Cuba: ¿”Como anillo al dedo” para el lavado de dinero”?
Eduardo Sadot
La relación entre México y Cuba alerta a Financial Crimes Enforcement Network con la convocatoria de AMLO sin transparencia, el tema dejó de ser un asunto estrictamente diplomático para convertirse en un tema de interés público que exige transparencia. Durante décadas, México sostuvo al régimen cubano bajo una lógica de política exterior definida; hoy, en cambio, la discrecionalidad parece haber sustituido a la institucionalidad.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la cooperación con Cuba se intensificó mediante esquemas como la contratación de médicos y el envío de recursos energéticos. El problema no es la cooperación, sino la opacidad: contratos poco claros, montos insuficientemente explicados y mecanismos financieros que no han sido plenamente auditados ante la opinión pública.
Cuba, por su propia estructura económica cerrada, representa un entorno de baja trazabilidad financiera. No es un paraíso fiscal convencional, pero sí una jurisdicción donde la supervisión independiente es prácticamente inexistente. En ese contexto, diversos analistas han advertido sobre la posibilidad de que esquemas de “ayuda” puedan facilitar procesos de triangulación de recursos.
El modelo es conocido por quienes están presionados para sacar dinero sucio de México: la salida de capital bajo una justificación legal, tránsito por sistemas con escasa transparencia y eventual reingreso con apariencia de licitud. Este mecanismo —denominado “estratificación”— es una de las prácticas típicas del lavado de dinero. No se trata de afirmar categóricamente su existencia en el caso México-Cuba, sino de reconocer que la combinación de opacidad, discrecionalidad política y debilidad en la rendición de cuentas genera condiciones propicias para su eventual utilización.
Aquí es donde la responsabilidad institucional adquiere un carácter crítico. El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen el mandato de vigilar estos flujos. Su eficacia no sólo se mide en resultados, sino en su independencia y capacidad de actuar sin excepciones. La ausencia de información clara no disipa dudas: las amplifica.
Pero el tema trasciende fronteras. En el ámbito internacional, organismos como Financial Crimes Enforcement Network —encargado de aplicar regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y garantizar la transparencia financiera— mantienen un monitoreo constante sobre operaciones que involucren jurisdicciones de riesgo. La posibilidad de que flujos financieros vinculados a México y Cuba entren en ese radar no es menor: implicaría no sólo consecuencias legales, sino un impacto directo en la credibilidad del sistema financiero mexicano por flujo de capitales de dudoso origen de camino a Europa en su paso por Cuba.
El llamado es claro: transparencia plena, auditoría efectiva y rendición de cuentas. México no puede permitirse zonas grises en el manejo de recursos públicos ni en su proyección internacional. La cooperación entre Estados debe sostenerse sobre principios verificables, no sobre opacidad.
De lo contrario, cualquier esquema —legal en apariencia— corre el riesgo de operar, como se dijo alguien cuando de sacar ventaja se trataba en la pandemia, “como anillo al dedo”… pero no para el interés nacional, sino para aquello que la ley está obligada a prevenir.
@eduardosadot
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