Exigen cancelación definitiva de la planta de amoniaco suiza en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se sumó a la exigencia de revocar la autorización de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la planta de amoniaco de la empresa suiza Proman, a través de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), y que “se le sancione por los delitos ambientales causados hasta el momento”.

“Nos unimos a la exigencia hacia la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, que asuma su responsabilidad de garantizar un ambiente sano para la población, y de prevenir que este proyecto siga generando más daños sociales y ambientales.

“Asimismo, exigimos ue se atiendan las recomendaciones de 11 relatores especiales de Naciones Unidas que estuvieron en la Bahía de Ohuira el año pasado, informándose sobre los daños y las violaciones a derechos humanos que ese proyecto causará y está causando ya a las comunidades indígenas”, resaltó la REMA en un pronunciamiento.

Al solidarizarse con los pueblos mayo-yoreme de la bahía de Ohuira y el movimiento ¡Aquí no! que se opone desde hace más de 12 años a la instalación del proyecto de GPO, que cuenta con un financiamiento de alrededor de 860 millones de dólares de la banca de desarrollo alemana KfW IPEX, REMA reconoció  la “fuerza, determinación y dignidad” de la organización social que ha mantenido durante 15 días intensas movilizaciones sociales, impidiendo la operación de la planta de amoniaco.

“El avance del proyecto ya ha destruido un área significativa del manglar, violentando la NOM-022 -SEMARNAT- 2003, LA Ley de la Vida Silvestro y la declaratoria de humedal de importancia internacional (Sitio RAMSAR)”, lo que ha afectado a la actividad pesquera, destacó REMA en un comunicado en el que resaltó las movilizaciones de las comunidades indígenas, y de ciudadanos de Topolobampo y de Los Mochis, en la zona norte de Sinaloa.

La red de comunidades afectadas por la minería, resaltaron que la operación de GPO “aca baría con 22 mil 500 hectáreas de manglares y tendría consecuencias devastadoras para la vida acuática de la bahía y para miles de familias que dependen de ella”, a lo que se suma la que “una fuga de amoniaco de la planta sería fatal para el ecosistema y miles de personas en la zona aledaña”.

Rechazan mediación

 REMA exigió a Semarnat abstenerse a “mediar entre los intereses de los inversionistas y los de las comunidades afectadas, ya que, hasta el momento dicha pretensión sólo ha significado dilación mientras la construcción de la planta avanza”.

Y es que la mediación entre GPO y ¡Aquí No! fue uno de los compromisos que hizo Alicia Bárcena el viernes 12, luego de acudir a la región, obligada por las movilizaciones sociales. Bárcena había ofrecido desde hace más de seis meses una reunión con los activistas sin que se concretara el encuentro hasta que decidieron bloquear los trabajos de la planta desde el 30 de mayo.

“Lamentablemente, este es otro caso más como muchos en el país,  en el que se simulan las consultas indígenas, tal como ha ocurrido con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, entre otros”, apuntó la REMA, al recordar que en 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vio orillado a llevar a cabo una consulta indígena, luego de que tres comunidades indígenas ganaran una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la AR 497/2021.

Tras resaltar que la sentencia de la SCJN derivó en “acarreo” a los centros de consulta de comunidades indígenas que fueron cooptadas y que no serían afectadas por la instalación de la planta  de amoniaco, lo cual fue denunciado en su momento, REMA lamentó que el argumento de Bárcena para no cancelar los permisos sea “no por falta de razones para hacerlo, sino por los avances que lleva y por los años que ha intentado imponerse”, así como por los millones de dólares invertidos.

Alertó que detrás de la negativa de cancelación estaría un litigio internacional de Proman “con una demanda por cientos de millones o hasta miles de millones de dólares”, por el tratado comercial que tiene México con Suiza, ya que la empresa extranjera “podría demandar al país no sólo por el valor de su inversión, sino incluso por las ganancias esperadas al futuro en caso de que el gobierno tomara una decisión que pudiera afectar su negocio”.

Tras señalar que lo anterior evidencia el “nivel de subordinación que generan los acuerdos internacionales de inversión” REMA destacó que los gobiernos de la 4T “no han querido cuestionar el andamiaje jurídico neoliberal, a pesar de que éstos claramente socavan la toma decisiones soberanas y necesarias para garantizar el bienestar colectivo y ambiental”.

“Esperamos que la apertura de la secretaria para dialogar y escuchar al colectivo ¡Aquí No!, no sea entendido por el gobierno como un proceso de administración de conflictos”, sino que el encuentro del 12 derive en la “cancelación definitiva el proyecto y a la protección de los luchadores sociales, las comunidades afectadas y de sus medios de vida”, puntualizó REMA al responsabilizar a GPO, a los gobiernos federal, estatal y del municipio de Ahome,  “por cualquier daño físico y material que puedan sufrir las y los defensores del colectivo ¡Aquí No!”.

Con información de Proceso