LA VISITA INCÓMODA

El país que busca a sus desaparecidos… mientras el mundo empieza a contarlos

Hay visitas que llegan con flores, discursos y fotografías cuidadosamente ensayadas; y hay otras que llegan con preguntas que nadie quiere responder. La que México se dispone a recibir en las próximas semanas pertenece, sin duda, a la segunda categoría.

El 14 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, vendrá al país para dialogar sobre la crisis de desapariciones y sobre el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada, un documento que el gobierno mexicano ha rechazado por considerar que omite avances y extrapola conclusiones.

No es una visita casual ni aislada. Es la consecuencia directa de una decisión que, en los pasillos internacionales, no se toma todos los días. El 2 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al secretario general que remitiera la situación de México a la Asamblea General, activando el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Comité sostuvo que la información recibida contiene indicios fundados de que en México las desapariciones forzadas han sido y continúan siendo cometidas como crímenes de lesa humanidad, sobre la base de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones del país.

Pero el propio Comité también introdujo un matiz decisivo: su procedimiento es preventivo, no equivale a una comisión de investigación, y no busca establecer responsabilidad penal individual. Más aún: señaló expresamente que no encontró evidencia de una política federal encaminada a cometer desapariciones forzadas, aunque sí advirtió condiciones estructurales que han permitido que el fenómeno se reproduzca y se expanda. Y acaso ahí reside la parte más incómoda del diagnóstico: no siempre se necesita una orden escrita para que una tragedia adquiera dimensión de sistema; basta, a veces, con que nadie pueda detenerla, esclarecerla ni revertirla.

Los números, por su parte, ya no son cifras: son geografía del dolor. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —la herramienta oficial administrada por la Comisión Nacional de Búsqueda— sigue siendo el termómetro público de una crisis que no ha dejado de crecer y cuya información se actualiza de manera continua. A ello se suma un dato demoledor en el terreno internacional: México acumula 819 acciones urgentes emitidas por el Comité entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa 38% del total mundial. En apenas cinco meses, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se sumaron 40 nuevas acciones urgentes, equivalentes a 37% de los nuevos casos globales en ese periodo. No se trata, entonces, de una anomalía estadística. Se trata del epicentro.

El informe y sus repercusiones internacionales no sólo hablan de personas ausentes. Hablan también de una maquinaria estatal que no ha logrado responder con la eficacia, la coordinación y la profundidad que exige una catástrofe humanitaria de esta escala. Se mencionan deficiencias estructurales en la búsqueda, retrasos graves en diligencias clave, insuficiencia en la investigación de posibles responsabilidades estatales y una protección inadecuada para familiares y buscadores. A eso se añade la crisis forense: reportes recientes ubican en alrededor de 72 mil los restos humanos sin identificar al inicio de 2026, una cifra que por sí sola retrata el tamaño del colapso institucional.

El gobierno mexicano ha respondido como suelen responder los Estados cuando son interpelados desde fuera: cuestionando el método, matizando la conclusión y rechazando la interpretación más severa. En su comunicado conjunto, autoridades mexicanas calificaron el informe como tendencioso por no considerar adecuadamente los avances institucionales desde 2018 y, en particular, desde 2025. Y, sin embargo, el problema ya no puede encerrarse en una disputa de comunicados. Porque la discusión dejó de ser semántica. Ya no gira únicamente sobre si el fenómeno puede atribuirse al crimen organizado, a redes de colusión local o a omisiones estructurales del Estado. Gira, sobre todo, alrededor del hecho más brutal: las desapariciones siguen ahí, y el país no ha podido arrancarlas de su presente.

La visita de Volker Türk no resolverá la crisis. Ninguna visita lo hace. Pero sí colocará el problema en un escenario donde ya no será posible administrarlo como si fuera apenas una herida doméstica. Lo que está en juego no es sólo la capacidad del Estado para buscar a sus desaparecidos, sino su capacidad para explicar por qué, después de tantos años, de tantas leyes, de tantos registros y de tantos compromisos, sigue sin encontrarlos. Y en esa tensión —entre la narrativa oficial y el diagnóstico internacional— se abre una grieta que ninguna conferencia mañanera puede sellar por completo.

Al final, lo que queda no son los informes ni las declaraciones: son las ausencias. Los nombres suspendidos. Las sillas vacías. Los expedientes que se acumulan mientras las madres aprenden geología de fosas, rutas de búsqueda y vocabulario forense. La tragedia mexicana no se mide sólo por el número de personas no localizadas, sino por la costumbre nacional de convivir con su sombra. Y entonces la pregunta deja de ser cuántos son o qué organismo tiene razón en el diagnóstico. La verdadera pregunta es otra: ¿cuántos más necesita un país para aceptar, sin matices, la dimensión de su propia tragedia?

Porque esos son también los otros datos: los restos sin nombre, la saturación forense, las diligencias tardías, los registros incompletos, las familias que siguen buscando lo que el Estado no encuentra. Los datos que no caben enteros en una tabla, pero sí en una fosa. Los que no siempre estallan en la tribuna política, pero laten en cada comunidad herida. Los que revelan que en México la desaparición no sólo se padece: también se administra, se discute, se matiza… y demasiadas veces se normaliza.