El 5 de febrero de 2026, mientras el país conmemoraba el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, una escena aparentemente menor terminó por convertirse en un símbolo incómodo del poder judicial contemporáneo. En plena vía pública de Santiago de Querétaro, minutos antes del acto oficial en el Teatro de la República, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, fue captado mientras dos colaboradores limpiaban su calzado.

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, muestran a una mujer y a otro asistente agachados, utilizando servilletas para limpiar los zapatos del funcionario, mientras Aguilar Ortiz permanece de pie, con las manos en los bolsillos, sin realizar gesto alguno para detener la acción. La escena, por sí sola, habría pasado inadvertida en otro contexto; sin embargo, ocurre en un país donde la austeridad republicana ha sido colocada como bandera ética del servicio público.

La reacción no se hizo esperar. En redes sociales, usuarios y analistas cuestionaron la congruencia entre el discurso institucional y la conducta personal del titular del máximo tribunal. Las críticas se intensificaron al recordarse que Aguilar Ortiz ha sido visto en otras ocasiones portando calzado de la marca de lujo Ferragamo, con un valor estimado de 17 mil 200 pesos, dato que contrasta con la narrativa de sencillez promovida desde el Poder Judicial.

La polémica adquiere mayor dimensión si se recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha descrito públicamente a Aguilar Ortiz como un hombre “modesto y sencillo”, subrayando además su relevancia histórica como el segundo abogado de origen indígena en presidir el Poder Judicial de la Federación. No obstante, este episodio se suma a cuestionamientos previos, como la adquisición de 12 togas personalizadas por cerca de 300 mil pesos y la compra de vehículos blindados de alta gama para integrantes de la Corte.

Durante el mismo acto constitucional, Aguilar Ortiz afirmó que el nuevo Poder Judicial garantiza una “justicia cercana y abierta, basada en la honestidad”. Para muchos sectores, dichas palabras quedaron desmentidas por la imagen: la de un ministro que permite ser atendido como símbolo de jerarquía, mientras habla de cercanía con el pueblo.

El debate ya no gira únicamente en torno a unos zapatos limpios, sino a algo más profundo: la distancia entre el poder y la ciudadanía, la coherencia ética de quienes imparten justicia y el mensaje que envían sus actos cotidianos. En tiempos donde la legitimidad institucional se construye tanto con decisiones como con gestos, la imagen del ministro inmóvil mientras otros se inclinan a servirle pesa más que cualquier discurso.

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