EL DÍA EN QUE EL CONGRESO QUISO PONERLE REGLAS A LA INTELIGENCIA
BITÁCORA INQUIETA
Mientras las máquinas aprenden a pensar cada vez mejor, los seres humanos apenas comenzamos a preguntarnos quién debe enseñarles los límites.
Jesús Octavio Milán Gil
Antes de escribir la columna, una precisión importante: la propuesta de Ricardo Monreal es, hasta ahora, una prioridad legislativa anunciada, no una ley aprobada. Además, México ya ha discutido iniciativas sobre IA desde 2024, pero aún no cuenta con una legislación integral en la materia. La columna parte de ese contexto y busca analizar su significado.
-•0•-
Nadie convocó una reunión. Nadie dio una orden. Bastó un teléfono celular sobre una mesa para que una conversación silenciosa comenzara entre un ser humano y una inteligencia que no existía hace apenas unos años.
Una estudiante pidió a la inteligencia artificial que resumiera un libro completo. Un médico consultó un algoritmo antes de confirmar un diagnóstico. Un agricultor preguntó cuál era el mejor momento para sembrar. Un empresario dejó que un programa elaborara el primer borrador de un contrato. Un periodista utilizó una herramienta digital para ordenar miles de documentos en cuestión de segundos.
La escena ocurrió el mismo día.
En distintos lugares.
Sin conocerse entre sí.
Y, sin embargo, todos habían tomado una decisión semejante: confiar parte de su inteligencia a una máquina.
Eso explica por qué la noticia anunciada por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, trasciende el ámbito parlamentario. Al señalar que la regulación de la inteligencia artificial será una prioridad del próximo periodo ordinario de sesiones, el legislador reconoce una realidad que ya dejó de pertenecer al futuro: la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida cotidiana y el derecho intenta alcanzarla antes de que su velocidad rebase a las instituciones.
Pero la verdadera pregunta no es si México necesita una ley.
La verdadera pregunta es qué clase de país queremos construir mientras convivimos con inteligencias que ya escriben, diseñan, diagnostican, traducen, programan y toman decisiones que hace apenas unos años parecían exclusivamente humanas.
Durante siglos, la humanidad aprendió a regular aquello que transformaba su existencia. Primero fueron los ferrocarriles. Después la electricidad. Más tarde el automóvil, la aviación, la energía nuclear, Internet y las redes sociales.
Cada revolución tecnológica obligó a crear nuevas reglas.
No porque la innovación fuera peligrosa por sí misma.
Sino porque toda tecnología poderosa multiplica tanto las oportunidades como los riesgos.
La inteligencia artificial no es la excepción.
Muchos especialistas la consideran la mayor revolución tecnológica desde la expansión de Internet, por la velocidad con la que está transformando prácticamente todos los sectores de la actividad humana.
La diferencia es que ahora la herramienta no sólo ejecuta instrucciones.
Aprende.
Predice.
Genera contenido.
Imita voces.
Produce imágenes prácticamente indistinguibles de la realidad.
Y comienza a participar en decisiones que afectan derechos fundamentales.
Por eso la Unión Europea aprobó la primera legislación integral sobre inteligencia artificial, conocida como AI Act, basada en niveles de riesgo: cuanto mayor sea el impacto potencial de un sistema sobre la seguridad o los derechos de las personas, mayores serán las obligaciones para quienes lo desarrollen o utilicen.
Estados Unidos ha seguido una ruta distinta, con regulaciones sectoriales y lineamientos administrativos más flexibles, mientras China privilegia un modelo con fuerte intervención estatal. Brasil, Canadá y otros países también avanzan en marcos regulatorios propios.
México no puede permanecer al margen.
Pero tampoco puede legislar con prisas.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio extraordinariamente delicado.
Regular demasiado puede desalentar la innovación, aumentar los costos para las empresas emergentes y provocar que el talento tecnológico emigre hacia países con reglas más flexibles.
Regular demasiado poco puede abrir la puerta a fraudes, manipulación política, robo de identidad, violaciones masivas a la privacidad, discriminación algorítmica y campañas de desinformación capaces de alterar procesos democráticos.
En ese contexto, resulta significativo que el llamado a legislar no provenga únicamente de la mayoría parlamentaria. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, coincidió en que la regulación de la inteligencia artificial constituye una obligación del Congreso, particularmente para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de estas tecnologías. Más allá de las diferencias partidistas, ese punto de coincidencia refleja que el debate comienza a asumirse como un asunto de Estado y no solamente como una iniciativa de una fuerza política.
Ahí reside la complejidad.
No se trata de elegir entre libertad o regulación.
Se trata de proteger ambas.
La inteligencia artificial no constituye un problema tecnológico aislado.
Es un fenómeno que conecta economía, educación, justicia, salud, seguridad nacional, productividad, propiedad intelectual, protección de datos, libertad de expresión y democracia.
Modificar cualquiera de esos componentes altera inevitablemente a los demás.
Eso significa que legislar sobre inteligencia artificial exige mucho más que conocimientos jurídicos.
Exige comprender cómo interactúan sistemas completos.
Un algoritmo utilizado en un hospital puede salvar vidas mediante diagnósticos tempranos.
El mismo algoritmo, entrenado con información sesgada, podría discriminar pacientes.
Una herramienta que ayuda a detectar delitos también podría vulnerar derechos fundamentales si opera sin controles adecuados.
La misma tecnología que facilita el aprendizaje puede convertirse en una fábrica industrial de noticias falsas.
La inteligencia artificial no posee valores.
Refleja los valores de quienes la diseñan.
Quizá por eso el debate legislativo no deba centrarse únicamente en las máquinas.
Debe centrarse, sobre todo, en nosotros.
Porque las leyes nunca regulan únicamente herramientas.
Regulan la manera en que las personas deciden utilizarlas.
Existe además un elemento que suele pasar inadvertido.
La competencia internacional ya no se libra únicamente por recursos naturales o manufactura.
También se libra por talento digital.
Los países que logren combinar innovación, seguridad jurídica y protección de derechos serán los que atraigan inversiones, centros de investigación y empleos altamente especializados durante las próximas décadas.
La inteligencia artificial ya no es únicamente una herramienta tecnológica; es un activo económico. Quien defina reglas claras para su desarrollo atraerá inversión, retendrá talento y participará con mayor ventaja en las cadenas globales de innovación. Quien llegue tarde no solo perderá competitividad; dependerá del conocimiento producido por otros.
México posee universidades capaces de formar ese talento.
Cuenta con investigadores reconocidos internacionalmente.
Dispone de una economía estrechamente integrada con América del Norte.
Pero necesita ofrecer certidumbre.
Una legislación moderna puede convertirse en un factor de competitividad.
Una legislación improvisada puede convertirse en un obstáculo.
No sería la primera vez que una buena intención produce malos resultados.
La reciente controversia por normas estatales sobre inteligencia artificial y libertad de expresión demuestra que el equilibrio entre proteger a la sociedad y evitar la censura será uno de los mayores retos para cualquier Congreso.
Quizá la mayor enseñanza sea otra.
Desde hace miles de años la humanidad ha intentado construir máquinas más inteligentes.
Sin embargo, nunca había sido tan urgente construir sociedades más sabias.
Porque una inteligencia artificial puede responder millones de preguntas por segundo.
Lo que todavía no puede responder es qué entendemos por justicia.
Qué significa la dignidad humana.
Dónde termina la libertad y comienza la responsabilidad.
Eso sigue siendo tarea de las personas.
Tal vez el verdadero desafío del Congreso mexicano no consista en escribir una ley para las máquinas.
Consista en recordar que ninguna tecnología, por extraordinaria que sea, puede sustituir el juicio moral de una sociedad.
Porque el futuro no dependerá únicamente de cuán inteligentes lleguen a ser las máquinas.
Dependerá, sobre todo, de que los seres humanos no dejemos de serlo.
Porque la inteligencia artificial podrá transformar el mundo, pero la responsabilidad de decidir qué mundo queremos construir seguirá siendo exclusivamente humana.
