JUSTICIA SELECTIVA: AL CRÍTICO SE LE PERSIGUE, AL CÓMPLICE SE LE PROTEGE 

SI la justicia no estuviera direccionada por el interés político, Ernestina Godoy, flamante Fiscal General de la República, ya le hubiese abierto una carpeta de investigación al diputado federal y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Mientras el régimen despliega todo el aparato penal del Estado contra de María Amparo Casar, por un asunto administrativo relacionado con una pensión de Pemex que, en cualquier democracia funcional, se resolvería por la vía administrativa, la justicia mexicana se hace ciega, sorda y muda frente a los vínculos entre poder político, sindicalismo mafioso y crimen organizado.

Queda claro que la vara de la Fiscalía no mide igual.

Nunca ha medido igual.

Por un lado, la persecución feroz contra una voz crítica del sistema y directora de Mexicanos Contra la Corrupción; amenazas contra líderes de productores  y represión contra los jóvenes de la Generación Z; Por el otro, el manto protector sobre legisladores y funcionarios de MORENA ligados, directa o indirectamente, a personajes hoy detenidos por extorsión, tráfico de armas, delincuencia organizada y narconexos.

Ahí está el caso del diputado Pedro Haces, líder nacional de la CATEM, organización señalada por empresarios de Sonora, Durango y Coahuila como instrumento de chantaje, simulación sindical y cobro de piso. Ahí está también Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, operador regional de la CATEM, hoy preso en el Altiplano, vinculado al grupo criminal “Los Cabrera”, aliados de Los Mayitos del Cártel de Sinaloa.

Las fotografías existen.Los videos existen.

Los testimonios existen. Las denuncias empresariales existen. Lo que no existe es voluntad y compromiso para aplicar la ley sin sezgos e intereses políticos.

Omar García Harfuch asegura que “por ahora” no se investiga ninguna relación entre Haces y “El Limones”. Ricardo Monreal sale en defensa del diputado. La FGR guarda silencio. Y el modus operandi  se repite, porque cuando la evidencia apunta hacia Morena, la justicia se ausenta y se hace como que la virgen le habla.

Que hay pillos, delincuentes del pasado que deben pagar sus fechorías, es función de la Fiscalía aplicar la ley, pero igualmente debe hacerlo con los bandidos oficiales del presente.

Queda claro que doña Ernestina Godoy llegó a la FGR para ajustar cuentas…Pero contra los adversarios del régimen y no contra sus camaradas guindas que han transitado del escándalo al descaro y de la impudicia a la desvergüenza: Adán Augusto López, ligado a Hernán Bermúdez, jefe policiaco nombrado mientras el senador fingía gobernar Tabasco; Gerardo Fernández Noroña, sin explicar el origen de una propiedad millonaria; los sobrinos del almirante y exsecretario de La Marina, Rafael Ojeda Durán, señalados en poderosas redes de huachicol, bajo el poder de López Obrador. Segalmex, “la casa gris”, los escándalos de empresarios huachicoleros ligados al régimen y vinculados hasta con el certamen de Miss Universo. Un soberano cochinero.

Y, sin embargo, el castigo ejemplar no va contra ellos.

Va contra quien critica, investiga y exhibe.

Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones: esta no es una lucha contra la corrupción, es una administración política de la justicia, donde el Estado de Derecho ha sido pisoteado.

En  conclusión, en el México de la 4T, la ley no persigue delitos, persigue enemigos. Y mientras el régimen presume imparcialidad “caiga quien caiga”, el crimen organizado encuentra refugio en charolas para extorsionar, curules y sindicatos convertidos en organismos fachada. Ahí está el verdadero escándalo.

Todo lo demás es promesa convertida en propaganda y al mismo tiempo  en persecución.