Ejercer el periodismo en Sinaloa es un riesgo: 64 agresiones registradas durante la narcoguerra

Culiacán, Sin.- La escena no es de una zona de guerra, pero bien podría parecerlo. Chalecos antibalas, protocolos de emergencia y hasta desplazamientos forzados son parte del panorama que enfrentan hoy periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa, estado donde la violencia recrudecida desde septiembre de 2024 ha elevado al doble la cantidad de medidas de protección emitidas.

La más reciente agresión ocurrió este 14 de julio en la comunidad de El Pozo, sindicatura de Imala, donde al menos cinco reporteros fueron intimidados mientras cubrían un hecho violento. A raíz de ello, el Instituto de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos activó protocolos de seguridad y mantiene acompañamiento directo con los afectados.

El medio de comunicación Luz Noticias fue uno de los que sufrieron agresiones directas durante una cobertura en El Pozo, Imala.

Jhenny Judith Bernal Arellano, directora del Instituto, confirmó que “desde septiembre a la fecha hemos registrado 132 personas agredidas: 64 son periodistas, 48 defensores de derechos humanos y 20 familiares de ambos grupos”. En ese mismo periodo, dijo, se han emitido 560 medidas de protección, más del doble en comparación con etapas anteriores.

Desde su creación en mayo de 2022, el Instituto ha brindado 1 mil 333 medidas de protección, aunque es desde el último año que el número se disparó de forma preocupante.

“El hecho mismo de ser periodista o defensor ya es un riesgo en Sinaloa”, subrayó Bernal.

Las medidas más comunes incluyen rondines, cámaras de videovigilancia, escoltas, asesoría legal, apoyo para movilización y, en casos de alto riesgo, la entrega de chalecos antibalas. Aunque esta última es una opción extrema, al menos ocho periodistas han tenido que portarlos como parte de su protección personal, a pesar de las altas temperaturas en la región.

La agresión entre grupos criminales alcanzó a periodistas que cubren la nota roja en Sinaloa.

Además, se han registrado tres casos de desplazamiento forzado de comunicadores con todo y sus familias, quienes debieron abandonar sus hogares ante amenazas directas.

“No quisiéramos otorgar este tipo de medidas, pero la situación lo exige”, concluyó la titular del organismo.

Este repunte en la violencia contra periodistas y defensores tiene una magnitud alarmante: las medidas de protección aumentaron 74 por ciento en promedio mensual desde que inició el actual ciclo de violencia en septiembre de 2024. Mientras que en los primeros dos años del Instituto se emitían 32 medidas mensuales, ahora el promedio es de 56 al mes, un reflejo directo del deterioro en las condiciones para ejercer derechos fundamentales en Sinaloa.