El segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, se encuentra plagado de alarmas y temores. A la cabeza flota la inquietud y la zozobra por aquél pedido de detención provisional con fines de extradición de semejantes de Andrés Manuel López Obrador, los cuales son señalados por los Estados Unidos de Norteamérica como delincuentes.

Las tensiones son muchas y muy notorias, especialmente las surgidas a raíz de la entrega de dos cercanos colaboradores del Gobernador del Estado de Sinaloa, quien también a su vez es requerido.

Además, la dureza y frecuencia de las acciones y manifestaciones del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en relación a ello, han creado en la Primara Magistrada de la Nación una serie de reacciones y crispaciones adicionales, proporcionando con ello a varios pensantes motivaciones y contra argumentos por esa actitud de pretender conceder impunidad a la narco-delincuencia-política.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, desde antes, ha venido sosteniendo que el Estado celebró una alianza con las cúpulas del narcotráfico, ello con el objeto de brindarles impunidad. Pacto que fue avalado por un importante funcionario del neoliberalismo que en aquella época decía procurar justicia; a cambio de las gananciales otorgaría “benevolencia” o “pasividad” en cualquier indagación vinculada con la narco-política.

La realidad jurídica por la cual ha venido transitando México, a través de varios sexenios, parecen abonar la existencia y efectividad de dicha alianza. Esa unión entre delincuencia y política se mantiene sustancialmente, aún en contra de lo que refiere el Código Penal Federal, además de encontrarse matizada por las peculiaridades e intervenciones del partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional.

Ahora se sabe que las cúpulas de narcotráfico impusieron a diversos presidentes constitucionales de los Estados Unidos Mexicanos, así como a todas las fuerzas parlamentarias y de procuración e impartición de justicia; contra todo derecho y razón, la exclusión de los políticos relacionados con la narco-delincuencia de toda investigación.

Los delitos de los narco-políticos, consisten todos ellos, en obtener ganancias económicas, proteger y brindar impunidad a sus socios delincuenciales, como si las leyes no existieran y nada tuviese que ver nuestro Estado de Derecho.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

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