Ahome, Sin., En medio del plantón que personas de la etnia mayo-yoreme instalaron hace una semana a las afueras de la planta de amoniaco, donde conviven desde niños hasta adultos mayores, la empresa propietaria Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) convocó a sus trabajadores a una “contramarcha” para el próximo domingo, con el argumento de que la protesta comunitaria pone en riesgo las fuentes de empleo vinculadas al proyecto que construye en la Bahía de Ohuira.

La convocatoria generó inquietud entre los pobladores organizados en el colectivo ¡Aquí No! y autoridades tradicionales indígenas, la cuales además reprocharon que 11 días después del compromiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de continuar el diálogo con las comunidades para atender sus demandas, a través de mesas técnicas, esto no ha ocurrido.

Felipe Montaño, gobernador tradicional indígena de Ohuira, rechazó que la dependencia mantenga “una vigilancia permanente”, ya que indicó que el único acercamiento que han tenido fue una reunión el martes pasado con la titular de la Profepa, Mariana Boy, y el delegado estatal de la dependencia, Marco Moreno. Sin embargo, señaló que ambos funcionarios les comunicaron que GPO se amparó y no pueden realizar inspecciones el polígono donde se construye la planta.

Sobre la movilización convocada por el consorcio suizo-alemán Proman, filial de GPO, el líder indígena manifestó su preocupación porque la empresa “pretenda confrontar a la misma sociedad” en torno a esta obra que desde hace 13 años rechazan las comunidades, debido a los daños irreparables a este ecosistema protegido, afectando la pesca, los manglares y la biodiversidad marina.

En entrevista con La Jornada, en el plantón al que llegan personas con alimentos y pernoctan en catres, reconoció que existe incertidumbre sobre el desarrollo de la movilización, por lo que llamó a quienes participarán a conducirse de manera pacífica.

Enrique Ayala, integrante del colectivo ¡Aquí No!, acusó a la compañía de promover una movilización de empleados para el próximo 28 de junio, de Los Mochis a Topolobampo, similar a la que realizaron hace dos semanas las comunidades.

Señaló que cualquier inconformidad relacionada con las fuentes de empleo debe plantearse directamente a la empresa.

“Si hay problemas de trabajo, que lo hablen con la empresa, que es la que ha violado una serie de leyes nacionales, nuestro territorio y el derecho a la vida”, apuntó.

ImagenFoto Jared Laureles

 

El fin de semana, GPO aseguró que la protesta afecta a 3 mil trabajadores debido a que se les impide el acceso a la obra.

Sin embargo, este diario constató que el propio personal de seguridad de la compañía es quien restringue el acceso a los obreros –paileros, tuberos y soldadores– para que puedan recuperar sus herramientas; ellos fueron contratados en entidades como Tabasco, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Monterrey, entre otras.

Trabajadores consultados confirmaron que directivos de la empresa los contactaron vía telefónica para invitarlos a participar en la manifestación. José Luis Estrada, originario de Veracruz y quien tenía ocho meses laborando en el montaje de estructuras de la planta, reprochó que la empresa sólo vele “por sus intereses” y rechazó que pretenda utilizarlos como “escudos” en el conflicto.

“La empresa nos quiere utilizar a todos los trabajadores para una marcha el día 28 próximo, hay una lideresa que nos marcó para que nos presentemos.

“Las comunidades están peleando por su tierra, yo soy un simple trabajador y me gustaría que la empresa me diera la cara, que no se escondiera y pague mi liquidación”, expresó.

Con información de La Jornada

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