Entre la ética que sueña y la desigualdad que respira: justicia social, derechos humanos y ciudadanía en México
Jesús Octavio Milán Gil
La justicia social no es caridad; es un derecho humano que late cuando miramos al otro como parte de nuestra propia humanidad.
Veo una ciudad que respira desigualdad como si fuera su propio pulso. En este México que late entre tradiciones y retos contemporáneos, la dignidad de cada persona se juega en la accesibilidad real a la educación, la salud, el trabajo decente y una vida libre de violencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos —“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”— no es una consigna ornamental sino la brújula que debe guiar políticas públicas, prácticas cívicas y nuestra ética cotidiana. En este cruce entre ética y justicia social, la ciudadanía cobra sentido como ejercicio consciente de nuestras responsabilidades: mirar, exigir, apoyar, vigilar. Porque cada cifra que parece fría es, en verdad, una historia de una vida que merece ser reconocida y protegida.
El telón y la pregunta
La ética, cuando no se traduce en acciones visibles, corre el riesgo de quedarse en palabras. En la sala de este drama social mexicano, los derechos humanos y la ciudadanía son protagonistas, pero la desigualdad se cuela como un antagonista que no cede sin lucha. En un país donde el lema global “No dejar a nadie atrás” (Agenda 2030) debe traducirse en realidades concretas, es hora de preguntarnos:
¿Qué políticas nos acercan a esa promesa?
¿Qué instituciones deben fortalecerse para que la educación, la salud, el trabajo decente, la seguridad y la participación cívica lleguen a cada municipio, a cada comunidad indígena, a cada joven en riesgo?
Citas de organismos internacionales y nuestra propia realidad se entrelazan: UNESCO nos recuerda que la educación es un derecho humano y la base para el desarrollo sostenible; la OIT insiste en el trabajo decente como pilar de la justicia social.
Datos que sitúan la escena
En México, la desigualdad se expresa en múltiples frentes: ingresos, oportunidades, acceso a servicios y protección de derechos. Veámoslo con datos que permiten comprender el escenario:
– Desigualdad de ingresos: el índice de Gini de ingresos en México se sitúa alrededor de 0.45 en los años recientes (INEGI, 2020-2022). Esto indica que la distribución del ingreso sigue siendo muy desigual respecto a la mayoría de los países de la OCDE, y que una franja significativa de la población concentra la mayor parte de la riqueza.
– Pobreza y pobreza extrema por ingresos: según CONEVAL, entre 2020 y 2022 la pobreza por ingresos se mantuvo en un nivel alto, afectando aproximadamente al 40% de la población, y una franja de entre el 7% y el 9% cayó en pobreza extrema. Estas cifras varían por región, ruralidad y grupos vulnerables (niños, mujeres, pueblos indígenas).
– Educación y brecha educativa: México enfrenta desafíos de logro educativo y desigualdad en el acceso a una educación de calidad. La pandemia de COVID-19 amplificó brechas: millones de estudiantes en zonas rurales y urbanas con menos recursos tuvieron interrupciones en la enseñanza y menor acceso a herramientas digitales. UNESCO subraya que la educación es un derecho humano y que su calidad y equidad son fundamentales para el desarrollo, la ciudadanía y la igualdad de oportunidades. En México, las brechas persisten entre estados y entre áreas urbanas y rurales.
– Empleo y seguridad social: la participación laboral y la calidad del empleo siguen siendo temas centrales para la justicia social. La OIT (Organización Internacional del trabajo) es una agencia de la ONU que promueve el trabajo decente y los derechos laborales, así como la protección social, mediante normas internacionales y diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores como pilar de la ciudadanía. En los últimos años, la tasa de empleo formal frente a la informalidad y la cobertura de seguridad social han mostrado avances, pero persisten brechas significativas, especialmente entre mujeres, jóvenes y trabajadores de la economía informal.
– Violencia y derechos humanos: la violencia, incluida la violencia contra mujeres y defensoras y defensores de derechos humanos, continúa siendo una prueba de la realidad de los derechos en México. Las estadísticas de incidencia delictiva y las denuncias de vulneraciones a derechos humanos señalan la necesidad de políticas de seguridad, protección y acceso a la justicia que sean efectivas y sensibles a las distintas realidades regionales.
– Ciudadanía y participación cívica: la participación ciudadana se ve influida por el contexto de derechos y oportunidades. En México, la participación electoral en elecciones intermedias y locales ha mostrado variaciones, y la confianza en instituciones es un factor que condiciona la eficacia de la ciudadanía activa. Fortalecer la participación implica mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión de comunidades marginadas.
Citas y voces que iluminan el debate
– “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” — Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
– “No dejar a nadie atrás.” — Lema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
– “Education is a human right and the foundation for achieving sustainable development.” — UNESCO.
– “Decent work for all.” — OIT.
Qué significa ciudadanía en este marco para México
La ciudadanía en México no es solo votar cada periodo; es ejercer derechos y responsabilidades entrelazados: exigir cuentas, participar en decisiones que afecten a comunidades, defender a quienes son vulnerables y sostener redes de solidaridad que proporcionen protección social. La ética debe traducirse en políticas públicas que reduzcan brechas, en instituciones que funcionen con transparencia y en una cultura cívica que tenga presencia en cada barrio, en cada comunidad indígena, en cada ciudad con ritmos y problemáticas distintas. La ciudadanía que actúa crea condiciones para que las cifras de pobreza, desigualdad o violencia no definan de forma definitiva el destino de millones de personas.
Desigualdad como estructura y desafío
La desigualdad no es un espejo neutro; es una construcción social, económica y política que se sostiene con decisiones públicas y privadas: inversión, protección de derechos, prioridades presupuestarias y acceso igualitario a oportunidades. En México, la ética se prueba en el equilibrio entre crecimiento económico y derechos humanos, entre libertad individual y seguridad colectiva, entre desarrollo regional y justicia social. Si la ciudadanía reclama derechos sin asumir responsabilidades, la justicia social se distiende; si, por el contrario, la ética impulsa políticas públicas y redes de apoyo sostenidas, la desigualdad cede terreno ante la dignidad de cada persona.
Un momento de reflexión dramática
Imaginemos a una madre en una comunidad rural con escasa infraestructura educativa, a un joven que lucha por completar la educación y hallar un empleo decente, a una mujer que enfrenta violencia estructural y a una comunidad indígena que exige reconocimiento de sus derechos culturales y territoriales. Si la ética escucha, la justicia es acción: invertir en educación de calidad para todos, ampliar la seguridad social, garantizar empleo decente, reforzar servicios de salud y protección, y promover la participación plena en la vida política y social. La ciudadanía en México se fortalece cuando cada persona se ve como sujeto de derechos y, al mismo tiempo, como agente capaz de construir soluciones colectivas frente a desafíos compartidos.
Conclusión: hacia una ética que se haga presente en México
La ética no puede quedarse en lo abstracto cuando millones de mexicanos enfrentan la desigualdad y la falta de oportunidades. Debemos convertir promesas en compromisos tangibles: invertir en educación y salud de calidad, ampliar la protección social, impulsar empleos decentes, reforzar el acceso a la justicia y asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones. La ética que sueña con justicia social debe traducirse en ciudadanía activa, en responsabilidad compartida y en una vigilancia constante de nuestras instituciones y prácticas. Porque, al final, la dignidad de cada persona es la medida por la que se evalúa la calidad de nuestra humanidad en este México diverso y complejo.
“El conocimiento no termina aquí, continúa en cada lectura.” Nos vemos en la siguiente columna.