ASF podrá recibir y actuar frente denuncias por presuntos manejos irregulares de recursos públicos
A partir de este viernes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá recibir y actuar a partir de denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos federales. Esto luego de que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que también habilita a la ASF para actuar de oficio para investigar faltas administrativas graves.
La reforma, aprobada por el Congreso en abril y promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que “cualquier persona podrá presentar denuncias” cuando se presuma “el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío”, mediante los canales de comunicación e instrumentos técnicos que habilite la Auditoría.
La reforma incorpora un nuevo artículo 66 Bis, mediante el cual se faculta a la ASF para investigar “en cualquier momento”, ya sea de oficio o derivado de denuncia, presuntas faltas administrativas graves, independientemente del ejercicio fiscal al que correspondan los hechos. El texto señala además que la Auditoría deberá poner a disposición de la ciudadanía mecanismos que faciliten la presentación de denuncias “en todas sus modalidades”.
Los cambios legales también fortalecen las facultades de la ASF para promover sanciones contra servidores públicos y particulares relacionados con irregularidades detectadas en auditorías o investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas. La legislación establece que el órgano fiscalizador podrá presentar “denuncias de hechos” ante la Fiscalía Especializada cuando advierta posibles conductas delictivas.
Otra de las modificaciones es la creación de un “Registro de Información y Datos relacionados con los Recursos Federales”, el cual será administrado por la ASF y concentrará información sobre el uso de recursos federales, incluidas las participaciones transferidas a estados y municipios. Los entes públicos estarán obligados a alimentar dicho sistema con información sobre beneficiarios y movimientos contables.
La reforma también amplía las capacidades de revisión de la Auditoría, al permitirle solicitar información y documentación de ejercicios fiscales anteriores cuando se trate de proyectos multianuales o auditorías de desempeño. Asimismo, fija nuevos plazos para que las entidades fiscalizadas respondan observaciones y para que la ASF determine si éstas fueron solventadas o si procede iniciar investigaciones.
El decreto prevé además mecanismos de coordinación con las entidades de fiscalización superior de los estados para apoyar revisiones sobre recursos federales transferidos, aunque precisa que la ASF conservará “la conducción y mando de las auditorías”.
En los artículos transitorios se establece que la reforma entra en vigor este viernes, que la Auditoría contará con 90 días naturales para adecuar sus disposiciones reglamentarias y con hasta 180 días para emitir lineamientos y poner en operación el nuevo registro de información sobre recursos federales.
