Cártel de Sinaloa enfrentan cargos en la Corte del Distrito Sur de Illinois por narcotráfico y lavado de dinero. Las autoridades señalaron que los acusados formaban parte de una red que enviaba grandes cantidades de drogas hacia el Medio Oeste y, al mismo tiempo, movía recursos ilícitos a través del sistema bancario estadounidense.

El administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance Cole, declaró que “no se trata de operaciones callejeras, sino de una estructura criminal que ha inundado nuestras comunidades con drogas y penetrado el sistema financiero con millones en ganancias ilícitas”.

De acuerdo con la fiscal general Pamela Bondi, el grupo trasladaba toneladas de fentanilo, metanfetamina y cocaína desde México hacia Illinois, Missouri y estados vecinos. Además, utilizaban bancos, casas de cambio y empresas fachada para legitimar las ganancias obtenidas.

La investigación permitió decomisar más de 360 kilogramos de fentanilo, 80 de metanfetamina y 50 de cocaína, lo que evidencia el alcance de la red. Bondi calificó el caso como “un golpe significativo a la infraestructura del cártel” y lo vinculó con actos de narcoterrorismo contra Estados Unidos.

Declaraciones de fiscales federales

El fiscal federal Steven D. Weinhoeft describió al cártel como “una organización criminal internacional despiadada” y advirtió que el gobierno “aplastará sus operaciones utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades”.

Por su parte, Cole subrayó que el grupo no solo introduce drogas, sino que “infiltra instituciones financieras”, y reiteró que la DEA seguirá destinando recursos para desmantelar su red.

Entre los imputados se encuentran operadores logísticos y financieros identificados como Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”)José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”)Ángel Alemán Alatorre-MongeMiguel Ángel Aramburo Jr., así como otros 22 colaboradores, entre ellos mujeres señaladas de fungir como enlaces financieros.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco del operativo “Recuperemos América”, implementado bajo la administración de Donald Trump, que incluyó el designar al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE), lo que endurece las sanciones.

En la última semana, se capturó a 15 de los acusados en distintas ciudades de Estados Unidos, mientras que los demás permanecen prófugos. Los procesos judiciales están a cargo de los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans.

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