Por :JAVIER CASTRO

El ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa no debe leerse como un episodio aislado ni como una casualidad dentro de la espiral de violencia que atraviesa el estado. Es, en realidad, la evidencia más reciente de una pregunta que comienza a incomodar al poder: ¿quién gobierna realmente cuando las balas pueden alcanzar incluso a la clase política?

Cuando los representantes públicos se convierten en objetivos, el mensaje es demoledor. No solo se agrede a personas; se desafía directamente la capacidad del Estado para ejercer su función más básica: garantizar seguridad. Y cuando esa garantía se fractura, el discurso oficial sobre estabilidad comienza a sonar más a narrativa política que a realidad verificable.

La administración del gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta hoy algo más peligroso que un repunte delictivo: enfrenta el desgaste acelerado de su autoridad. Porque gobernar no es reaccionar después de la tragedia, sino impedir que ocurra. Cada atentado que sorprende a la estructura gubernamental revela fallas que ya no pueden explicarse únicamente por la complejidad del fenómeno criminal.

Durante años, la respuesta institucional ha seguido un libreto predecible: condena pública, promesas de investigación y el reiterado “no habrá impunidad”. Sin embargo, la repetición ha vaciado de contenido esas frases. La ciudadanía ya no mide a los gobiernos por la contundencia de sus declaraciones, sino por la reducción real de la violencia. Y en ese terreno, la percepción comienza a ser adversa.

Lo verdaderamente alarmante no es solo el ataque, sino lo que simboliza: la erosión progresiva del control territorial. Un gobierno puede sobrevivir a la crítica política, pero difícilmente a la percepción de que ha perdido la capacidad de imponer orden. Cuando grupos armados actúan con suficiente audacia para desafiar al poder político, la frontera entre autoridad y vulnerabilidad se vuelve peligrosamente delgada.

Hay además un riesgo mayor: la normalización. Las sociedades no se quiebran únicamente por la violencia, sino por la costumbre de vivir con ella. El día en que un atentado contra legisladores deja de ser un escándalo nacional para convertirse en una noticia más, ese día el Estado empieza a perder mucho más que seguridad: pierde legitimidad.

El gobierno estatal insiste en que existe una estrategia, pero los hechos obligan a una revisión crítica. Si dicha estrategia fuera eficaz, ataques de esta magnitud serían excepciones extraordinarias, no recordatorios recurrentes de la fragilidad institucional. Negar esa discusión sería apostar por el autoengaño político.

Porque el problema de fondo ya no es solo criminal; es profundamente político. La seguridad es el cimiento sobre el que descansa toda gobernabilidad. Sin ella, el desarrollo económico se frena, la inversión duda, la vida pública se tensiona y la democracia comienza a operar bajo la sombra del miedo.

La violencia política, en particular, es una señal de alerta para cualquier sistema democrático. Cuando el miedo se infiltra en la esfera pública, el riesgo no es únicamente físico: es la posibilidad de que decisiones, candidaturas y agendas comiencen a condicionarse por la amenaza.

Sinaloa no necesita más mensajes de firmeza; necesita resultados capaces de reconstruir la confianza. La autoridad no se proclama se demuestra y hoy esa demostración se ha vuelto urgente.

El atentado deja una conclusión difícil de evadir: un gobierno puede resistir la crítica, pero no la percepción de debilidad. Y en política, la percepción suele convertirse en realidad más rápido de lo que el poder está dispuesto a admitir.

La pregunta, entonces, ya no es solo qué ocurrió, sino qué revela este ataque sobre el momento que vive Sinaloa.

Porque cuando las balas se atreven a desafiar al Estado, la preocupación deja de ser únicamente la seguridad… y comienza a ser el futuro mismo de la gobernabilidad.

Y frente a ese escenario surge una interrogante inevitable tan incómoda como urgente:

si el poder puede ser tocado, ¿quién está realmente a salvo?

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