Crisis agrícola golpea la economía de los municipios de Sinaloa: COUC
Agustín Espinoza advirtió que la falta de rentabilidad en el campo ya reduce el consumo, el empleo y la inversión en las regiones agrícolas.
Culiacán, Sinaloa, martes 11 de agosto de 2026.– La crisis de rentabilidad agrícola en Sinaloa ya no termina en las parcelas, sino que comienza a extenderse hacia talleres, comercios, transportistas, prestadores de servicios y empleos, advirtió Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en el estado.
El dirigente señaló que el deterioro de una de las principales actividades productivas de Sinaloa debe considerarse al analizar la disminución de la actividad económica y de los ingresos en los municipios.
Aclaró que sería irresponsable atribuir exclusivamente a la crisis agrícola la reducción de los ingresos municipales, pues también intervienen factores fiscales, económicos y presupuestarios. Sin embargo, sostuvo que no puede ignorarse el peso de la agricultura en buena parte de las regiones sinaloenses.
“Cuando al productor le va mal, el problema no termina en la parcela, ahí comienza”, afirmó Espinoza Laguna.
La crisis agrícola se extiende fuera de las parcelas
Explicó que, cuando un productor pierde dinero, reduce la compra de maquinaria, pospone la renovación de implementos, contrata menos servicios y limita la adquisición de refacciones e insumos. También enfrenta mayores dificultades para pagar créditos y cumplir los compromisos asumidos durante el ciclo agrícola.
Este efecto alcanza rápidamente a talleres, refaccionarias, transportistas, comercios y prestadores de servicios. La menor actividad genera menos empleo, reduce el consumo de las familias y frena la inversión en los municipios agrícolas.
Por ello, Espinoza Laguna consideró que la rentabilidad del campo debe dejar de verse como un asunto exclusivo de los productores y comenzar a entenderse como un tema de desarrollo regional.
“Cuando al campo le va bien se mueve la economía de toda la región; cuando al campo le va mal, tarde o temprano, la cuenta termina llegando a todos”, expresó.
Cada hectárea moviliza una cadena económica
El secretario general de la COUC explicó que una hectárea sembrada representa mucho más que el valor final de la cosecha.
Antes de producir una tonelada, el agricultor compra semillas, fertilizantes, agroquímicos y combustible. Además, contrata maquinaria, técnicos, jornaleros, transporte y otros servicios, y en muchos casos recurre al financiamiento.
Después de la cosecha, la actividad continúa mediante la movilización, el almacenamiento, la comercialización y la transformación de los productos.
Cuando cientos de miles de hectáreas entran simultáneamente en producción, esa derrama económica alcanza prácticamente a todos los sectores de los municipios agrícolas. El problema surge cuando, después de movilizar toda esa cadena, el productor vende por debajo de sus costos o termina con una utilidad insuficiente para continuar operando.
“Ese modelo no puede sostenerse indefinidamente”, advirtió.
Piden evaluar el costo de perder rentabilidad agrícola
Espinoza Laguna propuso cambiar la manera en que se analiza el apoyo al campo. En lugar de preguntar solamente cuánto le costará al gobierno respaldar a los productores, planteó medir cuánto le cuesta a la economía permitir que la agricultura deje de ser rentable.
La pérdida de rentabilidad, señaló, disminuye la superficie sembrada, destruye empleos, reduce el consumo, frena la inversión y pone en riesgo a pequeños negocios vinculados con la producción.
Este costo económico pocas veces aparece de manera directa en las discusiones presupuestarias, a pesar del efecto multiplicador que genera el campo.
Por ello, propuso que los recursos destinados a comercialización, coberturas, financiamiento y administración de riesgos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 no sean considerados únicamente como gasto público.
Cuando están correctamente diseñados, explicó, estos instrumentos pueden proteger una actividad que produce alimentos y genera empleo, inversión, consumo y recaudación.
Recursos para el campo deben medirse por sus resultados
El dirigente aclaró que la propuesta no busca que el gobierno sustituya al mercado ni que garantice utilidades sin considerar la productividad y la eficiencia. Lo que plantea es una intervención pública cuando existan desequilibrios que concentren prácticamente todo el riesgo en quien produce.
El agricultor compra insumos y contrata financiamiento a precios de mercado, además de enfrentar riesgos climáticos y productivos. Sin embargo, al momento de vender dispone de una capacidad limitada para determinar el precio de su cosecha.
Espinoza Laguna propuso que los programas agrícolas sean evaluados por su retorno económico y social: cuánto empleo conservan, cuánta superficie mantienen en producción, cuánta inversión privada movilizan y cuánto consumo generan en los municipios.
También planteó que los gobiernos federal, estatal y municipales, junto con las organizaciones de productores, elaboren indicadores para conocer cuánto genera una hectárea sembrada alrededor de sí misma y cuánto pierde una región cuando esa superficie deja de producir.
“El productor sinaloense no está pidiendo que el gobierno lo mantenga; está pidiendo condiciones para trabajar, producir, competir y obtener una rentabilidad razonable para el capital y el patrimonio que arriesga cada ciclo”, concluyó.
Con información de Revista Comentarios
