LA QUINCENA QUE DESNUDÓ A LA UNIVERSIDAD
BITÁCORA INQUIETA
Cuando el salario deja de llegar a tiempo, la crisis deja de ser financiera para convertirse en una prueba de credibilidad institucional.
JESÚS OCTAVIO MILÁN GIL
Hay silencios que pesan más que cualquier discurso.
Uno de ellos ocurre el día de pago.
Imagino a un profesor universitario que, antes de salir de casa, toma su teléfono celular y abre la aplicación del banco. Lo hace con la tranquilidad de quien lleva décadas cumpliendo puntualmente con su trabajo. Preparó clases, revisó exámenes, orientó tesis, asistió a reuniones académicas y, como miles de trabajadores más, cumplió con aquello por lo que fue contratado.
La pantalla tarda apenas unos segundos en responder.
El saldo permanece inmóvil.
Actualiza una vez.
Después otra.
Y otra más.
Nada.
En ese instante la quincena deja de ser una cifra depositada en una cuenta bancaria.
Se convierte en la colegiatura que vence mañana.
En la renta que debe pagarse.
En la medicina de los padres.
En la despensa de la semana.
En la tranquilidad de una familia que, de pronto, descubre que también la incertidumbre tiene fecha de pago.
Fue entonces cuando comprendí que las crisis financieras rara vez comienzan en los balances contables.
Comienzan en los hogares.
Durante los últimos días, la Universidad Autónoma de Sinaloa volvió a colocarse en el centro del debate público tras reconocer dificultades para cubrir oportunamente el pago de salarios y señalar que el problema obedece a retrasos en la llegada de recursos extraordinarios provenientes de la Federación. Paralelamente, voces de trabajadores y publicaciones difundidas en redes sociales sostienen que estos incumplimientos se han convertido en una práctica recurrente y cuestionan la transparencia con que se administran las finanzas universitarias.
Ambas versiones existen.
Pero ninguna, por sí sola, basta para explicar una realidad tan compleja.
Porque una universidad pública no se sostiene únicamente con argumentos políticos.
Se sostiene con documentos.
Con estados financieros.
Con auditorías.
Con presupuestos verificables.
Con rendición de cuentas.
Si la Federación incumplió con ministraciones comprometidas, corresponde demostrarlo con convenios, calendarios oficiales y evidencia documental.
Si la Universidad enfrenta problemas derivados de pasivos históricos, pensiones, contratos colectivos, disminución de subsidios o insuficiencia presupuestal, también debe explicarlo con absoluta transparencia.
Y si existen señalamientos sobre opacidad o manejo ineficiente de recursos, éstos deben investigarse con el mismo rigor, pero sin convertir las sospechas en sentencias anticipadas.
La transparencia no puede depender de simpatías políticas.
Debe ser una obligación permanente.
Con frecuencia olvidamos que las universidades públicas mexicanas viven bajo una presión financiera creciente. Durante años han debido enfrentar incrementos salariales, obligaciones pensionarias, infraestructura insuficiente y una matrícula cada vez mayor sin que el crecimiento de los subsidios siga el mismo ritmo. Varias instituciones del país han atravesado episodios similares.
Eso explica el contexto.
No necesariamente explica cada caso.
Precisamente por eso la sociedad merece respuestas completas y verificables.
Porque la autonomía universitaria constituye una de las mayores conquistas de la educación superior mexicana.
Pero autonomía nunca ha significado opacidad.
La autonomía protege la libertad para enseñar, investigar y gobernarse.
No exime de informar cómo se administran los recursos públicos.
Tampoco la falta de apoyo federal puede convertirse, por sí misma, en explicación suficiente de todos los problemas financieros.
En una democracia madura, ambas afirmaciones pueden ser verdaderas al mismo tiempo: puede existir insuficiencia presupuestal y, simultáneamente, ser indispensable revisar la eficiencia administrativa.
Una posibilidad no cancela la otra.
Mientras los distintos actores intercambian comunicados, declaraciones y responsabilidades, hay miles de trabajadores que continúan haciendo lo que siempre han hecho: abrir salones, atender laboratorios, limpiar edificios, formar profesionistas, dirigir investigaciones y mantener viva una institución que pertenece mucho más a su comunidad que a cualquiera de sus autoridades temporales.
Ellos no esperan discursos.
Esperan certezas.
La Universidad Autónoma de Sinaloa ha sido, durante generaciones, un motor de movilidad social, conocimiento y desarrollo para nuestro estado. Su prestigio no nació de un comunicado oficial ni de una confrontación política.
Nació del trabajo cotidiano de quienes han enseñado, aprendido e investigado entre sus aulas.
Por eso, cuando una universidad atraviesa una crisis, el verdadero patrimonio que está en juego no es únicamente el presupuesto.
Es la confianza.
Y la confianza tiene una característica que ninguna institución debería olvidar.
Se pierde mucho más rápido de lo que se recupera.
Quizá la lección más importante de esta quincena no tenga que ver únicamente con el dinero.
Tenga que ver con la verdad.
Porque las universidades existen para enseñar a buscarla.
Y cuando la verdad tarda en llegar tanto como un salario, la institución no sólo enfrenta una crisis financiera.
Comienza a enfrentar una crisis de credibilidad.
Esa, con frecuencia, resulta mucho más difícil de pagar.
