Sinaloa carece de limpieza forense: vecinos limpian escenas del crimen

Dheyna Brito

Cuando ocurre un hecho violento en Sinaloa, el protocolo de actuación contempla el arribo de elementos policiales, peritos y el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, una vez concluida la intervención de las autoridades, no hay ninguna institución pública responsable de limpiar el lugar. Tampoco existen en el estado empresas privadas registradas que ofrezcan servicios de limpieza forense, especializados en el retiro de restos biológicos.

De acuerdo con directorios especializados y reportes nacionales, Sinaloa no cuenta con empresas activas en limpieza de escenas del crimen. En contraste, estados como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León cuentan con firmas como Limpieza Forense MX, que operan con personal capacitado, equipo de bioseguridad y protocolos sanitarios.

La omisión institucional tiene consecuencias sanitarias y emocionales. En comunidades donde ocurre un crimen, son los propios vecinos quienes deben hacer frente a la limpieza. Eso ocurrió en una colonia al sur de Culiacán el 7 de febrero pasado, tras el asesinato de tres jóvenes afuera de un abarrote.

“Ana” —nombre modificado por motivos de seguridad— fue testigo indirecta del hecho. Relata que, al enterarse, se encerró en su casa sin poder hablar. “Me quedé en shock. Fue algo horrible.” Su cuñada fue la primera persona que, al llegar de su turno nocturno, se encargó de limpiar la sangre. “Ella trabaja en Ley, le tocó trabajar de noche. Llegó en la mañana, y fue la que limpió todo. Lavó el piso donde había quedado el cuerpo.”

No fue la única. Vecinas del lugar, conmovidas por la escena y sin guía de autoridad alguna, decidieron intervenir. “Una señora muy católica trajo agua bendita. Junto con otras, lavaron todo. Ahí estaban, con escobas, con cubetas… limpiando la sangre. Porque nadie más lo iba a hacer”, narró Ana.

La limpieza no fue solo un acto físico: fue una forma de duelo comunitario, de resignificar el espacio. Poco después, con permiso de una familiar, se colocó un cenotafio en memoria del joven asesinado. “Pensábamos que iban a poner algo sencillito… pero no. Fue algo grande, con música, flores, veladoras. Vienen sus familiares, su novia. Le rezan. Le ponen canciones. Es su forma de no olvidar”, dijo.

Pero el dolor no se limita a los familiares. Ana asegura que desde ese día su salud se vino abajo. “Nunca había tenido problemas. Me subió la presión, me dio neuropatía, no dormía ni de día ni de noche. El miedo se me quedó en el cuerpo.” Sufre insomnio, ansiedad, y desde entonces no ha vuelto a trabajar como antes. “Yo tenía una librería, vendía comida. Pero no pude seguir. No puedo ni pasar por ahí, por donde mataron al plebe.”

Desde el inicio de la guerra interna en Sinaloa, el 9 de septiembre de 2024, la violencia ha cobrado más de 1,600 vidas, según recuentos de medios nacionales y cifras oficiales. Junio de 2025 cerró con 212 homicidios dolosos, siendo el mes más violento en catorce años. El promedio actual de asesinatos en el estado es de más de cinco al día, y ya se contabilizan al menos 50 menores asesinados desde el estallido del conflicto.

Para la psicóloga Edith Robles Arredondo, especialista en violencia de género, trata y desaparición forzada, esta experiencia es un ejemplo claro de cómo la omisión estatal revictimiza. “Es bastante traumático de entrada. Es revictimizante por parte del Estado no tener una atención a las víctimas ni al impacto que tiene en los espacios. También es violencia comunitaria”, explicó.

Robles señala que este tipo de experiencias pueden provocar trauma vicario, una forma de afectación psicológica que impacta incluso a quienes no conocían a la víctima. “Se activan las neuronas espejo, las que generan empatía. Nos impacta en la mente, en el cuerpo, en las emociones. Nos pone en un estado de vulnerabilidad como si pudiéramos ser nosotras mismas quienes estuviéramos en esa situación”, detalló.

Ana, aunque no fue testigo directo del asesinato, presenta síntomas que Robles identifica como propios del trastorno de estrés postraumático complejo. “No poder dormir, tener pesadillas, evitar pasar por el sitio, sufrir hiperactivación emocional… todo eso forma parte del impacto psicológico. El cuerpo entra en un estado de alerta permanente.”

Un vacío institucional

En el estado, ni los ayuntamientos ni el gobierno estatal cuentan con brigadas sanitarias para descontaminar espacios tras hechos violentos. Las 12 funerarias autorizadas por el estado para servir como depósitos del Servicio Médico Forense se limitan al manejo de cadáveres, pero no a la limpieza del entorno.

Las empresas privadas registradas en Sinaloa, por su parte, se enfocan en servicios de limpieza doméstica o comercial. Ninguna contempla el tratamiento de fluidos corporales o escenarios traumáticos.

Mientras tanto, en países como Estados Unidos, varios estados ofrecen apoyo económico para cubrir servicios especializados de limpieza post-crimen, con montos que superan los dos mil dólares. Además, existen protocolos de intervención y seguimiento psicológico tanto para las víctimas indirectas como para los trabajadores.

Para Robles, el abandono estatal en esta etapa del proceso violento viola el derecho a la reparación y la garantía de no repetición. “El Estado debe garantizar los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. No hacerse cargo de limpiar esos espacios es revictimizante. Es decirnos como sociedad: no valen ni siquiera para ser tratados con dignidad después de la muerte.”

Añade que es necesario que las comunidades y las propias víctimas tengan voz sobre cómo quieren que se construya la memoria. “Hay quienes piden silencio, respeto, quienes colocan altares o quienes simplemente no quieren volver a hablar del tema. Pero lo que no puede seguir pasando es esta indiferencia institucional, que ofende e indigna.”

Con información de El Sol de Sinaloa