Sin anestesia
José Luis Parra
Estados Unidos ya no está jugando al policía de barrio. Cambió el libreto, subió el volumen y, de paso, redefinió al enemigo. El narcotráfico dejó de ser un problema de salud pública para convertirse en amenaza de seguridad nacional. Traducido al español: esto ya no es persecución de narcos… es cacería de estructuras completas, con todo y sus cómplices de traje y corbata.
La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 no tiene matices. Tiene objetivos. Y uno de ellos —quizá el más incómodo para México— es perseguir a los funcionarios corruptos que permiten operar al crimen. No los menciona por nombre, pero tampoco los necesita. El mensaje es claro: si formas parte del engranaje, eres parte del problema. Y si eres parte del problema, entras al radar.
Así, sin anestesia.
Porque Washington ya decidió que la contención fracasó. Ahora quiere “victoria”. Palabra peligrosa cuando viene acompañada de inteligencia artificial, sanciones financieras, designaciones de terrorismo y cooperación “medible”. Medible, en este contexto, significa una cosa: resultados o consecuencias.
Y México está en el centro del tablero.
No por voluntad propia, sino por geografía, por mercado y por realidad. La frontera dejó de ser línea divisoria para convertirse en arteria del tráfico. Y el diagnóstico estadounidense es brutal: la droga no sólo cruza… cruza por donde debería estar más vigilada. Puertos oficiales, vehículos particulares, carga comercial. Es decir, frente a todos.
Pero el verdadero giro no está en los decomisos ni en los drones. Está en el enfoque empresarial del crimen. Washington ya no ve cárteles, ve corporaciones criminales. Y como tales, las quiere desmantelar: liderazgo, finanzas, logística, redes de apoyo… y sí, funcionarios facilitadores.
Ahí es donde el bisturí toca nervio.
Porque durante años el discurso oficial mexicano se ha movido entre la negación, la minimización o el clásico “no hay pruebas”. Mientras tanto, del otro lado ya están armando expedientes con lógica de terrorismo. Y eso cambia todo: jurisdicción, herramientas legales, cooperación internacional… y presión política.
Mucha presión.
El caso del CJNG es apenas un adelanto. Operativos coordinados, túneles desmantelados, arrestos binacionales, inteligencia compartida. No es nuevo, pero sí es más profundo. Más quirúrgico. Más ambicioso. Porque ahora no se trata de capturar capos para la foto, sino de desarmar toda la maquinaria.
Incluyendo a quienes la aceitan.
Y aquí es donde México tendrá que decidir si juega como socio… o como sospechoso.
Porque la estrategia también pone condiciones: cooperación “robusta, sostenida y medible”. Otra vez la palabra incómoda. Medible. Es decir, extradiciones, desmantelamiento de laboratorios, detenciones de alto nivel. No discursos. No conferencias. Resultados.
El problema es que esos resultados suelen tener costos políticos internos. Y ahí es donde empieza el verdadero dilema: ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno mexicano a tensar sus propias estructuras para cumplir con una agenda que no diseñó?
Porque una cosa es combatir al narco.
Y otra muy distinta es voltear hacia adentro.
La historia reciente —esa que siempre “juzgará”— ha demostrado que cuando la presión viene de fuera, el sistema político mexicano se reacomoda… o se fractura. Ya pasó. Puede volver a pasar.
Mientras tanto, el reloj corre.
Y el mensaje de Washington no deja espacio para interpretaciones cómodas: esto ya no es una guerra contra las drogas. Es una guerra contra quienes las hacen posibles.
Incluyendo, si es necesario, a los que juraron combatirlas.
