Excelencia sin números: el espejismo que hundirá a México (y a sus maestros)
La SCJN redefine la evaluación educativa, pero nadie pregunta quién, cómo, con qué herramientas y con qué formación medirá el aprendizaje real.
Omar Federico Campos López
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de sentenciar, en el Amparo en Revisión 419/2025 resuelto por el Pleno el 7 de mayo de 2026, que la excelencia educativa no se construye con calificaciones altas ni con reprobación masiva. Según el Máximo Tribunal, la verdadera calidad está en la mejora integral, el pensamiento crítico y el vínculo comunitario. El Acuerdo 10/09/23 de la SEP, que regula la evaluación, acreditación y promoción en educación básica, fue declarado constitucional y compatible con el artículo 3°.
Suena progresista. Suena humano. Suena, sobre todo, a algo que cualquier maestra o maestro de primaria suscribiría en abstracto.
El problema no es el ideal. El problema es el abismo entre ese ideal y la realidad cotidiana de las aulas mexicanas. Y es un abismo que no se cierra con resoluciones judiciales.
Abandonar el termómetro no cura la fiebre
Si abandonamos la evaluación numérica rigurosa sin sustituirla por instrumentos concretos, medibles, viables y con seguimiento, entonces no estamos humanizando la educación. Estamos desmantelando el único termómetro que nos quedaba para saber si un niño aprendió o no.
Y entonces emergen las preguntas que nadie quiere responder. ¿Quién y cómo evalúa realmente el pensamiento crítico? ¿El docente promedio tiene la formación filosófica, pedagógica y psicológica para hacerlo sin caer en el subjetivismo? ¿Con qué tiempo? ¿Con cuántos alumnos por grupo? ¿Con qué salario? ¿O acaso simplemente dejamos de medir para dejar de ver el problema?
México invierte alrededor de 1,500 dólares por alumno de primaria. El promedio en América Latina es de 3,100. En la OCDE, más de 9,000. No es una brecha: es un abismo estructural. En el presupuesto 2026, la formación docente recibió apenas 14.5 millones de pesos adicionales para más de un millón de maestros. Eso equivale a menos de 15 pesos extra por docente. Se les exige implementar la Nueva Escuela Mexicana, evaluar integralmente, desarrollar pensamiento crítico en sus alumnos, pero no se les da ni para un curso de actualización digno.
El peso silencioso que ya rompe a los docentes
Hablemos claro: la salud mental de los maestros mexicanos está en cuidados intensivos. La OCDE ha documentado que los docentes en México reportan niveles de estrés y burnout superiores al promedio de sus pares en la región. Siete de cada diez escuelas carecen de internet; cuatro de cada diez no tienen servicios básicos completos. Y en ese contexto, esta resolución añade una capa más de responsabilidad difusa: ahora no solo deben enseñar, sino también evaluar integralmente sin herramientas estandarizadas, sin reducción de grupos, sin horas de planeación pagadas, sin apoyo psicológico institucional.
El resultado es predecible: más maestros diagnosticados con ansiedad y depresión, más abandonos de la profesión, menos vocaciones elegidas. Y los que se quedan, haciendo malabares con rúbricas cualitativas que nadie supervisa ni valida.
Flexibilizar la evaluación sin fortalecer al docente no es un acto de justicia pedagógica. Es un acto de negligencia institucional.
La docencia como profesión, no como instrucción
Hay una idea que debería estar en el centro de este debate y que la resolución de la Corte ignora por completo: la docencia es una profesión fundada en el conocimiento, la autonomía de juicio y la responsabilidad ética. No un empleo técnico donde alguien ejecuta instrucciones diseñadas por otros.
El Proyecto Atlántida, una red de innovación educativa española coordinada por José Moya Otero y Florencio Luengo Horcajo, lo ha formulado con precisión en su manifiesto “Cuidar la profesión docente”: la profesión solo puede cumplir su misión —renovar a los seres humanos y a la sociedad— si se preserva la capacidad de juicio del profesorado. Las tres amenazas que identifica —la anomía (falta de referentes compartidos), la alienación (aislamiento del saber profesional actualizado) y la adiaforrización (vaciamiento ético de la práctica)— describen con exactitud lo que ocurre hoy en México.
Cuando el Estado define qué es excelencia, cómo debe evaluarse y qué resultados son aceptables, pero no dota al docente de formación, tiempo, herramientas ni autonomía para ejercer su juicio profesional, lo que hace es reducirlo a operador de un sistema que no diseñó y que no puede cuestionar. Eso no es excelencia educativa. Es alienación institucionalizada.
Defender la docencia no es solo pedir mejores salarios. Es exigir que se reconozca como lo que es: una profesión socialmente relevante donde un profesional toma decisiones complejas todos los días frente a seres humanos en formación. Y que esa profesión, precisamente por lo que exige, debe ser bien remunerada. No es una cosa o la otra.
El largo plazo: cuando la ambigüedad mata la innovación
No se trata solo de los niños de hoy ni de los maestros de este ciclo escolar. Se trata de México dentro de 15 o 20 años.
¿Qué pasa cuando una generación entera crece sin estándares claros de logro académico? ¿Qué pasa cuando nadie puede distinguir objetivamente a un alumno que domina álgebra de otro que apenas suma, porque ambos reciben una evaluación narrativa que dice “mostró avances en su pensamiento matemático”?
Sucede lo que los datos ya anticipan: México seguirá cayendo en las pruebas internacionales, pero esta vez no podremos culpar a la pandemia ni al presupuesto. Caeremos porque el sistema habrá legitimado la baja exigencia en nombre de una excelencia integral nunca aterrizada.
Y la caída no será solo académica. Será económica, tecnológica y geopolítica. Menos jóvenes capaces de formular hipótesis, diseñar experimentos y escribir tesis rigurosas. Las ingenierías, las ciencias de datos, la inteligencia artificial, la biotecnología —todas requieren bases matemáticas y científicas sólidas, evaluables, comparables. Sin ellas, el país no desarrollará tecnologías propias; solo consumirá las que otros crean. La innovación no nace del pensamiento crítico sin dominio de contenidos. Nace de la intersección entre conocimiento profundo y capacidad de cuestionarlo. Si no hay primero conocimiento que cuestionar, no hay innovación posible.
México se condenará a ser un país de operadores, no de creadores. De consumidores de tecnología, no de diseñadores. De opinólogos, no de científicos.
No es elegir entre rigor y humanismo
Nadie sensato defiende la vieja escuela de la reprobación masiva como trofeo de excelencia. Pero abandonar la evaluación numérica rigurosa sin construir una alternativa confiable no es un avance: es una rendición disfrazada de progresismo.
Lo que México necesita no es menos medición. Es mejor medición, más justa, con tiempo real para que los docentes la apliquen, con herramientas accesibles, con formación continua de calidad, con salud mental garantizada, con autonomía profesional reconocida. Necesitamos rúbricas cualitativas validadas, pero también exámenes estandarizados que sirvan de termómetro nacional. Necesitamos portafolios de evidencia, pero también métricas claras de dominio de contenidos. Necesitamos pensar críticamente, pero primero necesitamos pensar.
La SCJN ha puesto sobre la mesa una discusión necesaria. Pero si el Estado mexicano no responde con políticas concretas —tiempo, formación, herramientas, salud mental y sistemas mixtos de evaluación—, entonces este fallo no será un parteaguas hacia la equidad. Será un pasaporte al estancamiento.
Y mientras los maestros se rompen en silencio y los niños aprenden que no hay números malos, otros países —Corea, Estonia, Canadá, incluso Chile— seguirán midiendo, corrigiendo y avanzando. Nosotros, en cambio, habremos logrado la hazaña de sentirnos muy progresistas mientras nos hundimos en la mediocracia.
