Ernesto Hernández Norzagaray

Claves para entender la Sinaloa mafiosa

09/05/2026

“Exploremos la hipótesis siguiente: en Sinaloa, la corrupción no es una desviación del sistema político, sino una de sus condiciones de funcionamiento”.

En estos días convulsos por la exigencia estadounidense de que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios en activo y retiro sean detenidos y extraditados para que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los siente en el banquillo de los acusados por presuntos vínculos con el crimen organizado que han llevado sus drogas a territorio estadounidense.

Esto ha provocado una lluvia de reacciones a favor y en contra en las redes sociales, tertulias, entrevistas, diplomacia. Pero ¿hasta dónde este alud de opiniones al fondo de lo que está atrás no digamos de la exigencia de la administración Trump, sino, algo más doméstico, que tiene que ver con este estado del noroeste y sus dinámicas que explican en buena medida economía, política, sociedad, relación con el mundo?

Exploremos la hipótesis siguiente: en Sinaloa, la corrupción no es una desviación del sistema político, sino una de sus condiciones de funcionamiento en una línea del tiempo.

Primero, ha existido una corrupción administrativa que tiene que ver con el desvío de recursos públicos a bolsillos privados; contratos amañados que se traducen en riquezas privadas y dinero público que va a redes clientelares como aportaciones para la operación electoral.

Segundo, también ha existido y existe corrupción política a través del financiamiento ilegal de campañas para que el voto sea a través del dinero del narco -como lo ha señalado la oposición política y también, ahora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos- y, como sucedió, en forma violenta, en las elecciones concurrentes de 2021 que llevaron a que Morena ganara prácticamente todo y desde esa posición ir a la captura del resto de las instituciones públicas.

Ahora sabemos que esto fue posible a cambio de protección y posiciones de los gobiernos para fines privados, mejor, para fines político-mafiosos.

Tercero, la corrupción criminal estatal que es donde radica el núcleo del problema que estalló la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia estadounidense envió la solicitud mencionada, y que ha significado una crisis profunda en Sinaloa y Palacio Nacional, porque, se priorizó el sentido de cuerpo político y la narrativa que en la solicitud “no había pruebas”. Y que no entregarían a Rocha Moya a menos que se aportarán lo suficientemente convincentes de su culpabilidad como la de los otros nueve funcionarios.

Lo cierto es que investigaciones académicas y periodísticas sólidas han venido demostrado la colusión de los gobernantes con organizaciones criminales; la cooptación de policías, fiscales, magistrados y jueces esto a través de pactos de no agresión o selectividad penal y que durante décadas significaron una paz narca principalmente en los centros urbanos que cambió después de los acontecimientos del 25 de julio de 2024 en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, donde se aprehendió a Ismael Zambada y se asesinó a Héctor Melesio Cuén.

Esto conecta con la idea de que en Sinaloa durante décadas se vino construyendo un Estado criminal, es decir, un complejo institucional al servicio de esa alianza informal que se estableció entre la política y el crimen.

Cuarto, en esta connivencia político-criminal, se generaron redes mafiosas como en su momento sucedió con la mafia italiana, con sus capos di capi y todo ese mantra mitológico.

Una muestra de ello reciente fue la conmemoración de un aniversario más del nacimiento del gran santón del narco que es Jesús Malverde, quien, como es conocido, tiene una capilla en el corazón de esta capital y hasta ahí llegaron cientos a festejar refrescando sus estatuillas con tequila y whiskey.

Esa connivencia político-criminal ha derivado en la captura de las instituciones donde los partidos políticos respondan más a lógicas pragmáticas qué ideológicas o programáticas; empresarios que tienen su principal fortaleza en los contratos públicos; aparatos de seguridad pública y privada para garantizar protección, y, por supuesto, el Cártel de Sinaloa, con sus grupos y liderazgos que han ampliado sus redes de operación.

Y hoy sus facciones, “chapitos y mayitos”, sostienen una guerra que en julio próximo cumplirá dos años de iniciada y que ha dejado una estela de dolor e incertidumbre en el conjunto de la sociedad sinaloense.

Quinto, los mecanismos de reproducción de este singular sistema político mafioso se mantienen gracias a una impunidad estructural que se expresa a través de una baja judicialización sobre todo en los crímenes asociados a la actividad de los grupos criminales (asesinatos, desapariciones, extorsiones, secuestros, robo de autos, feminicidios); creando, además, una dependencia económica local donde mucho del dinero que se mueve está articulado con economías ilícitas integradas; y esto, ha significado condiciones idóneas para normalizar la corrupción y una tolerancia institucional porque “genera actividad económica, empleos e impuestos”.

Y finalmente, ante esta incapacidad de poder controlar la avalancha de delitos, el sistema de seguridad nacional opta por estrategias segmentadas, persecución selectiva y control de daños mediante narrativas distractoras y minimalistas a través de medios de comunicación que prestan servicios al Gobierno y el discurso cada vez menos convincente de que “este Gobierno es mejor que los que había en el pasado prianista”.

En definitiva, la crisis política, que se vive actualmente en Sinaloa no sólo es un asunto de políticos corruptos que han sido llamados a cuentas por el Gobierno de los Estados Unidos, sino es la manifestación visible de un orden político sostenido por redes de corrupción que a lo largo de los años han articulado al Estado, las élites y el crimen organizado en un contexto de creciente presión internacional y debilitamiento democrático.

La salida, entonces, está en reconocer el problema de esta articulación corrupta que es favorecida por la regresión autocrática que significa lo que ya algunos llaman el “modelo Sinaloa” y que quizá se pretendía exportarlo para otros estados, sin embargo, se han encontrado con los intereses estadounidenses que nos tienen en la conversación pública, donde como nunca se refrenda esa marca injusta de la casa de los sinaloenses de bien.

Con información de Sin Embargo