Ciudad de México / Sinaloa, 21 de agosto de 2026. — Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró este viernes que el Cártel de Sinaloa “trafica drogas letales a Estados Unidos y es una organización terrorista designada que no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos”.
La declaración se dio en respuesta a consultas de medios sobre el regreso de Rubén Rocha Moya a sus funciones como gobernador de Sinaloa. El vocero no se refirió de manera directa al mandatario ni anunció medidas específicas por parte de Washington, según reportes de Reuters y medios mexicanos.
Rocha Moya anunció este viernes su retorno al cargo tras 112 días de licencia temporal, que solicitó el 1 de mayo de 2026. En un mensaje en redes sociales, aseguró que regresa “con la frente limpia y en alto” y que, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), no existen elementos de prueba que sustenten su participación en conducta penal alguna conforme al marco legal mexicano. El gobernador ha rechazado de forma categórica las acusaciones estadounidenses, calificándolas de falsas y con motivaciones políticas.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa (entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil). Se les imputa conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de armas y, en algunos casos, otros delitos, por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según la fiscalía estadounidense, el grupo criminal habría apoyado la elección de Rocha Moya en 2021 a cambio de protección y facilidades para el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
Rocha Moya es el primer gobernador mexicano en funciones acusado formalmente por la justicia de Estados Unidos en este contexto. El Cártel de Sinaloa está designado por Washington como organización terrorista extranjera. Las autoridades mexicanas han mantenido abiertas investigaciones relacionadas, aunque el gobernador sostiene que no se hallaron pruebas en su contra.
La declaración del Departamento de Estado reitera la postura estadounidense sobre la dependencia del cártel de redes de corrupción, sin detallar acciones concretas ante el regreso del mandatario a su cargo, que concluye el 31 de octubre de 2027.

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