Zacatecas y la confesión de Rocha Moya: La seguridad social en terapia intensiva
Por: Silvia Sarmiento
El pasado 12 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024, frenando el intento del Congreso de Zacatecas de condicionar el pago de pensiones a la “suficiencia presupuestaria”. La Corte fue clara: la mala administración no exime al Estado de cumplir con los Derechos Humanos.
Para los sinaloenses, esta sentencia no podría llegar en un momento más crítico. Apenas unos días antes, el 5 de enero de 2026, el Gobernador Rubén Rocha Moya lanzó una advertencia lapidaria desde Los Mochis: “Estamos a punto de perder la capacidad del gobierno para pagar las pensiones a sus trabajadores”.
En declaraciones recogidas por la prensa estatal, el mandatario admitió que el colapso financiero se debe a que administraciones anteriores —señalando específicamente la de Mario López Valdez— retuvieron las aportaciones de los trabajadores pero no las entregaron a los fondos de pensiones, gastándolas en otros rubros. Es decir, confesó abiertamente el saqueo continuado: el dinero “sagrado” del trabajador fue desviado.
La coincidencia entre la sentencia de la Corte y la confesión del Gobernador nos coloca ante una encrucijada peligrosa.
Por un lado, el Ejecutivo estatal plantea como solución “refundar el fondo” o realizar estudios actuariales. En el lenguaje político actual, esto suele ser un eufemismo para lo que hicieron en Zacatecas: reducir prestaciones (como el aguinaldo, que bajó de 60 a 30 días) y aumentar las cuotas de los trabajadores para tapar el hueco que dejaron los ladrones de cuello blanco.
Por otro lado, la SCJN nos acaba de dar la razón jurídica: si el fondo está quebrado porque el gobierno se gastó el dinero en otra cosa, la obligación de pago subsiste. El Estado no puede alegar su propia torpeza (o corrupción) en perjuicio del jubilado.
La advertencia de Rocha Moya confirma que el sistema de pensiones de Sinaloa está en números rojos, pero la solución no puede ser cobrarle la factura a las víctimas. Si el dinero no está porque se desvió, la prioridad no debe ser una reforma legislativa que recorte derechos, sino una acción penal que recupere activos.
No permitamos que la narrativa de la “quiebra técnica” sirva para legalizar el despojo. La crisis es real, sí; pero los responsables tienen nombre y apellido, y no son los trabajadores.
Colofón: La ley del ISSSTEESIN no necesita ser reformada, necesita ser cumplida. Cárcel y reintegración de lo robado para todos los culpables.
*Silvia Sarmiento es líder sindical, opositora histórica a la dirigencia del SNTE 53. Candidata a Secretaria General por la planilla “Convergencia” en las elecciones de 2022.
