Se rompe el corredor naranja
DE PRIMERA MANO
Por Omar Zúñiga
El inminente desafuero de Bertín Bravo Moreno no es un incidente aislado; pone en jaque la única franja territorial donde Movimiento Ciudadano tenía, hasta hoy, un control real rumbo a 2027.
La política no es, va siendo.
Pocas frases resumen mejor lo que está a punto de ocurrirle a Movimiento Ciudadano en la zona centro-costa de Veracruz.
Todo indica que el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Moreno, es inminente y no se trata de un trámite administrativo menor: la Carpeta de Investigación que le armó la FGE y que lo tiene en la mira es por el desaparición forzada de personas, con un empresario como víctima.
Cuando la imputación alcanza ese nivel, el desafuero deja de ser una posibilidad política y se convierte en una consecuencia casi mecánica.
Lo que está en juego no es sólo el futuro personal de Bravo Moreno, es la arquitectura completa del mentado “corredor naranja”, esa franja que comprende de Úrsulo Galván a La Antigua (Cardel), pasa por Puente Nacional y Paso de Ovejas, y llega hasta Jalcomulco.
Cinco municipios, cinco presidencias municipales emanadas de Movimiento Ciudadano, y un denominador común: todas ellas, de una u otra forma, están ligadas políticamente a Bertín Bravo.
La más visible de esas conexiones es la de Bibiana “Bibi” Báez, alcaldesa de Puente Nacional, su ahijada política.
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Todo ese entramado no se construyó por generación espontánea.
Fue, durante buena parte de su gestación, obra del diputado federal y delegado federal de su partido en Veracruz Sergio Gil al frente del movimiento naranja, una de las pocas zonas del estado donde el partido logró consolidar una base territorial capaz de proyectarse hacia 2027.
Y es justamente ese capital el que hoy corre el riesgo de esfumarse.
Porque a la crisis de Úrsulo Galván se suma un segundo frente, el también anunciado desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, otro edil emecista que enfrenta un proceso similar.
Dos desafueros simultáneos, en un partido cuya dirigencia estatal —encabezada por Luis Carbonell de la Hoz— no destaca precisamente por su capacidad de operación política ni por su alcance para contener crisis de esta magnitud.
No es una opinión gratuita: es la lectura que hoy circula entre los propios cuadros naranjas, inquietos por la ausencia de un liderazgo capaz de blindar lo construido.
El resultado de esa combinación —un corredor territorial entero amenazado y una dirigencia estatal sin el peso suficiente para contener el daño— es una ecuación que cambia de manera diametral la perspectiva de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027.
Lo que hasta hace unas semanas se leía como una de las pocas fortalezas reales del partido en Veracruz, hoy se lee como su principal vulnerabilidad.
Y como dicen que aclarando amanece, esto no es una campaña de desprestigio ni una construcción mediática.
Los elementos son reales, verificables, y avanzan con independencia de cualquier interés partidista externo.
La desaparición forzada de personas es uno de los delitos que el sistema de justicia mexicano trata con mayor severidad, y ningún fuero constitucional está diseñado para blindar a quien enfrenta una imputación de esa naturaleza.
Movimiento Ciudadano tiene, a partir de aquí, un problema que trasciende lo jurídico.
Tiene que decidir si defiende a un alcalde imputado por un delito grave arriesgando el poco capital político que le queda en la región, o si corta por lo sano y acepta el costo de perder, de un plumazo, el control de ese corredor tan importante para ellos cinco y que hasta hoy parecían garantizados, también electoralmente.
Cualquiera de las dos rutas tiene un precio.
Y en política, como en la vida, no pagar tampoco evade consecuencias.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
