DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS

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DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS

En El Verde, Concordia, hay cerco físico y cerco informativo. La zona donde fueron ubicadas fosas clandestinas quedó bajo control federal y el acceso está restringido. La instrucción es clara: nadie entra. El flujo Informativo también está bajo control. La percepción social a estas alturas, es que se quiere administrar el hallazgo, no transparentarlo.

De acuerdo con información difundida por el espacio Pie de Nota, del periodista Luis Chaparro, existirían al menos veinte puntos con posibles narcofosas detectadas vía satélite entre Mazatlán y Concordia.

 El periodista habla también de imágenes con cuerpos apilados que habrían sido filtradas por contactos navales. Si esto es cierto, la dimensión del problema supera por mucho lo que oficialmente se ha reconocido.

Mientras crece la versión de que el número de restos localizados es mayor al esperado, el discurso público sigue siendo mínimo, fragmentado y tardío. Y ante esto el contraste se impone: frente a la incertidumbre de cientos de familias con desaparecidos, muchos de ellos levantados en Mazatlán y municipios del sur, la agenda gubernamental mantiene como prioridad la promoción del carnaval. El mensaje que reciben las víctimas no requiere interpretación. Aunque para no pocos la conducta del gobierno se explica en tres palabras: No tiene madre.

Para Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, desaparecido hace poco más de tres meses en Mazatlán, resulta incomprensible que la autoridad privilegie la narrativa de normalidad mientras se acumulan indicios de hallazgos masivos. Su reclamo no es político: es humano.

A los colectivos de búsqueda y a las madres rastreadoras, además, se les limita el acceso a las zonas de exploración y a los procesos de identificación. Se les pide paciencia, pero no se les ofrece información verificable ni participación directa. Se les reconoce en el discurso y se les excluye literalmente en el terreno.

La pregunta es directa: ¿qué se intenta reservar? Si el objetivo es identificar restos y dar certeza a las familias, la experiencia de los colectivos debería ser un recurso, no un estorbo. El hermetismo, en estos casos, no protege a la autoridad, la exhibe.

En comunidades serranas la versión de múltiples fosas no sorprende. Habitantes de la región, que piden anonimato, aseguran que la actividad criminal y las desapariciones llevan tiempo. Copala es citado como ejemplo reciente de desplazamiento casi total de población. No es un rumor nuevo. Pero es una conversación constante en voz baja.

En este contexto, el gobierno estatal comunica a medias y reacciona tarde. El gobernador Rubén Rocha repite solo lo que la federación quiere informar. No hay liderazgo visible en compromiso y acción, menos una narrativa propia de control de crisis. Solo boletines. Y funcionarios obedientes, calladitos, decorativos.

Y ya en el sur, omitir Escuinapa sería imperdonable. Sigue bajo tensión. Este lunes, un artefacto lanzado desde un dron explotó en las instalaciones de la policía municipal e hirió a dos personas. La respuesta oficial fue reactiva, de supervivencia y solo atinaron pedirle a la población resguardarse en casa. No hubo explicación operativa posterior.

También vale preguntar qué efecto real tiene el despliegue federal cuando su función declarada es “disuasiva” y no de combate directo. El término es correcto en teoría. En la práctica, suena insuficiente frente a grupos armados que no operan con diccionario en la mano pero que, de tenerlo, se morirían de la risa: significado de disuación: “inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito”. ¡Uta! Así cómo.

La búsqueda de los mineros desaparecidos continúa y los hallazgos siguen apareciendo. Queda otra duda quizás incómoda: ¿estas fosas eran desconocidas para la autoridad o conocidas pero no intervenidas? La presión internacional derivada de la denuncia de la empresa minera canadiense aceleró acciones que antes no se veían. Cada quien que saque sus conclusiones.

Aquí el punto no es  solo el escándalo. Es la verdad que  tarde o temprano se abre paso, con o sin anuencia de la autoridad que, por lo que se ve y se acusa, ahora pretende desaparecer a los desaparecidos, manteniendo un cerco físico e informativo