas 15 personas; varios enfrentan cargos por tráfico y posesión de armas, y al menos seis estaban en EEUU sin autorización legal. (Oliver Contreras / AFP)
Entre ellos se encuentran César Acuña Moreno (27 años), Bruce Sedillo (26), Vincent Montoya (35), Francisco García (27), David Anesi (42), George Navarette Ramírez (25), Alex Anthony Martínez, José Luis Márquez, Nicholas Tanner, Brian Sánchez, Kaitlyn Young, Alan Singer y David Altamirano López.
Al menos seis de ellos estaban en el país de manera irregular. Por otro lado, algunos de los detenidos enfrentan cargos adicionales: Sedillo está acusado de posesión de armas en apoyo al narcotráfico, y Márquez, de posesión con intención de distribuir.
De igual forma, se presentaron tres denuncias penales adicionales contra personas conectadas a la red:
- Phillip Lovato (39 años) fue detenido en Santa Fe, Nuevo México, donde se le encontraron más de 110 mil pastillas de fentanilo en un depósito oculto.
- Roberta Herrera (31) fue arrestada en su apartamento, también en Nuevo México. Allí se incautaron 365.000 pastillas, 1.5 kilos de heroína, medio kilo de cocaína y 24 armas de fuego. Un menor de edad fue encontrado en el lugar.
- Misael López Rubio (25) fue interceptado en una bodega donde almacenaba 165 kilos de fentanilo en pastillas. También está acusado de conspiración para distribuir.
Las autoridades explicaron que todos estos individuos cumplían funciones logísticas dentro del esquema: almacenamiento, transporte, entrega o resguardo de armas. Ninguno tenía un perfil violento, pero todos manejaban cargamentos con potencial letal.
Por su parte, además de los cargos por tráfico de drogas y armas, Heriberto Salazar Amaya enfrenta acusaciones federales por reingreso ilegal al país tras una deportación, contratación de trabajadores sin autorización migratoria y conspiración para albergarlos.
Todos los acusados permanecen detenidos sin derecho a fianza. Las autoridades argumentaron riesgo de fuga y peligrosidad para la comunidad, dado el volumen de las operaciones, el acceso a armamento modificado y los vínculos transnacionales.
Las penas mínimas previstas por los delitos de narcotráfico y armas superan los diez años de prisión, con posibilidad de condenas consecutivas.
Con información de Infobae
