Detuvieron a El Mayo, asesinaron a Héctor Melesio Cuén y a otras 1,700 personas, desaparecieron a casi 2,000 y desplazaron a más de 3 mil familias. Pero eso no es todo.

Marcos Vizcarra

Culiacán, Sinaloa.- Era la tarde del 25 de julio de 2024, alrededor de las 14:00 horas, y para ese momento las noticias locales de seguridad hablaban del cuerpo de un hombre asesinado, envuelto en una bolsa de plástico, quien fue encontrado por mujeres buscadoras de personas desaparecidas en un camino de terracería al norte de Culiacán.

La policía municipal resguardaba el sitio y de pronto se anunció por radio que debían estar preparados. No se supo más, las mujeres no entendían el llamado, mucho menos los periodistas que las acompañaban, hasta que la noticia se dio: fue capturado Ismael Zambada, “el Mayo”, en un aeropuerto al sur de Estados Unidos.

La información acaparó la atención porque se trataba de la detención de un hombre del que se sabía poco, solo por aquella entrevista de Julio Scherer en la revista proceso unos 20 años atrás. Que estuviera vivo parecía más una leyenda local alimentada por escritores y habitantes de pueblos como El Salado o Quilá, donde se ha dicho que caminaba libremente y sin ser molestado.

Huertos del Pedregal. Foto: Marcos Vizcarra

El hecho marcó la agenda internacional —quizás más que la local—, hasta que, horas más tarde, se informó también del asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda, un hombre que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fundador del Partido Sinaloense, ex alcalde de Culiacán y operador político de Morena durante las elecciones de 2021. Había sido víctima de homicidio.

Ambas noticias provocaron un golpe: por un lado, la detención de Zambada García, líder del poderoso Cartel de Sinaloa; por el otro, el asesinato de Cuén Ojeda, principal opositor del gobernador Rubén Rocha Moya, había sido aniquilado. Se generaron más preguntas que respuestas, muchas de las cuales siguen sin ser contestadas.

El 10 de agosto se liberó una carta que, de acuerdo con el abogado Frank Pérez, se firmó por su cliente Zambada García. El documento reveló dos puntos importantes: habría sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de su ex socio “el Chapo”, y que acudió a un sitio llamado Huertos del Pedregal para verse con Cuén Ojeda, al que se refirió como su viejo amigo, con el gobernador Rubén Rocha Moya y con el criminal Iván Archivaldo Guzmán Salazar para discutir un tema político: quién dirigiría la Universidad.

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Huertos del Pedregal

Esa carta, sus afirmaciones, y la verificación que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) le costó el puesto a Sara Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal General de Sinaloa y quien sostuvo por casi un mes que Cuén Ojeda había sido víctima de un robo de vehículo en una gasolinera por la carretera México 15, teniendo como única prueba un video que terminó siendo un montaje.

Seis semanas más tarde estalló de manera pública una confrontación entre grupos criminales del Cártel. Fue el inicio de una lucha por el control territorial entre dos facciones: la de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y la de los hijos de “el Chapo”. Las autoridades locales y federales han asegurado que es un conflicto por una traición entre ambas facciones, marcada por el presunto secuestro de “el Mayo”.

En este año se cuentan ya más de 1,700 asesinatos y alrededor de 2,000 personas desaparecidas. Prácticamente todas las víctimas son el saldo de esa confrontación, aunque no es todo: se han documentado más de 100 bloqueos carreteros, el incendio de más de 80 viviendas y negocios comerciales, el desplazamiento forzado de por lo menos 3 mil familias en la región serrana de Sinaloa que colinda con los estados de Durango y Chihuahua, el territorio conocido como “Triángulo Dorado”.

Todos los días se han registrado nuevos conflictos, asesinatos y desapariciones, aunque el gobierno federal sostiene un operativo con más de 10 mil elementos efectivos en las calles, incluyendo la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva.

En un principio, se registraron asesinatos y desapariciones hacia el sur de Culiacán y pueblos de Elota, San Ignacio, Cosalá, Eldorado, Mazatlán y Concordia, pero esto se amplió a los 20 municipios de Sinaloa. En zonas urbanas, hay lugares de Culiacán y Mazatlán donde se tenía una aparente influencia por el grupo criminal de “los Chapitos”, incluyendo sitios como Imala, un pueblo turístico donde se tiene una iglesia antigua, cocina tradicional y un balneario con aguas termales que quedaron abandonados por convertirse en territorio de conflicto.

Carretera Imala. Foto: Marcos Vizcarra

Imala se encuentra apenas a 20 minutos de la ciudad. Antes de llegar, hay un retén del Ejército, pero apenas pasándolo hay vestigios de vehículos incendiados y abandonados como una muestra de la violencia que desplazó a pobladores de ranchos aledaños.

En la colonia Antonio Toledo Corro –un barrio popular al sur de Culiacán– hay casas vandalizadas con pintas, en alusión a una de las organizaciones en conflicto, pero también en la zona exclusiva Colinas de San Miguel, donde la casa de Iván, un ex alcalde de San Ignacio, fue atacada a balazos.

En Elota hay pueblos como Agua Nueva que se quedaron sin sus habitantes porque hombres armados las ocuparon para hacer al lugar una base provisional que sirve también como retén ilegal.

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Una señora del pueblo Rosendo Nieblas carga con una caja de despensa que le fue dada como ayuda humanitaria por la falta de alimentos debido a la violencia en Sinaloa

En Badiraguato rondan hombres armados, instalan retenes y fijan pintas con las siglas “MF”, en alusión a uno de los grupos en disputa.

En El Fuerte hay grupos de madres buscadoras de personas desaparecidas que aseguran que ahora para ir a rastrear deben pedir permiso a un grupo armado que recién se instaló en los límites entre ese municipio y Choix.

Fotografía tomada en los arcos de uno de los pueblos de Badiraguato.

En Elota, San Ignacio, Eldorado y Cosalá aún hay pueblos que sostienen un toque de queda autoimpuesto a partir de las 20:00 horas, mientras que en Concordia y San Ignacio hay pueblos que se vaciaron tras el ataque de drones con explosivos artesanales.

En Eldorado, Navolato y pueblos al sur de Culiacán se mantienen con grupos armados en vigilia entre las calles, observando quiénes entran y salen.

El gobierno mexicano ha enviado a miles de militares y marinos para patrullar, pero estos se han quedado en las zonas urbanas, donde se les puede ver, pero en lo rural no se ha escuchado de ellos.

Batallón de la Guardia Nacional. Foto: Marcos Vizcarra

Lo que sucedió aquel 25 de julio de 2024 se ha expandido a todo el Estado, como un aviso para otras regiones del país donde operan células del Cártel, dispuestas a respaldar a cualquiera de las dos facciones.

Con información de Espejo

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