Los Yunes: expedientes sin papel, condenas sin juez
Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Hay que desconfiar mucho de quien confía poco”. – Theognis.
En la política mexicana —y particularmente en Veracruz— hay una vieja tentación que nunca pasa de moda: sustituir la prueba por el rumor y la sentencia judicial por el linchamiento mediático. El caso de la familia Yunes vuelve a ponerlo sobre la mesa con una crudeza reveladora.
En los últimos meses, una narrativa insistente ha pretendido instalar la idea de que Miguel Ángel Yunes Linares, sus hijos —entre ellos el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y el diputado Fernando Yunes Márquez— estarían bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos: visas canceladas, investigaciones por lavado de dinero, listas negras por presuntos vínculos con el crimen organizado. Una tormenta perfecta… si existieran los documentos.
Pero aquí es donde la realidad desmonta la estridencia: no hay un solo expediente público en el Departamento de Justicia de Estados Unidos que los coloque frente a un juez; no figuran en los listados de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros; y no existe confirmación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la supuesta cancelación de visas. Es decir, en el terreno donde la ley habla —el de los documentos, las acusaciones formales y los procesos judiciales— el expediente simplemente no aparece.
Eso no significa que la familia Yunes sea ajena a la polémica. Sus apellidos cargan años de confrontaciones políticas, denuncias y sospechas que han sido utilizadas una y otra vez como munición electoral. Pero una cosa es el historial de señalamientos y otra muy distinta la existencia de pruebas judiciales firmes. Confundir ambas dimensiones no es un error: es una estrategia.
En ese contexto, su reciente reaparición pública no es casual: reposiciona a los Yunes en el consciente colectivo y los devuelve al centro del tablero político. Al mismo tiempo, de manera discreta pero calculada, comienzan a marcar distancia de figuras que en otro momento fungieron como aliados, como Adán Augusto López Hernández o Manuel Huerta Ladrón de Guevara. El movimiento es evidente: recomponer su narrativa y buscar una nueva lectura ante la opinión pública nacional. Sin embargo, ese intento de relanzamiento carga con un lastre difícil de sacudirse: el señalamiento de traición que, por su actuación político-pública, se ha instalado como estigma y difícilmente se borrará del todo.
Porque en el fondo, lo que estamos viendo no es un proceso legal, sino un proceso político. La filtración, la insinuación y el “dicen que” se han convertido en herramientas de combate más eficaces que cualquier denuncia formal. ¿Para qué acudir a tribunales cuando basta con incendiar la conversación pública? ¿Para qué probar un delito cuando se puede instalar la duda permanente?
El problema de esta lógica es que erosiona algo más profundo que la reputación de un grupo político: desgasta la credibilidad de las instituciones. Si todo mundo está acusado, pero nadie es juzgado; si todos son culpables en redes, pero inocentes en tribunales, el resultado es una sociedad atrapada entre la sospecha y el cinismo.
Hoy, los Yunes están en el centro de esa tormenta. Mañana puede ser cualquier otro actor. Lo verdaderamente preocupante no es el blanco del señalamiento, sino el método: una política que ha renunciado a la evidencia y que prefiere la condena sin expediente.
En Veracruz, donde la disputa por el poder se libra con intensidad creciente, convendría recordar una regla básica: en democracia, las acusaciones se prueban o se caen. Todo lo demás —por más escandaloso que suene— es solo ruido. Y el ruido, aunque ensordece, no sustituye a la justicia.
Sextante.
La política veracruzana vuelve a ofrecer un espectáculo donde la sospecha pesa más que la certeza, pero también donde el silencio —o peor aún, la evasión— termina por convertirse en una forma de confesión indirecta.
El actuar de Claudia Tello Espinosa en este episodio no solo resulta cuestionable, sino políticamente torpe. Intentar deslindarse de un escándalo mayúsculo —como el presunto desfalco en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz— señalando, aunque sea de manera indirecta, a su propio subsecretario, David Jiménez Rojas, no es una estrategia de control de daños: es abrir un frente interno que evidencia fractura, desorden y, sobre todo, nerviosismo.
Porque si algo deja ver esta maniobra es que el problema ya no es solo la figura del prófugo Elías Calixto, señalado por el presunto saqueo de recursos provenientes de cuotas estudiantiles, sino la posible red de complicidades que lo habría cobijado. Y ahí es donde el tema se vuelve verdaderamente delicado.
La versión que comienza a circular —la de domicilios ligados a la UPAV que coincidirían con propiedades o referencias de la propia secretaria—, de confirmarse, no sería un simple “detalle administrativo”: sería un indicio directo de una posible estructura para desviar recursos públicos con fines personales. No es menor. En términos jurídicos, eso rozaría la tipificación de delitos graves como peculado o incluso operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Frente a ello, la respuesta de Tello no ha sido la transparencia ni la rendición de cuentas, sino la insinuación y el fuego amigo. Apostar por culpar a subordinados mientras se deja intacto el fondo del señalamiento es una jugada que, lejos de apagar el incendio, lo aviva. Porque en política, cuando alguien señala hacia abajo, inevitablemente la pregunta apunta hacia arriba.
Y hay otro elemento igual de preocupante: la presunta operación mediática. Si, como se afirma, existe una estrategia para posicionar narrativas a través de voceros oficiosos o “textoservidores”, entonces ya no estamos ante una crisis administrativa, sino frente a un intento deliberado por moldear la percepción pública mientras el fondo del asunto permanece intocado.
La pregunta final no es menor: ¿estamos ante un caso aislado de corrupción heredada o frente a una red en operación que hoy se resquebraja por conflictos internos?
Porque si la guerra ya estalló dentro de la propia Secretaría de Educación, no será por diferencias ideológicas, sino por algo mucho más terrenal: el control de la información… y de los recursos.
Y en ese terreno, las mantas, los señalamientos y las filtraciones no son casualidad. Son síntomas. De algo que, tarde o temprano, tendrá que aclararse con documentos, no con insinuaciones.
¿Será?
Al tiempo.
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