La mandataria estatal, dijo que no cuenta con información detallada sobre los citatorios ni sobre las investigaciones

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Productores citados a la FGR atenderán el procedimiento correspondiente. / Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Mario Núñez

Culiacán, Sin.- La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar el rumbo del proceso iniciado contra 20 productores agrícolas relacionados con protestas y toma de casetas.

La mandataria estatal, indicó que no cuenta con información detallada sobre los citatorios ni sobre las investigaciones, aunque aseguró que se dará seguimiento al caso y que la información correspondiente será comunicada conforme avance el procedimiento.

Bonilla Valverde, sostuvo que la toma de casetas constituye una acción ilegal, debido a que durante estas protestas se permite el paso de vehículos a cambio de solicitar dinero a los usuarios.

“Ellos han estado tomando las casetas, eso es algo que no es legal, es algo que no se debe de hacer porque eso está solicitando dinero a la ciudadanía, no es algo correcto”, manifestó.

Los citatorios están relacionados con las movilizaciones realizadas por productores agrícolas, entre ellas la protesta registrada en la caseta de Costa Rica, donde los manifestantes reclamaron pagos pendientes y mejores condiciones para el sector.

Por su parte, Martín Lim, representante de Campesinos Unidos de Sinaloa, consideró que los llamados de la FGR representan un acto de intimidación contra los productores, al señalar que su participación en la protesta fue de carácter pacífico y tuvo como objetivo exigir el cumplimiento de sus derechos.

El dirigente indicó que los agricultores están dispuestos a atender el procedimiento y responder ante las autoridades, aunque rechazó que se les responsabilice directamente por posibles daños derivados de las movilizaciones.

Mientras los productores cuestionan la actuación de la autoridad federal, el Gobierno estatal mantiene su postura de que corresponde exclusivamente a la FGR determinar si existen responsabilidades y las acciones legales que procedan.

Con información de El Sol de Sinaloa

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