Dando por hecho que los diputados del mismo partido del gobernador, que son mayoría en el Congreso, aprobarán la iniciativa de Rocha, lo único que queda es volver a empezar en la obra colectiva anticorrupción.La iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que el gobernador envió al Congreso del Estado y que recibirá trámite legislativo por la vía rápida procede a extinguir en Sinaloa a los órganos autónomos que fueron garantes de la rendición de cuentas, fiel a la política del régimen de la Cuarta Transformación que elimina derechos y libertades emanados de históricas luchas sociales.

Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con pleno dominio sobre los poderes legislativo y judicial inició la embestida contra el sistema anticorrupción, misma que continuó la actual mandataria federal, Claudia Sheinbaum, y ahora les corresponde a los gobernadores emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional completar dicha demolición en los estados.

La iniciativa de Rocha propone la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para que sea sustituida en sus funciones por un organismo desconcentrado de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, regresión institucional que hará posible que el Ejecutivo estatal sea juez y parte en lo referente a vigilancia y fiscalización de la función gubernamental.

En Sinaloa resultará un montaje similar al que realizó el Gobierno federal al extinguir al Instituto Nacional de Acceso a la Información y crear el membrete denominado Transparencia para el Pueblo, que nada tiene que ver con el esquema de ciudadanos revisando el manejo de recursos públicos y denunciando el mal uso del erario al que se habituó la corrupción organizada.

Sinaloa involuciona en materia de transparencia y rendición de cuentas en refrendo de la nula voluntad para fortalecer lo que la sociedad civil edificó como barrera contra delitos en que incurren servidores públicos tales como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Dando por hecho que los diputados del mismo partido del gobernador, que son mayoría en el Congreso, aprobarán la iniciativa de Rocha, lo único que queda es volver a empezar en la obra colectiva anticorrupción.

Con información de Revista Espejo

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