El Congreso del Estado aprueba castigos más severos cuando la víctima sea menor de edad, periodista o policía.

Manuel Aceves
El Congreso de Sinaloa aprobó reformas al Código Penal local que endurecen las sanciones por el delito de homicidio, al incrementar las penas tanto para el homicidio simple como para el doloso, y establecer nuevas agravantes en casos donde la víctima sea un menor de edad, periodista o integrante de una corporación de seguridad pública.
La reforma al artículo 134 eleva la pena por homicidio simple, que pasa de un rango de 8 a 22 años, a un nuevo mínimo de 12 y máximo de 24 años de prisión. En tanto, el artículo 139 —referente a homicidios con agravantes— también fue modificado: la pena mínima sube de 22 a 25 años, y la máxima se mantiene en 50 años de cárcel.
​Además, se incorporaron tres nuevas causales al artículo 139, estableciendo que se aplicarán estas penas más severas cuando:
Se cometa dolosamente en contra de una persona por su actividad dentro del periodismo.
Se cometa dolosamente en contra de una persona que revista la calidad de servidor público de alguna institución o corporación policial.
Se cometa dolosamente en contra de una persona menor de dieciocho años de edad.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Justicia, que preside la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, del Partido Verde, y retomó dos iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), al considerar que ambas coincidían en fortalecer el marco legal en materia de derecho a la vida.
“Con los niños y niñas no”, claman diputadas
Durante la sesión ordinaria del martes, diputadas de las tres fuerzas políticas que impulsaron la reforma coincidieron en tribuna al usar la frase: “Con los niños y niñas no”, al destacar la necesidad de sancionar con mayor dureza los crímenes cometidos contra este sector de la población.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que el Código Penal no había sido reformado en este sentido desde hace más de 30 años, a pesar de las crisis de seguridad que ha vivido el estado.
“Han pasado más de 30 años —dijo— que no se habían modificado las penas, a pesar de las crisis de seguridad pública que hubo en distintas épocas, como en 2008, 2010 y en 2017 (el primer Culiacanazo) y más recientemente con la actual confrontación entre dos grupos”.
Agregó que con la reforma “se hace un ajuste al homicidio simple, un delito que no se había movido, cuyas penas mínima y máxima eran de 8 a 12 años y ahora con la reforma son de 20 a 24 años”. En el caso del homicidio doloso, “también se eleva la pena mínima de 22 a 25 años, y la máxima se queda en 50 años”.
Guerra Ochoa subrayó que, si bien el endurecimiento de penas es importante, el reto de fondo sigue siendo combatir la impunidad:
“Sabemos que elevar las penas es un paso que se da desde el Congreso del Estado, pero no es suficiente. El gran reto es reducir la impunidad, fortalecer las agencias del Ministerio Público, el profesionalismo de policías para que se acorten los procesos, se hagan las detenciones y se apliquen las sanciones para reducir la impunidad”.
“Ninguna pena podrá devolver una vida, pero construye un marco jurídico más humano”
En su intervención, Yeraldine Bonilla sostuvo que la reforma no sólo persigue castigos más severos, sino que busca disuadir una de las formas más crueles de violencia:
“El Congreso del estado, dijo, no sólo endurece las penas, sino que manda un mensaje claro y contundente de que no habrá tolerancia para quienes arrebaten la vida de una niña, niño o adolescente”.
“Reconocemos que ninguna pena podrá devolver una vida o aliviar el dolor de una familia, pero sí ayuda a construir un marco jurídico más humano y es muestra de la voluntad política de avanzar a un Sinaloa más justo, más seguro y más dignidad humana”, expresó.
Desde el PAN, la diputada Roxana Rubio Valdez también usó la frase “Con las niñas y los niños no”, y recordó en tribuna los nombres de menores asesinados en los últimos meses: “Por cada niño y niña que no está con nosotras y por cada familia que vive con miedo”, explicó que se trabajó en las reformas aprobadas que además son una esperanza y buscan encender una luz de justicia.
Añadió que estas reformas también representan una respuesta del Poder Legislativo a lo más valioso que tiene la sociedad: la niñez y la familia. Al mismo tiempo, dijo, se protege a quienes forman parte de las instituciones de seguridad pública, y se apuesta por un cambio cultural que lleve a una sociedad más pacífica y próspera.
Finalmente, Guerra Ochoa recordó que el Congreso ha aprobado otras reformas clave en materia de seguridad, como el aumento de penas por robo de vehículos, uso de ponchallantas y halconeo, y adelantó que también se trabaja en incrementar el presupuesto para fortalecer las instituciones de seguridad pública del estado.
Con información de Milenio

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