La reforma también condiciona candidaturas, cargos judiciales, matrimonios y trámites notariales al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Josemiguel Souza

Culiacán, Sin.- Quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias en Sinaloa enfrentarán penas de cárcel más severas, multas más altas y mayores obstáculos para acceder a cargos públicos, luego de que el Congreso del Estado aprobara una amplia reforma para reforzar el combate contra los deudores alimentarios.

Con las modificaciones aprobadas, las sanciones por incumplir obligaciones alimentarias pasarán de castigos máximos de dos años a penas que alcanzarán hasta cinco años de prisión, mientras que las multas económicas también aumentarán.

Además, quienes intenten evadir pagos ocultando ingresos o declarándose insolventes de manera intencional podrían recibir hasta seis años de cárcel.

La reforma amplía las consecuencias más allá del ámbito penal. A partir de ahora, quienes aspiren a candidaturas de elección popular, magistraturas o juzgados deberán acreditar que no aparecen en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

El requisito también alcanzará a personas que busquen contraer matrimonio o participar en operaciones notariales relacionadas con bienes inmuebles.

Otro de los cambios relevantes es que el Poder Judicial estatal asumirá un papel central en la administración y actualización de la información de personas morosas, al convertirse en la instancia encargada de concentrar y remitir los datos vinculados al incumplimiento alimentario al registro nacional.

Las nuevas disposiciones también endurecen el trato para casos donde exista abandono económico hacia mujeres embarazadas con presunción de paternidad, permitiendo aumentar las sanciones previstas.

Con información de El Sol de Sinaloa

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