El derecho de acceso a la información en riesgo en Sinaloa
Puede convertirse en letra muerta por lagunas y vacíos de la reforma constitucional, señala José Alfredo Beltrán comisionado de CEAIP.
La reforma constitucional que aprobó el Congreso del Estado para extinguir a la CEAIP arrastra vacíos y lagunas preocupantes que pueden conducir a una parálisis para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa.
La advertencia es señalada por el expresidente de la CEAIP y actual comisionado, José Alfredo Beltrán Estrada, al afirmar que el dictamen de la reforma fue realizado en forma apresurada con improvisación y falta de planeación.
No existe certeza jurídica, asegura, para generar las condiciones y herramientas para el nuevo andamiaje legal institucional.
En Sinaloa actualmente existen un total de 250 sujetos obligados en materia de transparencia que ahora con la reforma constitucional deberán armar sus equipos especializados cada uno para atender las facultades que había estado ejerciendo la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP)
El texto de la reforma constitucional señala que las facultades de la CEAIP deberán ser absorbidas por los órganos internos de control de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de los órganos autónomos, pero omite hacer referencia a los partidos políticos y los sindicatos.
Desde la perspectiva de Beltrán Estrada no existe claridad sobre qué pasará con los municipios. Se daría una invasión, si se pretende que desde el Poder Ejecutivo Estatal se resuelva el tema de transparencia en el ámbito municipal.
Ya existen por este tema, precisa, tres controversias constitucionales en Chihuahua, San Pedro Garza (Nuevo León) y otra en la alcaldía Cuauhtémoc.
Tampoco la reforma constitucional incluyó en los artículos transitorios del decreto la creación de un Comité de Transición para que esta sea ordenada y clara, sin caer en el limbo o en la incertidumbre jurídica, como ya ocurrió en Baja California, en donde el órgano de transparencia dejó de operar y no hubo claridad a quien se debía entregar.
¿Qué va a pasar con los 26 sindicatos que en Sinaloa ya habían normalizado el cumplimiento de las obligaciones de transparencia?, cuestiona, al igual en el caso de los seis partidos políticos que reciben financiamiento estatal, y uno más local.
El comisionado se pregunta también qué sucederá con las 10 universidades públicas que existen en Sinaloa, que, si bien algunas tienen autonomía, otras no.
Las lagunas y vacíos, alerta, pueden generar incertidumbre, vacío institucional y un incumplimiento del ejercicio del derecho humano de acceso a la información, al requerir un lapso prolongado, incluso de varios años, para adecuar instituciones, leyes y normativas.
Desde el punto de impacto económico, califica como impensable e inviable que los órganos internos de control que tienen otro tipo de funciones, atribuciones y facultades vayan a emprender una tarea en la que tienen cero conocimientos, por lo que tendrá que pasar por una curva de aprendizaje.
Cada uno de los órganos internos de control de los sujetos obligados deberán contar con una estructura mínima, ahora con las facultades que tenía la CEAIP, para resolver recursos de revisión desde una perspectiva semijurisdiccional, denuncias por incumplimiento de transparencia, denuncias por presunta violación de datos personales, verificar obligaciones de transparencia, capacitar, socializar el derecho, el gobierno abierto, es decir, un número considerable de nuevas atribuciones que no se previeron en el dictamen.
En realidad, asegura, no hubo un estudio de impacto económico de cuánto le va a costar a Sinaloa la demolición de una institución como la CEAIP, producto de un andamiaje institucional de más de dos décadas.
Muchas entidades del país sí previeron las nuevas circunstancias y establecieron la creación de un Comité de Transición, otros incluyeron en el decreto el mandato al órgano garante de resolver todos sus asuntos pendientes.
Confía que exista sensibilidad en el Poder Ejecutivo y Legislativo para que haya mucha planeación y claridad en las leyes secundarias de la reforma constitucional.
Abunda que en los puntos de la reforma que no se previeron fue la interrupción de plazos durante el proceso de entrega recepción, como sí se hizo en otras entidades, mientras que otras plantearon construir primero el andamiaje administrativo de 250 sujetos obligados.
Unos estados plantearon que estas tareas la realizasen el Tribunal de Justicia Administrativa, otros como la Ciudad de México proponen la creación de un órgano colegiado técnico.
Recordó que existen ideas de organismos ciudadanos de que frente a la extinción de la CEAIP existe un órgano técnico parte del Congreso del Estado para no desangrar la estructura de 250 sujetos obligados y sin generar un hueco institucional que lleve a un relajamiento en el cumplimiento del derecho de acceso a la información.
La improvisación, detalla, fue desde el centro del país porque señala no existe hoy en día una sola entidad de las 32 que pueda decir que está funcionando al pie de la letra la nueva responsabilidad.
Chihuahua ni siquiera reforma constitucional tienen y seguirá operando durante el 2026, al igual que en Querétaro. En Nuevo León tampoco hay consenso para la extinción del órgano.
Realmente es preocupante el limbo en el cual está ahora un derecho que fue conquistado a base de muchas luchas, enfatiza.
Aunque la CEAIP sigue funcionando dentro de sus facultades hasta en tanto se expidan las leyes secundarias, pero los sujetos obligados ya han caído en el relajamiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia porque existen funcionarios que creen que ya no tienen responsabilidad y no contestan solicitudes de información, como es el caso de Mocorito, Escuinapa y Rosario, paramunicipales de Mazatlán, en donde han aumentado considerablemente los recursos de revisión.
Puede suceder que el derecho pueda estar presente en la Constitución, pero que sea letra muerta o imposible de cumplir porque no se previeron las circunstancias económicas, logísticas y normativas para cumplir con el derecho de acceso a la información.
El gran riesgo es la parálisis, por un buen tiempo, concluye.
Artículo publicado el 11 de enero de 2026 en la edición 1198 del semanario Ríodoce.
